Actualmente los gobiernos, a todos los niveles, están surfeando sobre una ola de revolución digital que tiene como principal objetivo poner al ciudadano en el centro para que pueda relacionarse con las instituciones públicas de la manera más eficiente y transparente. ¿De qué se trata dicha revolución? Se ha definido como GovTech y es la utilización de distintas tecnologías conocidas como SMACIT (por sus siglas en inglés: redes sociales, movilidad, analítica de datos, computación en la nube e internet de las cosas), para automatizar completamente las operaciones de las instituciones y utilizar estratégicamente la tecnología de la información para obtener ventajas competitivas en el sector público.

Este artículo aborda tres grandes desafíos de la digitalización del sector público y la importancia de la comunicación política en todo el proceso de cambio. El primer desafío es el escenario necesario para la implantación del GovTech, se trata de conseguir una gobernanza; segundo, la nueva interacción entre gobernantes, administraciones y contribuyentes, que inevitablemente ha cambiado con la inclusión de la tecnología en la vida de la gente; y, por último, pero no menos importante, la formación del personal que trabaja en nuevos puestos de trabajo necesarios para la implantación digital, además, de la formación de los ciudadanos en esta temática.

GovTech es la utilización de distintas tecnologías para automatizar completamente las operaciones de las instituciones públicas

Primer desafío: gobernanza

Uno de los grandes retos del siglo XXI es la colaboración entre el sector público y privado para generar soluciones en los servicios a los ciudadanos. Una zona neutral para esta colaboración es el GovTech ya que es el terreno donde sector público y privado conviven para el desarrollo de productos que mejoren “los servicios públicos (salud, educación, movilidad), la gestión administrativa (registros, toma de decisiones, agilización de procesos), la infraestructura pública (wifi público, drones o sensores para la conectividad en las calles), o a la participación política de la ciudadanía (procesos electorales, toma de decisiones de política pública, comunicación con las instituciones, organización social, etc.)” (Ortiz, 2018). Por ende, el GovTech brinda el escenario perfecto para el desarrollo de la gobernanza (proceso de toma de decisiones y su implementación, o no, donde intervienen diferentes actores, formales e informales de la sociedad de los distintos sectores público, privado y tercer sector).

La colaboración entre ambos sectores es difícil actualmente, sobre todo porque la lógica de las empresas tecnológicas y startups basada en deci siones rápidas, experimentación e interacción con­tinua, choca frontalmente con la lógica del s­ector público donde priman los largos ciclos para la contratación, poca flexibilidad legislativa y la lentitud en la toma de decisiones. A pesar de estos inconvenientes, existen varios casos dignos de mencionar como estudios de éxito que han sabido vencer las barreras impuestas desde hace varios años y que alrededor del mundo se han convertido en ejemplos, incluso, con características que pueden ser replicadas en otros países.

El GovTech brinda el escenario perfecto para el desarrollo de la gobernanza

Lo primero para implementar una cultura de GovTech de relación permanente con el sector privado es tener una estructura con suficiente autonomía para hacerlo. Un ejemplo en este sentido es lo que se ha llamado D9 o los nueve digitales, una red de las naciones más avanzadas del mundo (en este ámbito) con el objetivo compartido de aprovechar la tecnología y nuevas formas de trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos. Los D9 son Canadá, Corea del Sur, Estonia, Israel, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido y Uruguay, países que han implementado unidades de transformación digital en el centro de gobierno, con presupuesto y poder político para impulsar y desarrollar una nueva cultura tecnológica en el diseño de servicios (Ortiz, 2018). Curiosamente son los mismos países que resultan pioneros en el ranking del Open Data Barometer ya que rinden cuentas de las decisiones que toman, las políticas que desarrollan y el dinero que se presupuesta y gasta.

Segundo desafío: interacción entre gobierno y ciudadanía

No basta con que exista relación entre las organizaciones del sector público y privado, la cultura de GovTech debe contemplar que cada interacción del ciudadano con las instituciones genere satisfacción en el usuario y confianza en el sector público.

El mejor trámite es el que no hay que hacer; así piensan gran parte de las personas que han padecido una burocracia larga y compleja. Un dato que evidencia la situación de retraso en la tramitación son las 5,4 horas que necesita cualquier ciudadano de Latinoamérica para completar una gestión, cuando además el 25 % de las mismas requieren más de tres viajes a la entidad pública. A esta lentitud se le suma la interacción directa con cargos públicos que aumentan las probabilidades de corrupción en alguna fase de la gestión; por ejemplo, otro dato alarmante es que tres de cada diez latinoamericanos reconocen haber pagado algún tipo de soborno para poder completar un trámite público (Santiso, 2018).

Los D9 han implementado unidades de transformación digital en el centro de gobierno, con presupuesto y poder político para impulsar y desarrollar una nueva cultura tecnológica en el diseño de servicios

Para que la interacción entre gobierno y ciudadanía fluya, primero, las gestiones se deben diseñar según la experiencia de los ciudadanos, adaptándose a sus canales de información y comunicación. Como bien lo especifican los autores del libro El fin del trámite eterno, se requiere de cinco acciones: 1) construir los cimientos del gobierno digital para poner trámites en línea (incluyendo la interoperabilidad, la firma digital, la identidad digital, las notificaciones electrónicas y los pagos electrónicos, entre otros elementos); 2) hacer que el acceso en línea sea fácil para usuarios con distintos niveles de capacidad digital; 3) garantizar que funcionen desde cualquier dispositivo, incluidos los teléfonos celurares; 4) expandir los programas de alfabetización digital y de atención al usuario y 5) ofrecer métodos de pago que no dependan de una cuenta bancaria (por ejemplo, pagos a través de teléfonos móviles).

Uno de los requerimientos para simplificar las gestiones que realizan los ciudadanos en las instituciones públicas, es recopilar la información de diferentes entidades públicas para que no sea el ciudadano quien tenga que, constantemente, proporcionar datos que deberían compartirse entre instituciones públicas. Al igual que la información de los ciudadanos debe estar interconectada, la gestión de requerimientos y reclamos también; es lo que se llama centrales de atención que brindan personalización de los servicios y, a su vez, aportan comodidad al contribuyente con la reducción, en tiempo y forma, de los trámites burocráticos. Algunos ejemplos son:

El sistema de centro de llamadas 311 de la Ciudad de Nueva York es un modelo de simplificación en la provisión de servicios, ya que establece un canal único de comunicación entre los ciudadanos y el gobierno local para el tratamiento de toda clase de atención pública de la ciudad. Los operadores del centro de llamadas 311 registran una solicitud o un reclamo, se genera automáticamente una orden de trabajo para el organismo responsable; de esta forma, los neoyorkinos no tienen que pensar en cuál es la agencia o división responsable, el sistema centralizado 311 se hace cargo y deriva la solicitud correspondiente. Los ciudadanos se pueden poner en contacto mediante una llamada telefónica, mensajes de texto, correo electrónico y redes sociales; y, pueden darle seguimiento en línea del progreso de su solicitud.

Uno de los requerimientos para simplificar las gestiones que realizan los ciudadanos en las instituciones públicas, es la interconectividad: recopilar la información de diferentes entidades públicas

Otro caso de éxito en la simplificación de la atención pública y voluntad política de innovación en la administración es Minwon24, un portal de servicios públicos en línea del Gobierno de Corea del Sur que ofrece a sus ciudadanos servicios electrónicos 24 horas, todos los días de la semana. Se expiden certificados, licencias de conducir, transacciones bancarias, pago de impuestos, pago de servicios educativos, procesos de contratación de personal, entre otros, alcanzando los 43 tipos de documentos y cerca de 3.000 tipos de servicios disponibles “cuando y donde sea” para mejorar el acceso y la comodidad de los servicios públicos y disminuir los gastos. Las principales amenazas que tuvo que vencer la plataforma Minwon24 fueron la simplificación de los trámites y la integración de la información dispersa de cada una de las entidades gubernamentales (no siempre aliadas al cambio), en una sola ubicación. Casos parecidos los encontramos en Australia y Canadá con el Centrelink y Service Canada respectivamente y en América Latina los avances de Chile, Colombia, Brasil y México.

Tercer desafío: formación en tecnología

Por otra parte, si la tecnología va a ser el centro de la gestión pública, quienes gestionan e implementan las políticas públicas relacionadas con la tecnología deben tener conocimientos en diseño y desarrollo digital, mientras que los expertos en tecnologías como la inteligencia artificial, manejo de drones o el blockchain tienen que ser parte de los cuerpos administrativos del Estado, o por lo menos, tienen que colaborar con ellos. Por ejemplo, en el plan de actuaciones de prevención y lucha contra los incendios forestales del Gobierno de España. A este proyecto se han destinado cuatro vehículos aéreos no tripulados (RPAS), conocidos como drones, entre las 73 aeronaves; su objetivo es vigilar en la noche ya que mientras que el resto de la flota (helicópteros, aviones y avionetas) no pueden volar una vez puesto el sol por motivos de seguridad, los drones pueden servir de “ojos en la oscuridad” y, además, cuestan 80 veces menos que un helicóptero. Sin embargo, para la implementación de esta decisión, se necesitan personas que conozcan el manejo de drones, la tecnología aplicada a la geografía de las zonas a vigilar y, obviamente, del mantenimiento de estas herramientas.

Dada la urgencia y dimensión de este desafío son necesarias estrategias integrales que aprovechen las innovaciones que están surgiendo en la oferta de formación, desde los cursos masivos (MOOCs) hasta el uso de realidad virtual y aumentada para entrenamiento técnico, pasando por una oferta de cursos que ayudan a la actualización y adquisición de habilidades en la fuerza laboral provistos por nuevos actores como Udacity, L’Ecole 42 o General Assembly, sin olvidarnos de que la formación universitaria no debe permanecer al margen de estas transformaciones; de hecho, la oferta de formación en GovTech empieza a ser demandada con muy poca oferta.

Como parte de la formación es interna y otra externa, hay que contar con talento en innovación y tecnología en el gobierno. Pero también se deben considerar las brechas de conectividad, alfabetización digital e inclusión financiera, entre otras, que obligan al sector público a avanzar un poco más lento porque hay que dedicar tiempo a formar a los ciudadanos. La primera medida es facilitar el acceso a los trámites digitales, tal y como se mencionó anteriormente, mediante la expansión de programas de alfabetización digital (incluida la enseñanza básica de competencias y capacitación en el uso de servicios digitales en puntos de atención presencial) y la atención al usuario (por ejemplo, a través de chatbots digitales).

Facilitar el acceso a los trámites digitales mediante la expansión de programas de alfabetización digital y de atención al usuario

La comunicación política en el GovTech

El principal reto es conseguir, de manera real y efectiva, que la administración mejore el nivel de servicio a la ciudadanía y eleve su calidad de vida a través de la tecnología. La comunicación jugará un papel decisivo en esta cuestión, ya que la situación plantea un desafío importante (presenta riesgos e inseguridad), además de suponer una gran oportunidad. Por ello, cómo se expliquen los proyectos, su implementación y la participación de la ciudadanía en esta revolución tecnológica de la gestión pública determinará quiénes fracasen o acierten en su intento de liderar el cambio. Los que finalmente acierten tendrán la responsabilidad de ejecutarlo correctamente, ante una ciudadanía expectante por la posible mejora, pero escéptica en cuanto a su confianza en la administración.

Los principales riesgos son la seguridad de los entornos y la protección de los ciudadanos. En materia de seguridad preocupan: robos por ciberdelincuencia, ciberterrorismo, y garantía en la comunicación y en la información, entre otros; y en la protección de la ciudadanía: respeto a la intimidad, protección de datos, garantía de uso responsable y adecuado de la información, y defensa de los menores, principalmente. En todos ellos, algunos más y los que surgirán, la administración deberá invertir en estar vigilante y trabajar de forma distinta a la actual. Aun así, estamos ante un desafío importante, ya que los ciudadanos requieren estos servicios, y en muchos casos los necesitan, teniendo en cuenta que desconocemos muchos de los beneficios que se obtendrán en el servicio con una correcta aplicación de las nuevas posibilidades tecnológicas. Esto supone que los gobiernos no deben quedarse atrás con respecto al sector privado, y tampoco al margen de las tendencias colaborativas sobre las que finalmente se ve obligado a legislar.

Ante los riesgos y los desafíos, el Gov­Tech plantea una gran oportunidad, la de recuperar la confianza perdida en la administración pública gracias a las nuevas posibilidades que se presentan. El viejo concepto no va a cambiar, pero sí se puede superar creando uno nuevo basado en la tecnología, gracias a ella se proporciona un servicio de calidad, eficiente y transparente. Para ello, los políticos se enfrentarán a otro gran reto, el de liderar este cambio, que requiere de planteamientos a largo plazo basados en el compromiso y alejados de intereses personales y partidistas, con el objetivo de liderar en el sector público la transformación que vivimos, y seguiremos viviendo, con el desarrollo tecnológico. Estamos ante la oportunidad de volver a elevar el debate político, de recuperar el marco intelectual en la gobernanza y discutir temas de verdadera importancia, en vez de conflictos artificiales creados para fines personalistas.

Cómo se expliquen los proyectos, su implementación y la participación de la ciudadanía en esta revolución tecnológica de la gestión pública determinará quiénes fracasen o acierten en su intento de liderar el cambio

La herramienta que permitirá, en primer lugar, posibilitar el cambio que el GovTech generará mejorando la calidad de vida de las personas será la comunicación política. ¿Aprovecharán nuestros representantes esta nueva oportunidad?

Bibliografía

Ortiz, I. (15 de noviembre de 2018) “Gov­Tech: Cuando emprendedores y gobiernos se unen para mejorar la vida a los ciudadanos» [Blog Post]. Gobernarte. Recuperado de https://blogs.iadb.org/gobernarte/2018/11/15/govtech-cuando-emprendedores-y-gobiernos-se-unen-para-mejorar-la-vida-a-los-ciudadanos/

Santiso, C. (29 de agosto de 2018) “La nueva economía de los datos: El gobierno digital como política de Estado» [Blog Post]. Gobernarte. Recuperado de https://blogs.iadb.org/gobernarte/2018/08/29/gobierno-digital-como-politica-de-estado/

Roseth, B.; Farias, P.; Porrua, M.; Peña, N.; Reyes, A.; Acevedo, S.; Villalba, H. Estevez, E. y Lejarraga, S. (2018). El fin del trámite eterno: Ciudadanos, burocracia y gobierno digital. Documento electrónico: 10.18235/0001150.

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Uno de los principales requisitos para que el desempeño de una actividad u oficio pueda ser considerado una profesión reside en la existencia de una formación académica reglada que garantice la adquisición de conocimientos y habilidades específicas. En ese sentido, no podremos dar por concluida la profesionalización de la comunicación política hasta que no se produzca dicha realidad en nuestro campo.

Por ello, este artículo analiza los planes de estudio de los grados de Periodismo que ofrecen las universidades españolas y, más específicamente, las guías docentes de las asignaturas vinculadas a la comunicación política, con el objetivo de conocer ya no solo cuál es el nivel de implantación de esta materia sino también qué parámetros priman desde el punto de vista formal y del contenido.

Antes de nada, se hace preciso tomar en consideración dos referencias contextuales que inciden notablemente sobre el objeto de estudio. Por una parte, las estadísticas de ocupación de los periodistas que, como refleja el Informe de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) de 2015, recogen el auge de la comunicación corporativa como destino laboral del 43% de estos profesionales (y, más concretamente, el 21,1% que desempeñan sus funciones en “partido político, institución y ONG”) .

Por la otra, el diseño de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), planteado en el Libro Blanco de los Estudios de Comunicación hace ya una década, contempla para los titulados en Periodismo dos perfiles profesionales muy relacionados con la comunicación política: redactor o responsable de prensa o comunicación institucional; e investigador, docente o consultor de comunicación (figura en auge en nuestro campo).

Sombras

Ante esta situación, la primera sombra se observa al detectar que solo se pueden aprender este tipo de contenidos en poco más de la mitad de los 38 grados de Periodismo españoles. En concreto, el mapa universitario nacional incluye asignaturas de este tipo a lo largo de 21 grados, lo que implica que los periodistas españoles salidos del resto de facultades de nuestro país (un significativo 44,7% de los centros) no habrán cursado, con total seguridad, formación específica alguna en comunicación política.

Si a este factor se le añade la elevada opcionalidad con la que se incluyen estas asignaturas en los planes de estudio (circunstancia que se produce en dos de cada tres casos), se incrementa notablemente la probabilidad de que los periodistas culminen sus estudios sin haber recibido formación en comunicación política. De hecho, el análisis conjunto de ambas variables (la presencia o ausencia de materias de este tipo y la consideración que se les asigna de obligatorias u optativas) nos permite concluir que solo los egresados de uno de cada cinco grados de Periodismo en España habrán tenido que cursar con total certeza alguna asignatura específica de esta área.

En cuanto al perfil de los centros donde se imparten, no se constatan diferencias significativas según su titularidad pública o privada, si bien las universidades sostenidas con fondos públicos parecen mostrar una mayor inclinación a la hora de incorporar estos contenidos, ya que el 57,1% de las facultades públicas cuentan con al menos una materia en comunicación política frente al 42,9% de las entidades privadas. Estas cifras suponen que en torno a un 60% de los grados públicos de Periodismo españoles incluyen programas de este tipo, frente al 50% de los de las universidades privadas.

Tampoco se registran variaciones reseñables en lo relativo a la carga lectiva que tienen asignada, ya que al 75% de las asignaturas de comunicación política les han sido otorgados seis créditos ECTS (European Credit Transfer System), lo que implica un trabajo del alumno de entre 150 y 180 horas, a razón de 25 ó 30 horas por crédito computado. El 25% restante se corresponde con materias con menor peso académico: 4,5 créditos (8,3%), cuatro créditos (4,2%) y tres créditos (12,5%).

También se comprueba una fuerte hegemonía si aludimos a la ubicación de este tipo de asignaturas en el itinerario formativo, ya que la tendencia es claramente a aparecer al final de los planes de estudios de los grados de Periodismo: el 91,8% de ellas han de cursarse forzosamente en el segundo ciclo y, más específicamente, el 50% de ellas solo se ofrecen en el último curso. Paralelamente, hay que añadir que en este último curso se pueden estudiar también el 21% de las asignaturas previstas para el segundo ciclo y otra que se plantea para segundo, tercero y cuarto cursos.

En cuanto a la denominación que reciben, predominan aquellas con la designación genérica “Comunicación Política” (45,8% de los casos), condición que permite un amplísimo abanico de posibilidades a la hora de elaborar el temario. Por el contrario, en otras ocasiones esta variedad se restringe al vincularla a otras disciplinas o ramas específicas: ocurre con la asociación con la opinión pública (16,7%) o con el ámbito electoral (20,8%), mientras que en el resto de opciones el nombre hace referencia a otras cuestiones, como la esfera territorial (“Comunicación Política Internacional”), el componente estratégico (“Communication Strategy in Politics”), el refuerzo de la relación entre la información y la comunicación (“Información y Comunicación Política”) o la orientación al campo institucional (“Comunicación Política e Institucional”).

Como es lógico, esta diversidad de enfoques encierra una heterogeneidad programática que impide el establecimiento de una taxonomía temática en la medida en que las coincidencias son relativas. No en vano, las concepciones de estas asignaturas varían sensiblemente desde las que se orientan fundamentalmente a una visión histórica de la disciplina hasta las que se vinculan estrechamente a aspectos como la opinión pública, pasando por las que se vertebran en torno a una aproximación sincrónica.

Todo ello nos genera el siguiente “retrato robot” de las asignaturas de comunicación política en los grados de Periodismo españoles: aparecen con mayor frecuencia en universidades públicas, casi siempre en el segundo ciclo de sus planes de estudios, con una carga lectiva habitual de 6 ECTS, mayoritariamente presentan la consideración de optativas y su denominación más repetida es la genérica “Comunicación Política”.

Paralelamente, también hemos realizado una aproximación prospectiva a las guías docentes de las asignaturas de la rama de la comunicación corporativa, institucional, empresarial y organizacional, con la finalidad de apreciar si brindan un tratamiento diferenciado a la Comunicación Política. Sin embargo, solo cuatro de los 33 documentos que hemos podido abordar contemplan al menos un tema específicamente consagrado a nuestra disciplina: sucede en los casos de las materias “Información Institucional” (Universidad Carlos III), “Comunicación Empresarial e Institucional” (Universidad Camilo José Cela), “Comunicación Comercial, Corporativa e Institucional” (Universidad del País Vasco) y “Dirección de la Comunicación Pública” (Universidad del País Vasco).

Por otra parte, no deja de resultar llamativo el parámetro del departamento al que se adscriben los profesores de estas asignaturas, ya que en ningún caso hemos podido detectar uno específico de Comunicación Política. Si bien es cierto que en la Universidad de Navarra se indica la pertenencia de los docentes al área de Comunicación Pública, en el resto de ocasiones proceden de otras variopintas: Filología Catalana y Comunicación, Ciencias Sociales y Humanas, Periodismo o Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación, por citar solo algunos ejemplos.

Luces

Sin embargo, frente a estas sombras también alumbran algunos claros, especialmente procedentes de los niveles educativos superiores. Así, el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recoge siete programas de máster con las palabras clave “Comunicación Política” (aunque inicialmente figuran nueve, uno de ellos está duplicado y otro en fase de extinción), fundamentalmente en centros privados – al contrario de lo que acontecía en la etapa de grado – y con programas igualmente caracterizados por la heterogeneidad programática. Sirva como ejemplo de ello que algunos conceden gran peso específico al marketing aplicado, mientras que otros lo obvian; algunos se concentran en la ciencia política, mientras que otros no incluyen contenidos al respecto; y algunos atienden a la comunicación electoral, mientras que otros la ignoran por completo.

Otro elemento que invita al optimismo es la implantación de un programa de Doctorado en este ámbito. Tomando como referencia nuevamente la base de datos del RUCT, el Consejo de Ministros aprobó en su sesión del 12 de marzo de 2010 la creación del Programa Oficial de Doctorado en Política, Comunicación y Cultura en la Universidad Complutense de Madrid, lo cual no es óbice para que en numerosas ocasiones la producción de tesis doctorales se haya continuado realizando al amparo de otros programas menos especializados.

Asimismo, se han ido dando pasos que arrojan luz sobre este escenario, con menciones como la de Comunicación Institucional en el grado de Periodismo de la Universidad Camilo José Cela, alcanzable después de superar cuatro materias; con títulos como el de experto en Comunicación y Marketing Político en la Universidad Cardenal Herrera CEU, que el alumno obtiene tras cursar 14 asignaturas especializadas; o, ya en los albores del curso académico 2016-2017, el diseño de la mención en Comunicación Política y Corporativa, con cinco materias específicas, en el recientemente creado grado en Comunicación de la Universidad Camilo José Cela.

Conclusión

En síntesis, el panorama universitario español dibuja un escenario en el que los esfuerzos por dotar a los periodistas de educación específica en comunicación política se centran, fundamentalmente, en etapas educativas posteriores (máster y doctorado) en las que no se adentran todos los egresados en Periodismo. Para paliar esta situación convendría, además de reducir la opcionalidad con la que se presentan actualmente estos contenidos, implementar más horas de formación, bien en forma de más asignaturas propias o bien incorporando la comunicación política como tema en el seno de alguna de las materias consignadas a la comunicación corporativa.

Solo así estaremos en condiciones de garantizar que los periodistas españoles cuentan con una base académica sólida a la hora de desempeñar su trabajo en el ámbito de la comunicación política, de modo que la Universidad responda no solo a las demandas laborales recogidas en los sucesivos informes de la APM sino también a las exigencias que la propia ANECA ha planteado hace una década al respecto.

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1 A estas cifras cabría añadir un porcentaje nada despreciable de quienes aseguran trabajar en una “empresa pública” (13,2%), un organismo de la administración pública (24,2%) y una agencia de comunicación (10%). Se añade esta puntualización porque las fronteras entre la comunicación política y la pública-institucional no siempre se preservan en la práctica al no guardar las distancias procedimentales por la que aboga la teoría; y, por otro lado, porque la frecuencia con que los partidos políticos recurren a agencias de comunicación también sugiere que estos profesionales habrán tomado contacto con la comunicación política.

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