EL 15 de enero del presente año se publicaba la “Cuarta Ronda de Evaluación” que atendía a la prevención de la corrupción en relación con los miembros del Parlamento, jueces y fiscales.

En este informe se reconocen importantes avances realizados por el Parlamento español en la transparencia del proceso legislativo y en la rendición de cuentas de los parlamentarios. Sin embargo, como conclusión del documento, urge a las autoridades a restaurar la confianza en las instituciones políticas y judiciales y plantea 11 recomendaciones a España para mejorar la independencia institucional, cuyo cumplimiento será evaluado en el segundo semestre de 2015. Las principales son las siguientes:

En cuanto a los miembros del Parlamento, para diputados y senadores solicita que se desarrolle un código de conducta de fácil acceso para el público que incluya orientaciones sobre cuestiones éticas y prevención de conflictos de intereses, regalos y otros beneficios, y que se complemente con medidas prácticas para su aplicación así como actividades de formación y asesoramiento. También solicita que se introduzcan normas que regulen la relación entre los miembros de las Cámaras y los grupos de presión que tratan de influir en el proceso legislativo. Así como que se tomen medidas adecuadas para garantizar su control eficaz.

En cuanto a los jueces, recomienda que se lleve a cabo una nueva evaluación del marco legislativo que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real percibida con el fin de corregir las deficiencias existentes y exhorta a España a adoptar un código de conducta, de fácil acceso público para los jueces. Asimismo, recomienda que la ley que rige el nombramiento de los rangos más altos de la judicatura (presidentes de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales) establezca criterios objetivos de independencia, imparcialidad y transparencia.

En lo relativo al nombramiento de fiscales, el Greco pide a España que reconsidere el método de selección y el tiempo de permanencia en el cargo de los miembros de la Fiscalía General del Estado y que aumente la transparencia de los canales de comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno. Asimismo, el informe requiere a España a estudiar nuevas formas de proporcionar mayor autonomía en la gestión de los medios al servicio de la fiscalía y pide que las autoridades desarrollen un marco legislativo específico sobre las cuestiones disciplinarias del Ministerio Público con garantías de imparcialidad y eficacia.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) se constituyó en 1999 en el ámbito del Consejo de Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupción adoptadas en la Organización, con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra la corrupción mediante un procedimiento de evaluación y de seguimiento de las prácticas adoptadas en cada caso. En la actualidad, GRECO está integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU).

La entrada El Consejo de Europa, a través del Informe GRECO, urge a las autoridades españolas a restaurar la confianza en las instituciones políticas y judiciales se publicó primero en ACOP | Asociación de Comunicación Política.

El pasado 11 de julio, GRECO publicaba el “Segundo Informe de Cumplimiento en España”, dentro de la “Tercera Ronda de Evaluación” (la primera fue en 2000, la segunda en 2003 y la tercera se iniciaba en 2007). Este segundo informe evaluaba las medidas adoptadas por las autoridades españolas desde la aprobación del último informe de cumplimiento con respecto a las recomendaciones emitidas por GRECO. De las quince recomendaciones había todavía nueve que no se habían aplicado o se habían implementado parcialmente:
– En el Tema I de “Acusaciones”, GRECO recomienda aclarar el concepto de funcionario público extranjero en relación a la corrup­ción activa de funcionarios extranjeros y de organizaciones internacionales, así como criminalizar el soborno pasivo.

– Revisar el artículo 422 del Código Penal en lo referente al sobor­no de jurados y árbitros para asegurar su penalización en línea con el Protocolo Adicional al Convenio Penal sobre la Corrup­ción.

– Criminalizar el soborno y abuso de autoridad en el sector privado de conformidad con los artículos 7 y 8 del Convenio de Derecho Penal sobre Corrupción.

– Criminalizar el tráfico de influencias activo como delito principal.

– En el Tema II de “Transparencia en la Financiación de partidos”, GRECO recomienda tomar medidas adecuadas para garantizar que los préstamos concedidos a los partidos políticos no se utilicen para eludir las regulaciones de financiación política de­biendo no sólo revelar las condiciones de los mismos al Tribunal de Cuentas y Banco de España sino publicar los detalles en sus respectivas páginas web.

– Adoptar medidas para aumentar la transparencia de los ingresos y gastos de los partidos políticos a nivel local y entidades relacionadas o bajo el control de partidos políticos (donaciones a fundaciones, por ejemplo). GRECO reconoce que todavía queda mucho por hacer para garantizar la transparencia de las cuentas de los partidos a nivel local, ámbito más propicio a la corrupción.

– Establecer un formato común para las cuentas con el fin de garantizar que la información sea coherente y comparable en la mayor medida posible tanto en el tiempo como entre partidos.

– Mejorar el sistema de auditoría interna de los partidos políticos con el fin de garantizar la independencia de este tipo de controles. GRECO recuerda que la ley no sólo requiere la presentación de los informes de auditoría de los partidos al Tribunal de Cuentas, sino también la obligación de los partidos de implementar mecanismos de control interno, debiéndose establecer dispositivos sancionadores si no se cumplen estos requisitos.

– Definir las infracciones de las normas de financiación de los partidos e introducir sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ampliando la gama sancionadora disponible tanto al ámbito de aplicación como a todas las personas o entidades incluidos donantes individuales.

A modo de cierre, concluye el informe alentando a las autoridades españolas a que difundan esta información y a que presten más atención a la dimensión de la corrupción, especialmente en el ámbito del tráfico de influencias, la transpa­rencia en la financiación de los partidos políticos, sobre todo a nivel local, así como establecer mecanismos de control interno y reforzar el régimen sancionador.

Éstas recomendaciones coinciden con el último Barómetro Global sobre la Corrupción (2013) realizado por la ONG Transparencia Internacional en el que señalan que la percepción de los españoles sobre la corrupción afecta mayoritariamente a los partidos políticos (4,4 sobre 5) y al Parlamento (3,9).

La entrada El Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO ) recomienda a España mejorar la transparencia y aumentar los controles sobre la financiación de los partidos se publicó primero en ACOP | Asociación de Comunicación Política.