«La búsqueda de la igualdad y la equidad es hoy un tema sin ideología política»

Por Gabriela Ortega @gabrielaortegaj Subdirectora de La Revista de ACOP y Ana Ortiz Estudiante de periodismo y, protocolo y organización de eventos en la UCJC

Directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tiene un Ph.D. en Ciencias Políticas (Florida International University) y una Maestría en Relaciones Internacionales (University of South Florida). Tiene diversas publicaciones en temas de democracia, derechos humanos, equidad e inclusión social en las Américas, y durante los últimos quince años, se ha destacado por su experiencia laboral y participación en múltiples misiones políticas de la OEA.

Actualmente dirige el Departamento de Inclusión Social de la OEA, que está adscrito a la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de esta Organización. ¿Podría decirles a nuestros lectores cuáles son las funciones más destacadas de este departamento? ¿Qué temas aborda y por qué es importante trabajar por la inclusión social?

En esencia, el trabajo del departamento, creado apenas en 2015, es en servicio a los 34 Estados miembros de la OEA a fin de traducir sus compromisos en materia de derechos humanos en políticas públicas que permitan el goce cotidiano de esos derechos por toda la ciudadanía. Somos el brazo político y técnico para operativizar la visión del actual Secretario General, Luis Almagro, de llevar “más derechos para más personas.”

Priorizamos el trabajo en tres áreas:
1) apoyo en materia de desarrollo social, reducción de la pobreza e inequidad, y en particular, la realización de los derechos económicos y sociales de la gente, 2) apoyo para generar más inclusión social de las personas indígenas, afrodescendientes, LGBTI, personas con discapacidad, entre otros, y 3) apoyo en materia de migración y refugio, dos fenómenos que son, cada vez más, parte esencial de la agenda regional.

Desde mi perspectiva, es clave que los países de la región prioricen el trabajo en la inclusión porque impacta directamente en el apoyo de la ciudadanía a la democracia. En efecto, mientras más inequidad y exclusión, más desencanto con la democracia, y sus líderes e instituciones políticas. Esto es algo que tiene que preocuparnos.

Como usted bien dice en alguna de sus entrevistas, la agenda social no solo es relevante en el proceso de las etapas electorales y candidaturas, sino que es parte de las acciones de los gobiernos electos. ¿Cuál sería un buen ejemplo de gestión de la agenda social en gobierno?

El haber venido del área política de la OEA, y haber tenido la experiencia observando elecciones, me permitió dimensionar la importancia de la agenda social en los países de las Américas. Eran los temas recurrentes en cada campaña electoral, de país a país. Hoy el abordaje que le doy a estos temas es diferente. Una vez electos, desde la OEA también acompañamos a los países en el diseño e implementación de políticas sociales.

Mientras más inequidad y exclusión, más desencanto con la democracia, y sus líderes e instituciones políticas. Esto es algo que tiene que preocuparnos

La mejor gestión social es aquella basada en un enfoque de derechos humanos, con una visión no asistencialista, sino que conciba a la ciudadanía como sujeto de derechos. Esta política social tiene que medirse por medio de indicadores estructurales, de proceso y de resultados. Debe asegurar reformas estructurales a través de la aprobación de instrumentos jurídicos internacionales y marcos legales para facilitar la realización de derechos humanos; debe asegurar la implementación de procesos, con la calidad y magnitud adecuada, para implementar derechos (planes, programas, políticas específicas), y debe asegurar que los resultados reflejan logros, individuales y colectivos, que indican el estado de realización de un derecho humano en el determinado contexto.

Los grupos más vulnerables suelen ser también invisibles para la mayoría de la población, ¿cómo potenciar la “mediatización” de estos grupos?

Es muy importante crear concientización de los temas sociales, y en particular, de la situación de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto permite poner luz en las brechas de exclusión y en materia de ejercicio de sus derechos que aún persisten. Solo identificando las brechas, se pueden diseñar estrategias para revertirlas. Esta mediatización se logra teniendo líderes comprometidos con la agenda social, y dispuestos a visibilizar estas historias, usando, por ejemplo, las redes sociales que están demostrando ser un excelente mecanismo para este fin.

Tenemos entendido que, en vista de la importancia de los temas de migración y refugiados, últimamente su Organización ha dedicado un mayor esfuerzo. ¿Qué trabajo se está realizando? ¿Podría destacar algunos progresos realizados?

La agenda en materia de migración y refugio ha estado siempre presente en los trabajos de los países miembros de la OEA; somos por definición un continente integrado y la migración extra e intra-regional siempre ha sido el común denominador. Sin embargo, recientemente como resultado de la discusión global para el Pacto Global de Migración y el Pacto Global de Refugiados, y de la emergencia de nuevos sistemas migratorios como el de venezolanos, y el de nicaragüenses como resultado de las crisis en esos países, estos temas están tomando muchísima fuerza. Está también entre las prioridades de trabajo del Secretario General de la OEA.

Desde la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, estamos trabajando con el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) de la ONU en atender las necesidades de protección de personas de los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Para el caso de migrantes y refugiados venezolanos, estamos planteando una agenda regional de trabajo enfocada en la regularización de la condición migratoria, inclusión laboral y prevención de la informalidad, combate a la xenofobia y discriminación, y finalmente, la armonización de condiciones de llegada de los venezolanos de forma tal que aquel país que brinde las condiciones de apertura más favorable no termine asumiendo la mayoría de la carga.

A propósito del tema de la migración y la situación de crisis en la que se encuentra su país, miles de venezolanos han tenido que migrar a distintos países, una de las propuestas planteadas es la apertura de un canal humanitario. ¿Qué implicaría éste? ¿Hay alguna posibilidad para poder llevarlo a cabo?

El canal humanitario o el corredor humanitario, cualquiera que sea posible implementar, tiene necesariamente que atender las consecuencias de la profunda crisis humanitaria en Venezuela, específicamente enfocando con urgencia las brechas en materia de salud y alimentación, especialmente entre los más vulnerables como los niños y niñas. Mientras que el canal humanitario dirigiría ayuda directamente a Venezuela, el corredor humanitario la dirigiría a los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos usando las fronteras como un espacio privilegiado para gestionar este apoyo, coordinando directamente con gobiernos locales. En ambos casos se precisa una decisión de los gobiernos para aceptar la ayuda, y al menos a nivel del corredor humanitario ya está habiendo progresos.

Como venezolana ¿cómo vive usted este tema?

El tema de los migrantes y refugiados venezolanos me toca cerca. Las historias de familias separadas, de los que por horas caminan de sus ciudades de origen a otros países de la región, el llamado “fenómeno de los caminantes” de los profesionales que llegan con títulos universitarios y no pueden ejercer, de todos los migrantes venezolanos sin condiciones materiales para tener una vida digna a su llegada a los países de destino, de los venezolanos discriminados o que son objeto de situaciones de xenofobia. Todo esto me mueve incansablemente a seguir trabajando desde lo institucional, y desde lo personal, por generar soluciones y respuestas para tanta gente necesitada de mi país. Lo veo como mi manera de servir a Venezuela, estando fuera.

Usted habla de construir una ciudadanía no solo desde la perspectiva de los derechos políticos sino desde la perspectiva de los derechos civiles y los derechos sociales; lo que implica: apuntar políticas públicas a nivel de las escuelas. Realmente, ¿cree que, trabajando desde la educación, desde los movimientos sociales, desde la defensa de igualdad de género, se puede conseguir una transformación, teniendo en cuenta que los dirigentes son los que tienen la última palabra?

Creo que el abordaje tiene que ser multidimensional. Es importante trabajar en la educación, pero es igual de importante generar esas transformaciones en las estructuras, a través de legislación, políticas públicas y programas con ese objetivo. Pensarlo aisladamente no sería estratégico. En el discurso importa la educación, la defensa de la igualdad de género, etc., pero es igualmente importante hacerlo a través de cambios estructurales, que solo nuestros líderes políticos están en capacidad de dirigir.

En el discurso importa la educación, la defensa de la igualdad de género, etc., pero es igualmente importante hacerlo a través de cambios estructurales, que solo nuestros líderes políticos están en capacidad de dirigir

¿Qué solución propone a una mejora en las políticas públicas a nivel educacional, que como bien dice usted, es el ámbito natural de trabajo de los Estados?

Las políticas educativas han tenido una mejora cualitativa importante en la región, con inversiones en infraestructura y en formación docente comparativamente mucho más avanzadas que en otras regiones en desarrollo. Sin embargo, es imperativo atender la desigualdad educativa, sobre todo desde la edad temprana de niños y niñas.
Las claves de una mejora están en la atención integral atendiendo todos los ámbitos: el familiar, el educativo, el de la comunidad. Así se hace importante trabajar en la formación de padres, en garantizar la seguridad alimentaria de la niñez, en continuar fortaleciendo la profesión docente, entre otras cosas.

Tenemos que pasar de esa representación simbólica a una sustantiva para que todos puedan gozar de todos sus derechos civiles, políticos, y también los económicos y sociales

Considerando que Bolivia tiene un presidente indígena, Ecuador un presidente con discapacidad y Argentina, Chile y Brasil, presidentas mujeres, ¿se ha logrado la visibilidad de los grupos considerados vulnerables?

Sin duda estos son buenos signos de que aceptamos y celebramos la diversidad. La región ha avanzado en la inclusión de las personas indígenas o con discapacidad, pero ellos, con los afrodescendientes, están preponderantemente representados entre los pobres, entre los subempleados y desempleados, entre los que tienen acceso limitado a las escuelas y servicios de salud. Tenemos que pasar de esa representación simbólica a una sustantiva para que todos puedan gozar de todos sus derechos civiles, políticos, y también los económicos y sociales. En cuanto a la participación de mujeres, ha habido progresos, pero falta mucho por hacer, desde cambiar los estereotipos de género que continúan limitando las oportunidades de niñas y mujeres y de niños y hombres también, hasta garantizar una representación 50-50 de hombres y mujeres en todos los espacios de la vida pública.

Con la corriente ideológica de izquierdas que se apoderó de ciertos países de Latinoamérica a partir de comienzos del siglo XXI, entramos en una dinámica diferente; donde se supone que iban a reinar las políticas públicas. ¿Cómo cree usted que han afectado estas corrientes al desarrollo de la igualdad y la equidad en todo el territorio?

La búsqueda de la igualdad y la equidad es hoy un tema sin ideología política. Países con gobiernos de derecha o de izquierda han venido priorizando la inclusión social, y la reducción de los niveles de inequidad en la región (la más desigual del planeta), como políticas de estado. Para muestra de este consenso está la Declaración de Asunción de 2004 en la que los países de la región deciden impulsar políticas públicas intersectoriales de inclusión social con miras a fortalecer el respeto de los derechos humanos, una mayor inclusión y combatir la discriminación. El debate y los esfuerzos por mayor igualdad y mayor equidad llegaron para quedarse; los costos de una regresión son muy altos para los gobiernos de la región.

¿Cómo fomentar la utilización de la comunicación política como herramienta que potencie la difusión de políticas públicas de inclusión social?

Cambiando el lenguaje. No solo las políticas públicas (en su concepción e implementación) deben ser inclusivas, también debe serlo el cómo se comunican los objetivos, y resultados de estas políticas. En otras palabras, la comunicación política debe ser una herramienta para democratizar el acceso a la información sobre estas políticas porque las poblaciones en situación de vulnerabilidad y exclusión son las principales beneficiarias. De nada sirve gobernar bien si se comunica mal.

La comunicación política debe ser una herramienta para democratizar el acceso a la información sobre estas políticas […]. De nada sirve gobernar bien si se comunica mal

Sabiendo cómo se desarrolla la imagen de la mujer y su posición social en las últimas décadas, algo que ha sembrado el debate en Europa, ¿cómo posicionaría usted la situación actual de la mujer en América Latina?

Uno de los logros más importantes en los últimos años ha sido el haber movido un poco la balanza en favor de la equidad de género. El derecho de las mujeres a votar es hoy la norma en todos los países de las Américas, y los marcos legales también garantizan su derecho a ser electas. Después de los países nórdicos, tenemos la mayor representación de mujeres en los Congresos, y prácticamente todos los países de nuestra región han adoptado alguna reforma legal para implementar la cuota o la paridad, algunos incluso ya han legislado por el financiamiento político dirigido a candidaturas femeninas. Aunque en 2018 solo tenemos dos mujeres dirigiendo el destino de su país (Trinidad y Tobago, y Barbados), hemos ya tenido un número de mujeres como jefas de estado en países latinoamericanos.

Después de los países nórdicos, (como región) tenemos la mayor representación de mujeres en los Congresos

¿Qué serie de políticas cree usted que podrían desarrollar las instituciones públicas para mejorar este posicionamiento?

Además de las medidas de acción afirmativa, aquellas que buscan asegurar que las mujeres sean incluidas en la oferta que los partidos políticos hacen al electorado, es decir, medidas como las cuotas o la paridad. Es vital movernos hacia medidas de segunda generación enfocadas en nivelar el piso de competencia de las candidatas a través del financiamiento dirigido para candidaturas de mujeres, y democratizando el acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones, entre otras cosas. Es decir, paridad en la oferta, paridad en las condiciones para la competencia.

Por último, ¿nos podría decir cuáles son las diferencias en el tratamiento de la inclusión social entre Latinoamérica y Europa?

El compromiso con la inclusión social es seguramente el mismo: prioridad de estado. Sin embargo, a diferencia de Europa donde con frecuencia se enfoca el tema desde la óptica de la medición de la pobreza, privación y vulnerabilidad, medidas por el ingreso; en América Latina y en la OEA, especialmente con la administración del Secretario General Almagro, el enfoque es multidimensional. Esto implica una mirada desde el ingreso por día que tiene una persona, pero también requiere una mirada a las situaciones de exclusión y discriminación que emergen por características inherentes del ser humano: edad, sexo, identidad u orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, que con frecuencia limita el pleno goce de los derechos de estas personas. Esto es un enfoque innovador que la OEA viene impulsando recientemente.

** Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.

La entrada Entrevista a Betilde Muñoz-Pogossian se publicó primero en ACOP | Asociación de Comunicación Política.

Que abran paso los gobiernos del mundo con tareas pendientes sobre la igualdad en sus sociedades: una nueva primera ministra está llamando a la puerta. Y lo hace con una fórmula definitiva para cerrar la brecha salarial. La rojiverde Katrin Jakobsdóttir quiere convertir a Islandia en el país más igualitario del mundo. Y para ello cuenta con una profunda convicción, voluntad política y herramientas tan poderosas como el presupuesto y la legislación.

El ariete de su flamante mandato ha sido la puesta en marcha de una ley que prohíbe que los hombres puedan cobrar más que las mujeres en trabajos de la misma responsabilidad y categoría. Esta norma, pionera en el mundo, elimina la discriminación no solo por razón de género sino también de etnia, nacionalidad o sexualidad, y afecta a 1.200 organismos públicos y compañías privadas de más de 25 empleados, que deberán enfrentarse a sanciones económicas si no se ajustan a la paridad salarial. El 80 % de la fuerza laboral islandesa -unos 150.000 trabajadores- se verá beneficiado por esta rotunda iniciativa que supone un coste para las empresas de entre el 0,1 % y el 0,3 %. El impacto de la medida desbarata la tibieza de leyes anteriores en las que se contemplaba la igualdad salarial, pero al tiempo se desatendía la realidad del país nórdico donde las mujeres cobran una media del 17,5 % menos que los hombres.

Con iniciativas como la de Jakobsdóttir, Islandia se mantiene por noveno año consecutivo a la cabeza de los países más igualitarios del planeta, según el Informe Global de la Brecha de Género que elabora el Foro Económzundial. Pero para la primera ministra éste es solo el inicio de un largo camino plagado de tantos logros pasados como retos futuros, en pos de la igualdad. La propia Jakobsdóttir ya manifestó en su toma de posesión que convertirse en la segunda mujer que encabeza el gobierno islandés en toda su historia no es algo de lo que presumir, sino una absoluta falta de equidad ya que ella debería haber sido, según sus palabras, al menos la decimoquinta. “Para rectificar esta injusticia tendría que haber otras quince primeras ministras después de mí”, manifestó.

Antes de que esta política ecologista, pacifista y feminista de 42 años ostentase la jefatura del gobierno islandés, otra mujer, Jóhanna Siguroardóttir lo logró en el año 2009. Estaba casada con otra mujer, tenía dos hijos, y fue la primera jefa de gobierno del mundo perteneciente al colectivo LGTB+. Asumió un mandato provisional para suceder al dimitido Geir Haarde, que se mantuvo hasta las elecciones de 2013.
Ambas han seguido los pasos de Vigdis Finnbogadottir, una madre soltera que fue elegida presidenta de Islandia en 1980, cuando las jefas de Estado designadas por las urnas eran una curiosa excepción. La BBC cuenta en un artículo que los islandeses estaban tan acostumbrados a ver a esta exprofesora como mandataria, que cuando se anunció por televisión que Ronald Reagan ocuparía la Casa Blanca, un niño le dijo a su madre: “Ese señor no puede ser el presidente, ¡es un hombre!”.

Pero no solo Islandia ha demostrado ser una nación pionera por ser el primer gobierno en tener a una lesbiana a su frente en 2009, y ahora a una ecologista. También demuestra ser un ejemplo mundial al tratarse del único país donde se ha juzgado a sus políticos por la crisis financiera de 2008 y en el que sus ciudadanos se han negado a cargar con las deudas de los bancos. Estas valientes decisiones están respaldadas por un activismo femenino que se remonta a 1850 cuando esta pequeña isla fulminó el sistema de los derechos de herencia y los convirtió en igualitarios para hombres y mujeres.

La carrera por la igualdad superó otra meta en 1915 cuando las mujeres pudieron votar, cinco años antes que en los Estados Unidos, y volvió a escribir otro hito en la historia cuando las islandesas dejaron sus puestos de trabajo en octubre de 2017 para exigir la eliminación de la brecha salarial. Estas tímidas conquistas sociales han conseguido presionar a los gobiernos y han convertido a Islandia en el único país que ha revertido el 70 por ciento de sus diferencias de género.

La popularidad de la primera ministra comenzó a germinar en 2009 cuando ocupó el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, hasta el año 2013. Desde esa atalaya, Katrin Jakobsdóttir aumentó el presupuesto para convertir cualquier manifestación artística en una oportunidad de empleo y de creación de riqueza. Gracias a aquella medida, Islandia es unos de los países que mayor número de ilustradores aporta al mercado de los videojuegos, y más escritores al mercado literario. Además, un 80 % de los jóvenes de esta pequeña isla norteña estudian solfeo y tocan un instrumento. A día de hoy, la cultura es la principal fuente de ingresos del país, solo por detrás de la exportación de bacalao.

EL PROGRAMA DE KATRIN JAKOBSDÓTTIR

Jakobsdóttir se convirtió en la primera ministra de Islandia -y en la líder europea más joven- el pasado mes de octubre tras unas elecciones anticipadas y una coalición con el conservador Partido de la Independencia que no se había visto desde después de la II Guerra Mundial. Ese acuerdo de gobierno también ha incluido al Partido Progresista (centro), en un tripartito donde, a priori, no hay sintonía ideológica. Una de las piedras de choque más evidente está en la fiscalidad, ya que los rojiverdes liderados por la primera ministra pretenden aumentar los impuestos a los más ricos mientras que sus socios de la derecha propugnan lo contrario.

Con todo, Jakobsdóttir rehúye de la confrontación y busca el consenso. Así, ha cedido al Partido de la Independencia las carteras de Economía; Pesca, Agricultura e Industria; Innovación y Turismo, y Exteriores. A sus socios de gobierno del Partido Progresista les ha adjudicado Transporte y Gobierno Local, y Educación y Bienestar Social. Los ministerios de Sanidad y Medio Ambiente se quedan en manos de los rojiverdes, en un parlamento de 63 escaños donde el gobierno está muy fragmentado: 16 escaños son del Partido de la Independencia, once rojiverdes y ocho progresistas.

Este panorama no va a facilitar el cumplimiento del programa electoral de la primera ministra islandesa que, si bien está sobre todo respaldado por los votantes de 18 a 29 años y por las mujeres, contiene puntos tan polémicos como la nacionalización de sectores tan estratégicos como el de la electricidad o la industria pesquera. También pretende redactar una nueva Constitución cuya base sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la que se incluyan las propuestas que ya hicieron los ciudadanos en el año 2010 y que cayeron en saco roto cuando el anterior gobierno las consideró demasiado “radicales”. Ahora se ha propuesto volver a recoger esas sugerencias que los islandeses pueden enviar incluso a través de las redes sociales.

Otras promesas electorales que Ja­kobsdóttir está decidida a cumplir a pesar de sus socios de gobierno pasan por el desarrollo de las áreas rurales del país, el control del turismo (este país tiene 330.000 habitantes y en 2017 recibió 1,7 millones de turistas), el acogimiento de un mayor número de refugiados, aumentar el gasto público en educación, transporte y salud, e ir más allá de los Acuerdos de París reduciendo la huella ecológica con cero emisiones de carbono en el año 2040. Además, es contraria a la pertenencia de Islandia a la OTAN, lo que choca frontalmente con sus nuevos socios del tripartito.

En materia de igualdad, el partido rojiverde insistirá en una mayor participación de las mujeres en el parlamento -en la actualidad ellas suponen el 48 % de los representantes electos- y en la educación en igualdad con el refuerzo de medidas como las licencias compartidas de paternidad y la eliminación de la brecha salarial.

En su afán por defender los derechos humanos, el parlamento islandés acaba de chocar con la iglesia judía y musulmana. Plantean convertirse en el primer país de Europa que prohíba la circuncisión, salvo por motivos de salud. El proyecto de ley compara esta práctica con la mutilación genital femenina y propone penas de hasta seis años de prisión para quien la practique, si no es por razones médicas. El gobierno de Jakobsdóttir considera que los derechos del niño están por encima de las creencias religiosas de sus padres, y que se debería llevar a cabo la circuncisión cuando el propio individuo tenga edad para decidirlo. La promotora de esta iniciativa, Silja Dögg Gunnarsdóttir, del Partido Progresista, subraya además el peligro de este procedimiento que se lleva a cabo en hogares “que no son estériles, y por parte de líderes religiosos que no son médicos”.

Las comunidades judías y musulmanas consideran que se está pisoteando su libertad religiosa y que si finalmente se prohíbe la circuncisión en Islandia, esta práctica pasará a la clandestinidad o las minorías religiosas viajarán a países donde sí esté permitido. El presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor afirma que este intento de erradicar la circuncisión procede de la ignorancia y que en realidad se trata “de enviar un mensaje de que los judíos ya no son bienvenidos en Islandia”.

La circuncisión ha sido motivo de acalorados debates en otros países europeos. En 2012 Alemania determinó que esta práctica solo podría llevarse a cabo por parte de profesionales de la medicina o expertos capacitados, mientras que los médicos en Dinamarca consideraron en 2016 que las circuncisiones eran “éticamente inaceptables” cuando se realizaban en niños por debajo de la mayoría de edad.

Frente a esta postura, la Academia Estadounidense de Pediatría concluyó en 2012 que la circuncisión masculina en el recién nacido previene enfermedades como herpes genital o cáncer, de manera que la decisión final debe dejarse a los padres y su contexto social o religioso.

ISLANDIA EN FEMENINO

En el país de las auroras boreales la baja después del nacimiento de un hijo es de nueve meses. Pero, contrariamente a países como España donde es la madre la que asume el cuidado de los hijos, en Islandia padre y madre han de acogerse de manera obligatoria a una baja de tres meses cada uno. Los tres meses restantes se negociarán entre ellos. De este modo no solo se obliga a los hombres a compartir el cuidado de sus retoños sino que elimina la discriminación en las empresas a la hora de contratar a mujeres en edad fértil, porque ellas no asumen toda la baja por maternidad.

Detrás de medidas como esta hay una larga historia de lucha reivindicativa ganada a pulso por las islandesas.

Antes del advenimiento del cristianismo en el año 1000, las mujeres en Islandia eran comerciantes, médicas, diosas o sacerdotisas, que disfrutaban del respeto en la sociedad. Después, dioses y diosas fueron reemplazados por un solo Dios, y las mujeres ya no tenían derecho a votar ni a formar parte del parlamento más antiguo del mundo, que data del año 930. Pero, lejos de conformarse con este cambio de estatus, las islandesas comenzaron una lucha que tuvo su primera victoria en 1914 cuando consiguieron el derecho legal a ser sacerdotisas protestantes, aunque este logro no sería real hasta 1974. Ya en 2012 Islandia tuvo a su primera mujer obispo.

En clave política, las primeras mujeres que lograron ser elegidas para el parlamento en 1922 no formaban parte de partidos políticos tradicionales sino de listas de mujeres que, años más tarde, se agruparían en la Alianza de Mujeres, con gran fuerza en la participación política del país. Desde esta plataforma las féminas reclamaban guarderías para niños que les permitiera a ellas adentrarse en el mercado laboral en condiciones de igualdad con los hombres. Esta lucha política contó con un fuerte respaldo social que logró paralizar el país el 24 de octubre de 1975 cuando el 90 % de la población femenina dejó sus puestos de trabajo y sus hogares para echarse a la calle en los que se conoce como el “día libre” de las mujeres. Esa manifestación provocó el cierre de comercios, bancos, oficinas y fábricas y logró que el parlamento aprobase la Gender Equality Act un año después, por la cual se consideró ilegal la discriminación de género en el trabajo y en la escuela.

Pero aún quedaba mucho camino por recorrer en pos de la igualdad salarial, tal y como se puso de manifiesto en las huelgas de 1985, 2005 y 2010 y en un grupo de Facebook irónicamente denominado “Consejos de belleza” en el que se sigue debatiendo sobre cuestiones de género.
Paralelamente y desde el flanco de la educación se han desarrollado programas educativos tan arriesgados como polémicos. El método Hjalli, de la educadora feminista Margret Pala, se asienta en la separación de los alumnos por sexos, la prohibición de utilizar libros de texto y juguetes convencionales y la obligatoriedad de ir al colegio con uniforme. Esta fórmula encontró un buen numero de detractores en los años 80 que se preguntaban por qué segregar a los niños en la escuela cuando en el mundo real conviven juntos, pero hoy en día se aplica en una treintena de escuelas primarias y guarderías y ha sido premiado en multitud de ocasiones. La teoría de Pala es que los niños y niñas se comportan de manera distinta porque atienden a unos roles de su sexo que la sociedad les ha asignado desde la más tierna infancia. Y con la separación en el aula se consigue que las niñas sean más atrevidas e independientes (roles adjudicados a sus compañeros) mientras que ellos aprenden a cuidar de los demás o a llevar ropa de color rosa. “Así, unos y otras obtienen una educación que les compense de lo que no tienen y el otro sexo sí”, explica la ideóloga del método educativo. Cada día se asigna un tiempo para que niños y niñas convivan juntos y se relacionen sin que los pedagogos intervengan en los conflictos de género para que sean los alumnos los que lo solucionen por ellos mismos.

Con medidas adoptadas desde todos los sectores de la sociedad, Islandia va en la buena dirección, según su primera ministra, “pero todavía hay que trabajar mucho para llegar a una igualdad de género perfecta”. Luchar contra la violencia de género y la discriminación será una prioridad del gobierno de Jakobsdóttir, empezando por los partidos políticos y las instituciones de Gobierno.

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