En la historia del Paraguay, así como de varios países, el rol de la mujer se circunscribía al ámbito meramente doméstico y particular, mientras que todo lo relativo al ámbito público era reservado exclusivamente al hombre. Si bien la igualdad entre hombre y mujer, tal como lo consagra nuestra Constitución Nacional de 1992, en cuanto a derechos sociales, políticos, económicos y culturales establece que se promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas. Sin embargo, la no participación de la mujer en la política y por ende, el reconocimiento de su activa participación en la sociedad, tienen su origen en una cultura patriarcal que sigue reinando, aunque en menor proporción, en la actualidad, así como la negación de sus derechos políticos, la baja formación y el currículo de educación que se orientaba a temas exclusivos para niñas, y la dictadura, entre otros, que encegueció el respeto a la libertad como así también los derechos de las mujeres.

La participación plena en la política sigue siendo una deuda que la sociedad paraguaya tiene con el sector femenino. De hecho, esta situación se remonta al período de la colonia como lo han escrito los historiadores paraguayos, y tal es así que recién a principios del siglo XX es cuando los reclamos por el derecho a votar empiezan a ser presentes y toma fuerza el derecho al sufragio para las mujeres.

Es así, que partir del año 1961 es cuando se establece una línea de igualdad entre hombres y mujeres, lo que lleva al Paraguay a ser el último país de América Latina en establecer el derecho al sufragio activo para las mujeres. Esto no implica de hecho, que las mujeres no tenían el derecho al voto, sino más bien, a partir de este año es cuando la presencia de las mujeres se hace más fuerte en lo relacionado al derecho a acceder a los espacios de poder público.

Siguiendo con la historia, posteriormente en el año 1954, se promulga la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, y en 1961 la de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha en que la mujer accede al voto por primera vez en la historia del Paraguay. Esto produjo que las paraguayas puedan acceder al sufragio, por primera vez en las elecciones a partir del año 1963.

En el año 1996, ya en la era democrática con las primeras candidaturas independientes, tras 35 años de dictadura del General Alfredo Stroessner, fue sancionado el Código Electoral, vigente hasta la fecha, donde se establecía una cuota mínima del 20 % de participación de mujeres en las listas de las elecciones internas para diferentes cargos. Es así como se fue produciendo un aumento constante de la presencia de mujeres en los diversos ámbitos del poder público del país, aunque esta participación sigue siendo muy baja, comparativamente con los demás países de la región.

Sin lugar a dudas, la lucha contra la discriminación de género y la contribución femenina para la democratización del Paraguay es una de las más descuidadas y dejadas de lado.

El rol político de las mujeres se construye desde lo patriarcal hacia el protagonismo, y aún perdura esa generación de nuestras madres y abuelas, que así lo sostienen, y pese a los esfuerzos por ganarse un lugar dentro de la política, los resultados siguen siendo débiles en una sociedad que aún no está preparada para confiar los cargos políticos a una mujer. Si bien en las últimas elecciones generales del 2018, el 49 % del padrón electoral nacional, estuvo representada por las mujeres, y de seguirse esta tendencia se tiene la esperanza que las generaciones actuales, harán que puedan cambiarse ese paradigma que ciertos cargos públicos solo están destinados para los hombres.

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La situación que afronta el actual Gobierno de Mario Abdo Benítez, desde el 15 de agosto de 2018 en funciones es, por lo menos, inesperada.

Luego de una década de crecimiento ininterrumpido de la economía paraguaya a una tasa modesta promedio del 4 %, pero creciendo al fin, este nuevo gobierno ha tomado posesión con una situación regional y mundial atípica: la crisis política y económica en Argentina y Brasil y la guerra comercial de EE. UU. y China.

Las previsiones de crecimiento del PIB han sido ajustadas en menos de cinco meses a la baja por el Banco Central disminuyendo de un interesante 4 % a un modesto 3 %.

Más allá del contexto internacional, Mario Abdo Benítez sufre de cuatro problemas principales al interior de su gobierno:

1. Carece de mayoría propia en ambas Cámaras del Congreso lo que le obliga a pactar puntualmente con diferentes fuerzas de acuerdo a la materia a legislar. Recordemos que su grupo político fue conformado principalmente por fuerzas independientes internas de su partido (Partido Colorado) cuyo hilo conductor era la oposición a la pretendida e inconstitucional reelección del expresidente Cartes.
2. La comprometida imagen país respecto al cumplimiento de normas internacionales de lucha contra el lavado de dinero, narcotráfico y crimen trasnacional ha obligado al Gobierno a enviar un paquete de doce leyes recomendadas por el grupo GAFI (Grupo de acción Financiera Internacional del G8), pero este paquete legislativo (enviado ya hace seis meses) tropieza con el inconveniente señalado en el primer punto de la ausencia de una mayoría propia o una alianza de bases sólidas para su tratamiento.
3. La imagen internacional del país, por consiguiente, está sufriendo un deterioro que hasta el momento no ha encontrado en el Gobierno un mecanismo de reacción lo suficientemente profundo y radical para reencausar el manejo económico y la disciplina fiscal, conquistas que ubicaron al país como destino de inversiones en una región agitada por crisis políticas y económicas.
4. La falta de liderazgo para realizar los cambios que necesita el manejo del Estado de manera urgente y señalados en los apartados anteriores, encuentran un cimiento bastante predecible: la ausencia de un proyecto común dentro del mismo partido de Gobierno. El Ejecutivo ha encontrado gobernabilidad en el viejo sistema clientelista, otorgando espacios de poder a las diferentes facciones internas, lo cual a la par de traer incertidumbre al manejo político en general, no ha podido priorizar la transparencia y rendición de cuentas indispensables en todo proceso de saneamiento y transformación de la Administración.

En tales condiciones el camino que debería tomar de manera inmediata el gobierno es un llamado a un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas donde se pueda convenir en reformas que pasen primero por una modificación profunda del sistema financiero y el control de los flujos financieros internacionales, así como en una política de austeridad fiscal que conlleve a una optimización de la calidad del gasto público de manera urgente.

Caso contrario, la estabilidad y la imagen internacional del país se verán comprometidas a futuro.

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