Durante el encuentro se habló de la importancia de los relatos para construir una Unión Europea arraigada en la ciudadanía y de los vaivenes de este proceso. ‘Es interesante ver como los éxitos tradicionalmente se nacionalizan mientras los fracasos se comunitarizan‘ aseguraba Rodrigo, quien a su vez apuntó: ‘ahora percibimos la actualidad de la UE como doméstica, algo impensable hace apenas unos años’.

La cita, que tuvo lugar en la sede de la consultora Weber Shandwick en Madrid, contó con la presencia de periodistas, blogueros y miembros de diferentes organizaciones civiles o vinculadas al sector como el Real Instituto Elcano o la Comisión Europea.

David Redoli, presidente de ACOP insistió en la importancia de ahondar en el aspecto comunicativo para hacer a la ciudadanía consciente de los progresos que representa la Unión Europea y advirtió de la encrucijada en la que la institución se encuentra a causa del calado de los denominados movimientos euroescépticos.
Puedes ver aquí mismo el video de la presentación.

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Juan M. Zafra @prensa14 fue primero subdirector y, desde septiembre de 2014, director de El Molinillo de ACOP. A partir del presente número cede esta responsabilidad para comenzar un nuevo proyecto empresarial. Hizo sus primeros pinitos en el periodismo trabajando en Radiocadena Española –después, Radio Nacional de España–, más tarde en el semanario Mercado y en el diario El País, durante 11 años. Después se ha dedicado a la comunicación corporativa –como jefe de prensa de Retevisión– e institucional –como director de comunicación del plan Avanza para el impulso de la Sociedad de la Información en España– y como asesor del secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de España. Emprendedor y docente -es profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III- nos ofrece su visión personal de cómo entiende la comunicación política.

Por J. Pedro Marfil, Gerente de ACOP

¿Crees que existe un menor interés por la política? ¿Por qué?

En absoluto. La política, como no puede ser de otro modo, es una de las mayores preocupaciones ciudadanas. Existe, no obs­tante, hastío entre la ciudadanía por esa práctica perversa de los políticos de hacer campaña electoral permanente, dando la espalda al diálogo, confrontando siempre con los colectivos y fuerzas políticas que no son afines, buscando la forma de conseguir poder con el único propósito de copar ambiciones personales y no por el bien común. El hastío ha llevado al desapego. Se necesitan nuevos líderes, nuevas formas de hacer política, robustecer la democracia, aplicar la transparencia, dialogar y evidenciar y hacer realidad la voluntad de coo­pe­rar a favor del procomún.

¿Piensas que el marketing está eclipsando las verdaderas políticas?

Si. La POLÍTICA, con mayúsculas, se ha empequeñecido como consecuencia de actitudes tacticistas y las agendas personales de corto plazo. Los programas políticos, los planes de gobierno han dejado paso a una forma de gestionar, si se puede considerar así, al socaire de los acontecimientos, la inmediatez y la resolución de los conflictos que nos genera una sociedad en cambio permanente de manera cortoplacista. Se busca el titular fácil, la foto, el vídeo viral sin hacer el menor esfuerzo por comprender los cambios que nos afectan a largo plazo.

¿Crees que es más importante el esfuerzo que hacen los partidos durante las campañas para comunicar o el que se debería hacer durante la legislatura completa?
Lo importante es que en campaña se comuniquen claramente los programas que se han elaborado, las metas que se preten­den alcanzar a partir de la aplicación de un plan de Gobierno previsto para el caso de que los ciudadanos den su confianza a un partido. Los políticos con ambición personal han desacreditado a sus propios partidos, distorsionando, cuando no tirado directamente a la papelera los programas electorales y hasta los planes de gobierno elaborados. Esa es la razón por la que el grito “no nos representan” se ha alzado. Por eso y porque quienes conquistan el poder abandonan demasiado pronto los comportamientos, las costumbres, que seguían cuando no tenían el mando. No quiero dejar de subrayar que la acción de Gobierno debe perseguir tanto el interés de quienes han votado a la formación que lo sostiene como el de quienes dieron su voto a otras formaciones. Sólo así se cohesiona y progresa una sociedad moderna.
Como experto en comunicación en Internet y redes sociales, ¿consideras que hemos tocado techo en cuanto a su uso e influencia en los electores?

No. Estamos en la prehistoria. Las redes sociales se usan básicamente para el acti­vismo. Aunque ya estamos conociendo buenos ejemplos, el reto está en la participación y la interacción permanente. La fortaleza súbita de nuevas fuerzas políticas como Podemos o Ciudadanos se fundamenta, en buena medida, en que saben sacar partido de la Red, tienen asimilado el concepto de sociedad Red y la importancia de los nodos o círculos.

¿Cómo consideras que está la relación entre investigación y consultoría en comunicación? ¿Puede mejorarse?

Puede mejorarse. ACOP está haciendo un notable esfuerzo para acercar el mundo académico y el profesional. Sinceramente creo que ACOP es una de las iniciativas más exitosas en esa dirección.

Qué papel crees que debe desempeñar una asociación como ACOP en el desa­rrollo del sector.

Promover la profesionalización de la actividad de comunicación política e impulsar, con garantías de rigor y profundidad, la formación de nuevos profesionales y la divulgación de los trabajos académicos y las investigaciones.

¿Qué consideras que una revista como El Molinillo puede aportar a un sector tan transversal como el de la comunicación política?

Difusión. Debe ayudar a consolidar la profesión de comunicador político y también, porque no, poner en evidencia las deficiencias en comunicación de gobiernos, instituciones y partidos. Desgraciadamente en España los políticos se acuerdan de la comunicación cuando son derrotados en elecciones o cuando se enfrentan a una crisis en el Gobierno. Hasta entonces no suelen preocuparse demasiado de eso con lo que tantas veces quieren vendernos la moto: “transparencia, participación y colaboración”.

¿Dónde queda trabajo por hacer?

En la investigación para evitar la impro­visa­ción; en la formación, para evitar el menos­precio y también el amateurismo; y en la convicción, para eliminar prácticas ocul­tistas que perjudican a toda la ciudadanía. Los profesionales de ACOP tienen ahí una oportunidad y diría que una responsabilidad social con el ejercicio de su actividad.

¿Algunas palabras que quieras dirigir a los lectores de El Molinillo?

Gracias. Ha sido una etapa fantástica. Me hubiera gustado seguir al frente de una publicación que gana prestigio con cada nuevo número. Es gracias a las aportaciones de sus colaboradores, al apoyo de la junta directiva de ACOP y a tantos amigos que echaré mucho de menos al final de cada mes cuando llegue la fecha de cierre del número. Estoy muy agradecido y muy orgulloso de haber continuado la labor de mis predecesores. Espero que hayáis disfrutado esta etapa.

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María Rubiños, Consultora Senior en Villafañe y Asociados Consultores y Doctoranda en Comunicación Política por la UCM – @M_rubinosg

La actualidad no da tregua últimamente. Los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS indican que los casos de corrupción que ocupan titulares a diario están minando la paciencia de parte de la ciudadanía española, y que este de­sencanto se está canalizando en un apoyo creciente a nuevas opciones políticas con las que hasta hace poco tiempo nadie contaba.

La corrupción sigue escalando posiciones en el listado de las principales preocupaciones de los españoles que regularmente actualiza el CIS. Hoy su importancia como problema dobla su registro de 1994, una época en la que diferentes escándalos ocupaban también a menudo las portadas. Más datos: en 2013, España cayó diez puestos en el ranking de la ONG Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción oficial, hasta ocupar la posición número 40. España es el segundo gran perdedor de puntos junto a Gambia, Malí, Guinea y Libia. Sólo Siria, sacudida por una cruenta guerra civil, ha perdido más puntos que éstos.

Este punto álgido de visibilidad mediática de la corrupción ha coincidido con la entrada en vigor, el pasado 10 de diciembre, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se trata del primer texto legal en España dedicado íntegramente a una materia en la que otros países nos llevan décadas de ventaja. Algunas incluso siglos: la ley de Acceso a la Información Pública sueca data del año 1766. Su impulsor, el político religioso Anders Chydenius, se inspiró para diseñarla en el Imperial Censorate chino, una institución cuyas principales funciones consistían en “vigilar cuidado­samente al gobierno y a sus funcionarios y exhibir sus incompetencias, sus ineficiencias burocráticas y sus prácticas de co­rrup­­­ci­ón”. El sacerdote sueco quedó muy impresionado por el hecho de que los emperadores chinos se encontraran dispuestos a “admitir sus propias imperfecciones como una prueba de su amor por la verdad y de su rechazo a la ignorancia y la oscuridad”. Así era la China del siglo XVIII.

Volviendo a la España de 2015, la recién estrenada ley fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría como una de las más importantes medidas de regeneración democrática del Gobierno: “Esta ley es un paso humilde en algo que tiene que ser una vocación de todos: una democracia más fuerte. La transparencia hace más fuerte a la democracia”. ¿Pero de verdad se puede esperar tanto de esta Ley?

El modelo sueco

Un vistazo preliminar a diferentes estudios sobre los efectos que las medidas pro-transparencia tienen sobre la con­fianza no aclara el problema, pues conduce a conclusiones diferentes y, en ocasiones, contradictorias. Nos encontramos ante un concepto complejo sobre el que no se pueden establecer alegremente relaciones de causa-efecto. La transpa­rencia encierra además algunas paradojas. Por poner un ejemplo, y volviendo a la pionera Suecia, la ex responsable de la Oficina de Auditoría Nacional, Inga Britt Ahlenius se refería, tras dejar el cargo, a un curioso fenómeno que denominó “archivos vacíos”. Durante sus años al frente de la oficina observó que, pesar de la fuerte cultura pro-transparencia -o precisamente a causa de ella-, las decisiones más relevantes o interesantes no quedaban registradas por escrito, y los asuntos importantes tendían a tratarse de manera oral. Es decir, sin dejar rastro.

Al aproximarse a un concepto con tantas aristas es importante precisar qué entendemos por transparencia y qué es importante al evaluarla. La intuición podría llevarnos a pensar que lo más relevante es la cantidad de información que se libera. Sin embargo, aspectos como quién accede a la información y el formato de ésta tienen un papel esencial en el éxito o fracaso de estas normas. En primer lugar, porque las instituciones transparentes son las que se abren a aquellos que normalmente no tienen acceso a cierta información sobre su funcionamiento interno. Esto, que puede parecer una obviedad, es un punto clave. Se podría pensar que el simple hecho de arrojar luz sobre cómo funciona la administración por dentro podría llevar a un incremento de la vinculación de la ciudadanía con la misma, y por tanto una mayor confianza. Sin embargo, estaríamos dando por hecho que todos los ciudadanos están interesados en tener más información sobre este tipo de temas, que esta información es de verdad relevante para ellos, que cuentan con la formación adecuada para entenderla y que pueden y quieren dedicar energía a obtenerla y contextualizarla. Es decir, los ciudadanos tienen que querer convertirse en participantes activos para que la transparencia cierre su círculo. Y esto es, hoy por hoy, todo un reto.

Otra cuestión fundamental es la forma en la que se presentan los datos: el desafío es convertir en relevante una información que suele de por sí ser bastante árida y difícil de comprender. Nuevamente, no basta sólo con abrir la información; si ésta no alcanza a sus destinatarios (ya sea porque no les interesa o porque no consiguen entenderla) es difícil que este tipo de iniciativas cumplan sus objetivos.

Frente a esto, la cruda realidad es que gran parte de la ciudadanía no está en disposición de investigar sobre cuestiones complejas por sus propios medios -ni, en muchos casos, interesada en hacerlo-, y suelen ser los medios de comunicación quienes, junto a los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil hacen un uso más intensivo de este tipo de canales. Esta ausencia de una ciudadanía verdaderamente activa no se limita al caso español. Un estudio sobre el impacto de la Freedom of Information Act (FOI) en Reino Unido subraya que el escaso uso de la norma por parte de los ciudadanos hace que el papel de los medios sea crucial. Un ejemplo de esto lo hemos podido experimentar recientemente en España, cuando en los días posteriores a la entrada en vigor de la ley muchos medios de comunicación bucearon en el apartado que el recién estrenado portal dedica a los sueldos de los miembros del Gobierno y otros altos cargos, en busca de suculentos titulares.

La ley de Transparencia aprobada por el Gobierno de España con la de Reino Unido puede ser un buen termómetro para medir hasta dónde quiere llegar esta ley, además de permitir aprender de los acier­tos y errores de la norma británica, que está a punto de cumplir diez años en funcionamiento.

En el caso inglés se optó por un modelo en el que cada institución adquiere un compromiso previo sobre qué información publicará y con qué frecuencia. Para la LT se ha preferido ofrecer los datos de forma centralizada a través del denominado Portal de la Transparencia. La información está así disponible en un único sitio web de referencia, mientras que en el caso británico es cada institución la que publica y actualiza sus datos en su web en base a un esquema previo de publicación.

La puesta de largo del portal en España generó una tremenda expectación. Entre sus novedades más positivas encontramos la publicación trimestral de los contratos menores, así como el acceso a una mayor cantidad de documentación legislativa sobre la preparación de anteproyectos y reales decretos. Sin embargo, el margen de mejora es amplio. Muchos documentos no se encuentran en formatos abiertos o reutilizables, lo que complica el tratamiento de los datos e impide que su utilización sea todo lo ágil que podría ser. Además, si se quiere solicitar alguna información que no esté incluida en aquella que las instituciones deben publicar de manera proactiva (la denominada “publicidad activa”), es necesario identificarse mediante DNI o certificado electrónico a través de un proceso que no destaca por su sencillez y que puede hacer desistir a muchos usuarios. En Reino Unido, la persona que quiere realizar una solicitud de información sólo ha de proporcionar su correo electrónico.

En el caso inglés se dedica una gran cantidad de recursos apoyar y monitorizar la implementación de la ley. El Comisario para el Acceso a la Información cuenta con una potente oficina de apoyo que proporciona información y soporte tanto a los ciudadanos que quieran efectuar su derecho de acceso a los datos como a los funcionarios públicos que tengan que facilitarlo. La página web de esta oficina busca informar de manera clara y en un lenguaje comprensible sobre cómo ejercer este derecho a la información.

En el caso español se ha creado la Oficina de la Transparencia, que cuenta con un equipo inicial de ocho personas y ningún coste de funcionamiento, ya que se sufraga gracias a un millón de euros de ahorro en gasto corriente. La Information Commi­ssioner’s Office británica cuenta con 388 trabajadores y su presupuesto en el pasado ejercicio fue de 25 millones de euros.

¿Qué expectativas tienen los funcionarios que van a encargarse de aplicar la ley? ¿Esperan que sea un verdadero revulsivo? Pues decir eso sería demasiado, aunque sí lo consideran un primer paso necesario para empezar a cambiar las cosas. Esa es una de las conclusiones que extraje tras entrevistar a una pequeña muestra de altos funcionarios de la Administración General del Estado con motivo de una investigación sobre la relación entre transparencia y confianza institucional. Los entrevistados no la consideraban la panacea, sino que apuntaban a la necesidad de llevar a cabo una verdadera “re­volución interna” a nivel organizacional dentro de las administraciones públicas. La idea de que para que este tipo de iniciativas funcionen es necesario que además de leyes haya una auténtica “actitud” transparente se repetía en el discurso de los funcionarios.

La LT se aplaudía como primer paso, pero los entrevistados manifestaban cierto escep­ticismo en cuanto a su alcance y potencial real: algunos no la consideraban suficientemente ambiciosa, otros meramente “cosmética”, y a otros les producía incertidumbre respecto a la escasez de recursos disponibles para su aplicación y la sobrecarga de trabajo que podría suponer para unas plantillas mermadas por los ajustes presupuestarios. La partida destinada a “Evaluación de la transparencia de la actividad pública” en los Presupuestos Generales del Estado en 2015 asciende a 1.9 millones de euros, una cantidad que se antoja algo escasa teniendo en cuenta el esfuerzo que supondrá su implemen­tación, que implicará la puesta a punto del sistema de archivos y una reorganización de la información que garantice su traza­bilidad y presentación en formatos reutilizables. Además, los funcionarios deberían conocerla en profundidad y dedicar parte de su tiempo a aplicarla.

Es cierto que en España nace, como han destacado las organizaciones Civio y Acce­s Info Europe, con una timidez que hace dudar de su verdadero alcance. El derecho a la información sigue sin considerarse un derecho fundamental, se mantiene el silencio administrativo negativo, no hay previstas medidas jurídicas de calado para los casos de incumpli­miento, y existen dudas sobre el grado de independencia del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley.

La actual coyuntura podría ayudar sin embargo a forzar por fin un cambio valiente y profundo. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España, se mostraba optimista a este res­pecto en el marco de una jornada sobre transparenci­a organizada por UPyD en el Congreso de los Diputados: “Estamos ante un punto de inflexión; la cantidad de información que reciben los ciudadanos sobre casos de corrupción está dejando poco espacio para la impunidad”. Probablemente en los próximos meses vamos a seguir escuchando hablar de iniciativas para acabar con la opacidad a distintos niveles. Pero en este camino hacia una mayor transpa­rencia no hay que perder de vista que no importa sólo “qué” se hace público, sino “cómo” se revelan estos datos.

Las instituciones han de hacer frente a una ciudadanía desencantada que no suele mostrar demasiado interés por la información que éstas deciden publicar, y que además vive saturada de datos. No se trata por tanto de deslumbrar con toneladas de informacón; se trata de entender previamente qué esperan y qué necesitan quienes van a hacer uso de ella. Abandonar el piloto automático y realizar el ejercicio de ponerse en su piel. La recuperación de la confianza pasa pues por un cambio mucho más profundo, que radica en una nueva forma de acercarse a los ciudadanos que requiere una fuerte voluntad política. La transparencia es sólo una pieza más de este cambio. Necesaria, pero no suficiente.

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Por David Redolí y Juan Manuel Zafra,

1 PERSONAS

Se atisba la necesidad de una nueva cultura política, nuevos lenguajes, nuevos formatos, nuevas capacidades y nuevos liderazgo. Personas, en definitiva, que con determinación acerquen sus propuestas a las demandas rea­les de los ciudadanos. Ni los candidatos ni los gobernantes de los países que quieran jugar un papel protagonista en la escena interna­cional a corto plazo pueden permitirse mantener el desapego que se percibe en Europa entre políticos y ciudadanos. Los liderazgos que han surgido en América Latina son una clara expresión del tiempo nuevo; como lo son también el ascenso de las mujeres a la primera línea de la política internacional (ver el artículo dedicado a Los diez líderes de 2014) y de personalidades jóvenes, pero con trayecto­ria profesional y personal suficiente como para sintonizar con amplios segmentos de la sociedad. Líderes con un lenguaje claro y directo, con experiencia y visión de futuro al mismo tiempo, capaces de integrar distintas líneas de pensamiento en sus propuestas y personalidades en sus equipos, conscientes de las necesidades básicas de la ciudadanía y de las exigencias de sociedades globalizadas. Los ciudadanos, por otro lado, van a demandar una mayor personalización de las propuestas, información y servicios dirigidos específicamente a sus necesidades cotidianas. Aunque ya muy conscientes de la globalización y sus consecuencias van a necesitar respuestas concretas a situaciones muy determinadas. Necesitan sentirse queridos, protegidos. Putin es un referente en ese sentido.

2 EMOCIÓN

Los ciudadanos necesitan recuperar la confian­za en sus políticos y, sobre todo, el sentir colectivo de la política. La caída de valoración de líderes como Barack Obama y, sobre todo, de los mandatarios europeos –Hollande, Renzi, Rajoy…- evidencia hasta qué punto la frialdad con la que se aplican las decisiones pueden llegar a parar el motor de la popularidad y la simpatía ciudadanas. Sin embargo, la emoción aplicada en exceso a la política puede derivar en populismo e incluso en situaciones aún peores. Encontrar la combinación perfecta entre racionalidad y sentimiento será clave para conseguir el refrendo de los ciudadanos en campaña y en el Gobierno. Los acontecimientos vividos en torno a los movimientos independentistas en Catalunya y Escocia, o el ascenso de nuevas formaciones que apelan a propuestas desnudas de una mínima racionalidad frente a la crisis, son prueba del valor creciente del sentimiento frente a la razón. Todo apunta a que la segunda irá perdiendo terreno en 2015 y se van a necesitar buenas dosis de serenidad para no caer en absurdas carreras populistas que no hagan sino acrecentar la decepción de los ciudadanos.

3 DISCURSOS Y METÁFORAS

La irrupción de Podemos en el escenario político español ha demostrado la importancia de la comunicación política. Los líderes de Podemos han manejado a la perfección su participación en programas de televisión (el gran canal de comunicación para la configuración de la opinión pública) y una sobresaliente presencia en las redes sociales. Pero sobre todo, la televisión, su gran canal, que han demostrado dominarlo a la perfección.  Pero gran parte de su éxito reside no sólo en el liderazgo tan eficaz de su joven secretario general, Pablo Iglesias, que combina una excelente formación sociológica y politológica, con un buen discurso político, una estética diferente (aspecto informal), una oratoria bien entrenada y un relato muy nítido: los de abajo frente a los de arriba. Los que decían que los discursos políticos no sirven de nada se han vuelto a equivocar una vez más: los buenos discursos políticos, siguen teniendo la capacidad de movilizar a los ciudadanos. Y muy especialmente cuando se recurre a metáforas de gran potencia comunicativa (casta, régimen, democradura, dictablanda, candado…). Los discursos políticos y las metáforas siguen siendo protagonistas de la política, en cualquier lugar del mundo.

4 VOLUNTARIADO

No se trata ya de reclutar multitudes para movilizar el voto en campañas electorales, sino de lograr que la ciudadanía se sienta protagonista de la política e implicada en las decisiones durante los mandatos.  Partidos y gobiernos se han rendido a la exigencia de transparencia y van a tener que seguir abriendo ámbitos y herramientas de información, pero también de participación y colaboración a los ciudadanos. De ese entorno de gobierno abierto habremos de beneficiarnos todos. El voluntariado está extendido especialmente en Norteamérica y, también, aunque en menor medida en el sur del continente. En Europa, es un reto que los políticos sepan diseñar, articular e implementar actividades y espacios que permitan la participación ciudadana y permitan desa­rrollar un clima de colaboración que consolide la democracia.

5 CAMPAÑAS ELECTORALES CON HOLOGRAMAS

De acuerdo a la Real Academia Española, “la holografía es una técnica fotográfica basada en el empleo de la luz coherente producida por el láser. En la placa fotográfica se impresionan las interferencias causadas por la luz reflejada de un objeto con la luz indirecta. Iluminada, después de revelada, la placa fotográfica con la luz del láser, se forma la imagen tridimensional del objeto original” (fija o en movimiento).  Pues bien, es un hecho que las campañas electorales del futuro más inmediato acabarán recurriendo a esta tecnología. Narendra Modi, primer ministro indio, ya la está utilizando, de hecho, para reproducir algunos de sus discursos. Es más: Modi ya ha realizado más de mil apariciones holográficas en 3D (el primer uso documentado de esta tecnología en una campaña política). La compañía Hologram USA ya tiene capacidad para vender esta tecnología en Estados Unidos, lo que puede suponer una revolución para las campañas electorales, permitiendo a un candidato estar en varios sitios a la vez o hacer “apariciones” estelares compartiendo escenario con Kennedy, con Reagan, con Roosevelt o con Truman, por ejemplo. ¿Veremos la aplicación de esta tecnología en España en 2015 o en Estados Unidos en 2016?

6 TELEPROMPTER

Dos mástiles de algo más de metro y medio, que terminan en dos cristales transpa­rentes inclinados, a ambos lados del orador, formando con él un triángulo equilátero. Básicamente, eso es un teleprompter.  Dos cristales que permiten proyectar los discursos de primeros ministros, de candidatos y líderes sociales y políticos de todo el mundo, con un objetivo: declamar mejor, ser más eficaces y más efectivos durante la lectura de un discurso político. La práctica del uso del teleprompter se está extendiendo a toda velocidad: tanto, que ya la han incorporado también los presidentes de corporaciones y los receptores de honores, premios y home­najes. Como hace poco aseguraba el autor de El poder político en escena, Luis Arroyo “leer en el prompter se está convirtiendo en una práctica comunicativa tan habitual, proporcionalmente, como abrir una cuenta en Twitter o consultar el seguimiento de las noticias en una tableta. Y de efecto mucho más impresionante, tanto en el lado conservador como en el progresista”. Lo cierto es que los líderes que hablan con teleprompter consiguen un efecto espectacular: el orador no mira al papel, sino al público y a las cámaras. La conexión visual directa con la audiencia le permite interpretar mejor su texto. Mejora la entonación, el gestual y el manejo de las pausas. La sensación, naturalmente, es que quien habla improvisa, aunque esté leyendo (no es casual que la palabra “prompter” comparta raíz con el latín impromptus: “sin preparación”). El efecto ante la audiencia es muy bueno, y por eso Barak Obama siempre lo utiliza. Como dice el prestigioso Robert Schlesinger (autor de una excelente historia sobre los escritores de discursos presidenciales en Estados Unidos), el teleprompter es una herramienta más para el político, se trata de un medio técnico más para hacer declaraciones, algo que no es sustancialmente distinto a una hoja de papel, a un micrófono o a un atril.

7 TRANSPARENCIA

En realidad ha dejado de ser un concepto y es ya una realidad en muchos casos. Y cuando no, una exigencia ciudadana a gobiernos, políticos y otros agentes públicos que aún no aplican la transparencia a sus actuaciones. Transparencia es sinónimo de confianza y también de crecimiento. Acostumbrados a moverse en las redes sociales, a compartir, a trabajar cada vez más de forma colaborativa gracias al uso de las tecnologías, los ciudadanos que, con gene­rosidad incluso, ponen a disposición de admi­nistraciones y empresas su información más reservada, exigen de estos reciprocidad en sus actuaciones y no van a dejar pasar ni una cuando se trata de que sus mandatarios y candidatos pongan a disposición de todos sus datos reservados.

8 “POLITAINMENT” (POLÍTICA Y ENTRETENIMIENTO)

En la era del entretenimiento, la sociedad del espectáculo, la política no podía quedarse al margen y ahora ya es habitual la participación de políticos en programas televisivos desenfadados, haciendo “cameos” en series de te­levisión y hasta participando en realities junto a ciudadanos hasta ese momento anónimos o personajes populares. El marke­ting de contenidos que las corporaciones privadas ya han asumido de forma casi ge­neralizada, también será una realidad a corto plazo en las formaciones políticas. Si de la pro­ducción de documentos de reflexión en los think tank hemos pasado a los vídeos virales, ahora es el momento de que los propios partidos produzcan sus propias microseries con la participación de sus líderes, miembros de partidos y hasta artistas invitados. El espacio “West Wing Week” de la Casa Blanca, con su estética al puro estilo “Catch Me If You Can” de Steven Spielberg ha sido sólo el primer paso.

9 BIG DATA

El avance de la tecnología ha abierto las puertas hacia un nuevo enfoque de entendimiento y toma de decisiones en el ámbito político. Así, el llamado big data es utilizado para des­cribir enormes cantidades de datos (estructurados, no estructurados y semi estructurados, en términos de petabytes y exabytes) que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso cargarlos a un base de datos convencional para su análisis. El concepto de big data aplica, así, a toda aquella información que no puede ser analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Durante la última campaña electoral el equipo de Obama cons­truyó una enorme maquinaria para procesar todo tipo de datos, todo tipo de información, con el objetivo de diseñar al milímetro las estrategias del candidato. Pues bien, este gran big data electoral (que responde al principio de “las tres uves” –alta velocidad, alta variabilidad y alto volumen) ya no es una excepción en el ámbito político. Estadísticos como Nate Silver han desarrollado potentes mo­delos de predicción electoral basados en el procesado de millones de datos cruzados, que ayudan eficazmente a tomar decisiones tanto para implementar campañas electo­rales como para ejercer el poder político (esperamos que en beneficio de los ciudadanos, porque ese debe ser el fin último de todo poder público).

10 TECNOPOLÍTICA

En su libro “Tecnopolítica” el consultor Antoni Gutierrez-Rubí subraya que hace apenas unos pocos años Joichi Ito (director del Media Lab del MIT) ya declaraba que en política “las voces serán más importantes que los votos” (dando a entender que en las democracias avanzadas del siglo XXI los votos ya no son suficientes para el ejercicio del poder). Pues bien, todo apunta a que, aunque los votos seguirán siendo la clave para ganar eleccio­nes, por supuesto, las voces lo serán para el ejercicio de la política. Es decir, voces y votos van a tener que ir más de la mano. Se trata, en definitiva de poner la tecnología al servicio de la escucha, al servicio de las voces de los ciudadanos, cada vez más interconectados y participativos a través de las nuevas tecnologías. Aquellos políticos que no dediquen importantes esfuerzos a la escucha activa de las demandas ciudadanas, pueden perder rápidamente la legitimidad que dan los votos. Y muy especialmente ante la irrupción de la llamada “generación millenials” (aquellas personas nacidas entre 1981 y 1995, que en 2025 representarán el 75% de la fuerza laboral de todo el mundo-también conocidos como “generación APPs” o “generación ON”, dado que tres de cada cuatro de ellos utilizan smartphones y están socializados en el manejo y en la comunicación a través de los ecosistemas de las nuevas tecnologías).

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El pasado 11 de julio, GRECO publicaba el “Segundo Informe de Cumplimiento en España”, dentro de la “Tercera Ronda de Evaluación” (la primera fue en 2000, la segunda en 2003 y la tercera se iniciaba en 2007). Este segundo informe evaluaba las medidas adoptadas por las autoridades españolas desde la aprobación del último informe de cumplimiento con respecto a las recomendaciones emitidas por GRECO. De las quince recomendaciones había todavía nueve que no se habían aplicado o se habían implementado parcialmente:
– En el Tema I de “Acusaciones”, GRECO recomienda aclarar el concepto de funcionario público extranjero en relación a la corrup­ción activa de funcionarios extranjeros y de organizaciones internacionales, así como criminalizar el soborno pasivo.

– Revisar el artículo 422 del Código Penal en lo referente al sobor­no de jurados y árbitros para asegurar su penalización en línea con el Protocolo Adicional al Convenio Penal sobre la Corrup­ción.

– Criminalizar el soborno y abuso de autoridad en el sector privado de conformidad con los artículos 7 y 8 del Convenio de Derecho Penal sobre Corrupción.

– Criminalizar el tráfico de influencias activo como delito principal.

– En el Tema II de “Transparencia en la Financiación de partidos”, GRECO recomienda tomar medidas adecuadas para garantizar que los préstamos concedidos a los partidos políticos no se utilicen para eludir las regulaciones de financiación política de­biendo no sólo revelar las condiciones de los mismos al Tribunal de Cuentas y Banco de España sino publicar los detalles en sus respectivas páginas web.

– Adoptar medidas para aumentar la transparencia de los ingresos y gastos de los partidos políticos a nivel local y entidades relacionadas o bajo el control de partidos políticos (donaciones a fundaciones, por ejemplo). GRECO reconoce que todavía queda mucho por hacer para garantizar la transparencia de las cuentas de los partidos a nivel local, ámbito más propicio a la corrupción.

– Establecer un formato común para las cuentas con el fin de garantizar que la información sea coherente y comparable en la mayor medida posible tanto en el tiempo como entre partidos.

– Mejorar el sistema de auditoría interna de los partidos políticos con el fin de garantizar la independencia de este tipo de controles. GRECO recuerda que la ley no sólo requiere la presentación de los informes de auditoría de los partidos al Tribunal de Cuentas, sino también la obligación de los partidos de implementar mecanismos de control interno, debiéndose establecer dispositivos sancionadores si no se cumplen estos requisitos.

– Definir las infracciones de las normas de financiación de los partidos e introducir sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ampliando la gama sancionadora disponible tanto al ámbito de aplicación como a todas las personas o entidades incluidos donantes individuales.

A modo de cierre, concluye el informe alentando a las autoridades españolas a que difundan esta información y a que presten más atención a la dimensión de la corrupción, especialmente en el ámbito del tráfico de influencias, la transpa­rencia en la financiación de los partidos políticos, sobre todo a nivel local, así como establecer mecanismos de control interno y reforzar el régimen sancionador.

Éstas recomendaciones coinciden con el último Barómetro Global sobre la Corrupción (2013) realizado por la ONG Transparencia Internacional en el que señalan que la percepción de los españoles sobre la corrupción afecta mayoritariamente a los partidos políticos (4,4 sobre 5) y al Parlamento (3,9).

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El Registro de Transparencia es un sistema voluntario, apoyado por una herramienta pública interactiva, creada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para añadir transparencia al proceso de toma de decisiones de la Unión, proporcionando a los ciudadanos y las personas que trabajan en las instituciones información acerca de las organizaciones que participan en la elaboración y aplicación de las políticas europeas.

Desde su creación, y hasta el 18 de enero de 2013, el registro cuenta con 5.522 organizaciones inscritas clasificadas en las siguientes categorías:

I – Consultorías profesionales, bufetes de abogados y consultores que trabajan por cuenta propia (619):
– Consultorías profesionales (417).
– Bufetes de abogados (42).
– Consultores que trabajan por cuenta propia (160).

II – Grupos de presión dentro de las empresas y agrupaciones profesionales y comerciales (2.636):
– Empresas y grupos (759).
– Asociaciones profesionales, comerciales y empresariales (1.565).
– Sindicatos (118).
– Otras organizaciones similares (194).

III – Organizaciones, plataformas y redes no gubernamentales y similares (1.558).

IV – Grupos de reflexión, instituciones académicas y de investigación (400):
– Grupos de reflexión e instituciones de investigación (284)
– Instituciones académicas (116)

V – Organizaciones que representan a las iglesias y las comunidades religiosas (36).

VI – Organizaciones que representan a autoridades locales, regionales y municipales, otros organismos públicos o mixtos, etc. (273):
– Autoridades locales, regionales y municipales a nivel subnacional (121)
– Otros organismos públicos o mixtos, etc. (152)

Sin duda, se trata de un compromiso en favor de la transparencia, pero sobre todo de una herramienta que nos permitirá conocer, en primer lugar, qué organizaciones aceptan atenerse a un código de conducta común; qué organizaciones -y sus trabajadores- o autónomos llevan a cabo actividades destinadas a influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración o aplicación de las políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas; o qué recursos destinan esas organizaciones a tales actividades, entre otros datos.

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