Por Ignacio Martín Granados
Coincidiendo con las elecciones europeas, el inicio de la Cumbre Empresarial Europea -el mayor evento de lobby organizado en Bruselas- y la finalización del segundo mandato de Durão Barroso al frente de la Comisión Europea, el Observatorio Corporativo Europeo (CEO en sus siglas en inglés) -una organización que promueve la transparencia de la política comunitaria-, publicó un informe sobre el trabajo de la Comisión Europea en los últimos cinco años.
El informe, titulado “El historial de una Comisión prisionera. El ’libro negro’ de la agenda corporativa de la II Comisión Barroso”, resume las actuaciones de la Comisión saliente, y en particular cómo la Comisión ha interactuado con los grandes grupos de presión empresariales. Proporciona una visión general del papel de dicha institución europea en áreas clave como el comercio internacional, la regulación financiera, el cambio climático, la agricultura, las políticas económicas -en particular las políticas adoptadas en respuesta a la eurocrisis-, o la ética del lobbying y la transparencia.
Las críticas son graves y contundentes, pues el informe concluye que la Comisión ha desarrollado una agenda corporativa con poca consideración por los intereses de la sociedad, luchando “con uñas y dientes” para evitar la regulación efectiva de los grupos de presión, incluyendo su oposición a un registro obligatorio y evitar una reforma de su estructura de asesoramiento de sus llamados “grupos de expertos” dominados por los representantes de las grandes empresas. Por tanto, un aumento de las competencias de la Comisión redundaría, según CEO, en un incremento del poder de las grandes corporaciones empresariales.
El informe del Observatorio afirma que la falta de rendición de cuentas y ausencia de transparencia en la Comisión, se explota con éxito por los grandes grupos empresariales quienes, además, tienen amplios recursos financieros con los que poder influir en la agenda comunitaria (se calcula que existen aproximadamente 700 organizaciones relacionadas con el sector financiero que gastan una media de 120 millones al año para conseguir modificar las directivas europeas a su gusto).
La Comisión tiene el monopolio de las propuestas legislativas -todas las sugerencias presentadas en la Unión Europea proceden de ella- y, sin embargo, no es directamente responsable ante nadie (cabe recordar que uno de los cambios introducidos en las últimas elecciones europeas es la elección indirecta del Presidente de la Comisión) ni está presionada por la presión pública ya que vive alejada del debate público.
El informe concluye que la necesidad de profundizar en los fallos fundamentales de esta institución clave de la UE y la adopción de normas firmes sobre la transparencia del ejercicio del lobby y la ética, deben ser un primer paso. Por ello, desde el Observatorio Corporativo Europeo trabajan en estrecha alianza con los grupos de interés público y los movimientos sociales dentro y fuera de Europa para desarrollar alternativas a la dominación del poder corporativo.
