Paola Cannata @PaolaCannata
Politóloga
El avance de las tecnologías y la globalización son dos de las grandes tendencias que explican la complejidad del mundo actual. Hoy todo pasa más rápido y a escala global. Esta realidad genera nuevas necesidades y demandas sociales que los distintos gobiernos y administraciones deben comprender para poder responder en tiempo y forma. De momento, esto no está sucediendo ni en España ni en Europa y, en consecuencia, la ciudadanía va perdiendo confianza en los sistemas democráticos e institucionales. Esta brecha entre ciudadanía e instituciones democráticas está siendo la oportunidad de no pocos movimientos y fuerzas políticas, de corte autoritario y excluyente, que tienen un denominador común: el desprecio a los valores y principios democráticos que durante décadas han cimentado Europa.
Es evidente que la democracia actual se nos ha quedado estrecha. En palabras del filósofo Daniel Innerarity “la democracia se ha quedado desfasada en casi todo”. Pero si algo está claro es que para hacer frente a esta crisis democrática solo hay una receta: más democracia. Tenemos “la necesidad de transformar el sistema para su supervivencia”.
En este sentido, los gobiernos y administraciones deben ser capaces de impulsar y liderar una nueva gobernanza que permita mejorar los procesos de toma de decisión y las políticas públicas. Como apunta ESADEGov en su informe ‘Administración 2030. Una visión transformadora’, “es preciso resituar las estrategias de gobierno abierto devolviéndolas a su esencia de políticas que buscan ubicar al ciudadano en el centro de la acción pública, reforzando la gobernanza, la coordinación y el liderazgo institucional de la Administración del Estado”.
Un elemento fundamental para conseguirlo es fomentar una ciudadanía activa y mejorar los procesos de participación ciudadana. Integrar estos procesos, mejorando su eficacia e innovación, a los procesos formales de toma de decisión no solo mejoraría la calidad y el valor público de las políticas, sino que, además, permitiría achicar la peligrosa brecha existente entre las instituciones democráticas y la ciudadanía.
Diversas instituciones de ámbito internacional llevan tiempo trabajando en la construcción de consensos, líneas de actuación y marcos normativos que sirven como hoja de ruta en la que enmarcar y acompañar la acción de los distintos gobiernos nacionales en esta materia.
La Unión Europea tiene un papel muy relevante en el ámbito global al posicionarse como un actor que lidera el abordaje de la crisis de la democracia desde una óptica integradora, democrática y participativa. Proteger, reforzar y defender este valor diferencial europeo frente a otras alternativas es vital. Europa debe liderar esta tendencia y no debe fracasar en el intento.
Para ello, las instituciones europeas están impulsando diversas iniciativas como la promoción de los derechos de participación ciudadana en el ámbito europeo a través de Participar, interactuar y votar en la UE, el Plan de Acción para la Democracia Europea, el Programa Europa con los ciudadanos en cuestiones de educación y cultura europea o la Red Europea para mirar al futuro.
Por su parte, la OCDE lleva tiempo contribuyendo, desde la investigación y el impulso político, a la construcción de consensos cada vez más amplios sobre la importancia de fortalecer la confianza en la democracia y de innovar en nuevas formas de participación ciudadana. La OCDE ha impulsado, en los últimos años, iniciativas como la Recomendación del Consejo sobre Gobierno Abierto. Representantes de alto nivel y distintos ministros de los 38 países de la OCDE han reiterado en 2022 su compromiso con los valores fundamentales de la democracia y han acogido diversas acciones para fortalecerla y aumentar su capacidad de respuesta a los nuevos retos y necesidades ciudadanas.
Esta institución elaboró también el informe ‘Generar confianza para mejorar la Democracia’. Dicho informe es el resultado de una encuesta realizada en 22 países de la OCDE con el objetivo de reforzar la gobernanza democrática y protegerla de las amenazas actuales y futuras. Y como guía práctica elaboró las Directrices de la OCDE para procesos de participación ciudadana, que facilitan y guían a los países sobre cómo diseñar, planificar e implementar procesos de participación ciudadana y cómo garantizar la calidad de estos procesos en términos de impacto y transparencia.
Por último, en el marco de Naciones Unidas existen varias metas consensuadas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que están directamente vinculadas con la calidad democrática y la participación ciudadana. Dichas metas hacen referencia a cuestiones como garantizar procesos de toma de decisión inclusivos, participativos y representativos que respondan a las necesidades actuales. Asimismo, pretenden contribuir a que las instituciones sean más eficaces y transparentes y que cumplan con la rendición de cuentas.
Como vemos son muchos los análisis y experiencias a nivel global que pueden servir de apoyo, guía y aprendizaje a los distintos niveles gubernamentales. Si queremos mejorar el servicio que las instituciones prestan a la ciudadanía y salvar nuestras democracias es vital abordar estas actualizaciones del sistema. Por tanto, ampliemos nuestras democracias con más y mejor participación de la ciudadanía, que permita generar mejores políticas públicas y acabar con la desafección política e institucional. De lo contrario, nuestra democracia sufrirá una merma y un deterioro del que saldremos perdiendo todos.
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