El pasado 20 y 21 de enero se celebró en el Senado el “III Foro de Transparencia y Buen Gobierno España-Chile” centrado en la nueva Ley de transparencia y sus principales retos de implantación.
En las intervenciones participaron legisladores que han hecho posible las respectivas leyes de transparencia en España y en el país americano, así como miembros de la sociedad civil, académicos y responsables de los organismos de gestión y supervisión de la transparencia.
Durante dos días se debatió sobre la implantación de la Ley, los retos que presenta y las conclusiones que esta ofrece tras varios años de vigencia en Chile. Los participantes incidieron en la importancia de una ley de esa envergadura para adaptarse a las nuevas exigencias ciudadanas de transparencia en los entes públicos. Del mismo modo, se insistió en la importancia del papel de la comunicación en el ámbito de la administración a la hora de cambiar la cultura ciudadana y de trabajo en funcionarios y personal electo para lograr una mayor apertura hacia la sociedad a través del Gobierno Abierto y el Open Data.
El ejemplo de la implantación de la Ley en Chile en 2009 y la experiencia desarrollada por el Consejo de la Transparencia en el país andino mostró vías de trabajo para la aplicación de la Ley en España. A juicio de los ponentes, los resultados han sido muy favorables y la aceptación de los ciudadanos muy positiva.
Los asistentes coincidieron en que la implantación de la Ley 19/2013 aprobada el pasado mes de diciembre supone cambiar lo que antes era una declaración de intenciones en una obligación por parte de las instituciones hacia los ciudadanos. También apuntaban a cierta complejidad en la entrada en vigor de la norma, ya que algunos aspectos –los relativos al buen gobierno- lo hicieron tras la publicación de la Ley, los relativos a la publicidad activa lo harán a finales del presente año y los referentes a entes locales y autonómicos, tras dos años de la aprobación de la norma.
Las jornadas organizadas por la Fundación Chile-España en colaboración con el Senado y las universidades de Alcalá y Pontificia Católica de Chile dejaron claro que la Ley de transparencia trabajará no sólo por conseguir una administración más eficiente y clara, sino también para lograr recuperar la confianza en las instituciones y en la clase política.
