Por Juan M. Zafra
El Gobierno tiene pendientes algunos aspectos clave de la ley que facilitará la interacción de los ciudadanos con la Administración.
“Ninguna gran organización puede permitirse el lujo de descuidar su forma de comunicar”, afirmó el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, en la clausura del Foro Mundial de la Comunicación (WPRF). “No se puede ser líder sin comunicar”, subrayó Rajoy durante una intervención que sólo se conoció poco antes de su llegada y que no estaba en los programas oficiales.
Hay un punto de contradicción entre las palabras y los hechos del presidente que inventó las comparecencias de prensa en pantalla de plasma; el mismo que aprobó para España la primera Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
La comunicación política ha de ser algo más que un gesto para la galería –aún siendo estos muy relevantes en los tiempos modernos-. La ley de transparencia, tras anunciarse a bombo y platillo al poco de la llegada del Gobierno a La Moncloa, se está quedando en agua de borrajas y no progresa adecuadamente, según algunas asociaciones.
Access Info Europe, que ha sido muy crítica en sus análisis comparativos con la ley española, lanza ahora una alerta. Lejos de corregirse sus deficiencias iniciales, advierte la organización internacional, sus responsables parecen empeñados en soterrarla. “La ley de transparencia ha sido muy criticada por expertos a nivel nacional e internacional (…). Las normas que quedan por aprobar todavía podrían mejorar algunos de estos defectos, de ahí la importancia de que su aprobación se haga de forma transparente y participativa”, afirman en una reciente nota.
Los retos que le quedan al Gobierno en esta materia no son pocos y se refieren, en lo fundamental, a:
• La puesta en marcha del Portal de la Transparencia, un espacio que debería estar listo en diciembre de este año y servir de puerta de entrada de los ciudadanos a los archivos de la Administración y todas las instituciones estatales. No es el 060, ni datos.gob.es, ni mucho menos lamoncloa.gob.es, aunque a Palacio corresponde acelerar las decisiones.
• El reglamento que desarrolla la propia ley debe especificar, entre otras cosas, la forma a través de la cual los ciudadanos podremos solicitar información a las instituciones públicas y qué documentos no estarán a nuestro alcance (informes y comunicaciones internas, por ejemplo).
• El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la norma que permitirá que este organismo encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en España funcione realmente.
A poco más de 60 días de la entrada en vigor de la ley, prevista para el 10 de diciembre, hay lagunas. Llegamos tarde a la transparencia en comparación con los países de la OCDE y corremos el riesgo de que la ley se nos quede en una declaración de buenas intenciones.
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