El COVID-19 ha puesto a todo la humanidad en una situación de riesgo. Es por ello que los Estados han requerido que sus sociedades modifiquen sus hábitos y comportamientos, al inducirlos a entrar en una cuarentena obligada. Sin embargo, para conseguir el objetivo de persuadir, muchos gobiernos equivocan el camino, y en lugar de infundir temor sobre el riesgo, han basado su comunicación en el miedo, gestionando directamente esta situación (que en esencia es de riesgo) como si se tratara de una situación de crisis. Esta confusión sumada a la desesperación e improvisación de los gobiernos, hace errática cualquier posible respuesta al COVID-19 con el peligro de inducir al pánico a la sociedad. Lo que genera de manera prematura, que una situación no crítica, comience a serlo desde el punto de vista de la percepción pública.

La comunicación de riesgo que requieren implementar los gobiernos debe estar orientada a persuadir a la sociedad, para que esta modifique sus hábitos sobre la base de información clara que indique los riegos y el peligro que implicaría hacer lo contrario a lo que pide el Estado (como incumplir la cuarentena, por ejemplo). Efectivamente, se trata de infundir temor en la sociedad, pero no miedo.

Si el gobierno promueve el miedo de manera prematura, este estímulo podría degenerar en conductas desmedidas que lejos de incentivar la precaución, promoverían respuestas caóticas e incontrolables, propias de una situación de pánico. Es casi imperceptible la d­elgada línea que existe entre la actuación de un gobierno responsable que utilice el temor a través de la información veraz (incluso cuando se traten de malas noticias), y un gobierno irresponsable que apele al miedo, promoviendo caos y desesperación en la sociedad.

En el caso de Bolivia, aún nos encontramos en la etapa de riesgo, por lo cual el timing exige una gestión divulgativa de la comunicación de riesgo. Este tipo específico de comunicación debe ser gestionado desde el Estado, a través de la órbita pública, haciendo uso permanente de la información sobria y veraz. No debemos olvidar que la credibilidad y legitimidad del Estado son vitales en este tipo de emergencias. Si el gobierno pierde su credibilidad, no existe forma en que la sociedad acate las medidas dispuestas por este. También es cierto que los actores políticos, durante la gestión del riesgo, cargan sobre sí toda la presión, la ansiedad y el miedo, relativa a la posibilidad real de ver su popularidad y demás intereses políticos comprometidos, por una gestión que no esté a la altura del tamaño de la emergencia que se enfrenta. Si los actores políticos no controlan estos impulsos de ego y miedo, se exponen no solamente a ser criticados y rechazados (como en su momento lo fue Murillo amenazando a sus colegas Ministros, con meterlos a la cárcel o Longaric negando inicialmente el ingreso al país de compatriotas varados en la frontera con Chile) sino que además producirán el efecto contrario al que buscan producir, provocando que la sociedad se revele ante los efectos emotivos negativos que sus figuras concitan, haciendo lo contrario de lo que se les exige.

La comunicación de riesgo no es un ejercicio publicitario, ni de popularidad para el estadista, ya que esta trabaja sobre la alerta pública, y para activarla se requiere mucha sobriedad y transparencia. Los gobiernos requieren q­uitar espectacularidad, evitar hacer campaña con recursos públicos, y no caer en la tentación de sacar réditos políticos de la contingencia. Los gobiernos que cometen estos errores de manera reiterada, inevitablemente perderán credibilidad y legitimidad, entonces la sociedad entrará en contradicción y desacatará las medidas exigidas por el Estado. Es importante señalar, que este desacato no tendría que ver con los niveles de instrucción o conocimiento de los protocolos de prevención del COVID-19 por parte de quienes desacatan, sino más bien con el estado emocional de la sociedad, respecto a los niveles de ansiedad, temor y alarma creados por el mismo Estado, versus el impacto social de las medidas de contención asumidas para gestionar la emergencia.

Comunicar es siempre una tarea difícil, porque ejercer la comunicación implica la activación constante de emociones. En el caso de la comunicación de riesgo, su complejidad reside en la capacidad de producir en la gente los niveles apropiados de preocupació­n, atención y temor. El quid del asunto es la sutil alquimia –peligro Vs. alarma- cuyo balance, delicado, también delimita el timing de transición hacia una crisis inminente. Por tanto, solo se debe recurrir al miedo -alarma- cuando estemos en la antesala de la fase crítica de la pandemia.

Con respecto a lo que nos atinge en Bolivia, es lamentable observar que el actual gobierno monologa. En este momento tenemos un Estado que se mueve por inercia, una comunicación de gobierno que estimula el miedo, que reproduce de manera inmutable el culto al liderazgo, y que se reduce a la hiperpersonalización. A esto se s­uma la perniciosa tentación de convertir en regla un hiperautoritarismo de Estado, como respuesta a la evidente falta de legitimidad del gobierno. En la dinámica de ese proceso recurren reiteradamente al uso de la violencia a través de prácticas coactivo-judicial-policiales por parte del Estado, agravando así el frágil equilibrio emocional de una sociedad que no termina de recomponer sus lazos sociales.

Es necesario que los voceros de la emergencia bajen el tono amenazante, ese exceso hiperbólico en sus palabras que generan miedo, confusión y alarma indebida. Pero el verdadero peligro, más allá de una mala comunicación del riesgo, o de la crisis en sí misma, se produce cuando el gobierno no escucha; y justamente por ello, es capaz de herir a su sociedad. En especial a las minorías por ignorar sus necesidades, lo más fácil es estigmatizarles para justificar su abandono. Urge poner límites a un Estado estigmatizante, porque lejos de solucionar la emergencia, nos expone a desbordar la crisis en el corto plazo.

La comunicación política tiene por objeto acercar a gobernantes y gobernados; es decir, hacer que éstos interactúen. Y si bien es cierto que no tiene la capacidad de resolver propiamente la crisis sanitaria, si tiene el poder de persuadir, sumar, despertar lazos de solidaridad, esperanza, empatía y cooperación necesaria para enfrentar y vencer unidos, como país, a la pandemia que azota a la humanidad entera.

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Contexto

Las elecciones en Bolivia adquieren una relevancia estratégica geopolítica en América Latina, lo cual ha captado la atención de las principales potencias del mundo, ya que el triunfo de un candidato u otro puede determinar la continuidad o quiebre de los llamados socialismos del siglo XXI, o un cambio en la correlación de fuerzas del tablero geopolítico en la región. El avance del gobierno de Donald Trump sobre Venezuela muestra el interés de EE. UU. por recuperar influencia sobre América Latina, recuperar el control político en una región con abundantes recursos naturales, hegemonía que se ha visto amenazada y desplazada, fundamentalmente por el acercamiento de China como inversor y socio estratégico de todos los países del continente.

En lo local, a diferencia de otros proyectos nacional-populares dirigidos por militares o por clases medias, el ciclo abierto por Evo Morales es el producto de una acumulación política de organizaciones campesinas, cuya actividad se desbordó hacia las ciudades ampliando el sistema institucional, democratizando el Estado y descolonizando el ejercicio del poder. El MAS-IPSP se sostiene en una articulación de organizaciones r­urales y urbanas, con poca organicidad y mucho corporativismo, que se mantienen unidos por el liderazgo carismático de Evo Morales. Por eso, la inédita situación de forzar la reelección de un candidato que en principio no podía postularse.

Las cinco claves:

1. Gran cantidad de partidos en carrera electoral

En Bolivia tenemos un sistema multipartidista, en las elecciones de 2005 participaron ocho partidos políticos, en 2009 participaron también ocho partidos, en las elecciones del 2014 participaron cinco partidos y en las de 2019 participarán ochos partidos políticos. Es importante destacar que el MAS es el único partido que ha participado en todos los procesos electorales antes mencionados, es decir el 80 % de los partidos que participaron en estos procesos electorales se crearon circunstancialmente desapareciendo tras su derrota electoral, una especie de partidos “usar y tirar”, esto tiene que ver con la cultura política de los bolivianos, figuras públicas de cierta reputación que deciden incursionar en la política sin estrategia, sin los apoyos suficientes, sin coaliciones que les garanticen lograr representación en el congreso, la mayoría de estos partidos pierde la sigla al no obtener el mínimo exigido por el Órgano Electoral Plurinacional. Las campañas están centradas en la personalización de la política donde los partidos pasan a un segundo plano, el líder es el partido y el partido es el líder.

Son ocho los candidatos presidenciales y los partidos habilitados que se someterán al voto popular en las elecciones de octubre próximo, para entender el rol instrumental de los partidos en la política boliviana es importante referir que el PDC participó por última vez en 1985 en una elección general con sigla propia, el MNR y la UCS participaron por última vez el año 2002 y a día de hoy representan una fuerza tan residual que apenas aparecen en las encuestas, todos los demás partidos que se detallan a continuación participarán por primera vez en una elección general –exceptuando al MAS de Evo Morales–.

1.- Ruth Nina (Partido de Acción Nacional Boliviano, PAN–BOL).

2.- Félix Patzi (Movimiento Tercer Sistema, MTS).

3.- Evo Morales (Movimiento Al Socialismo, MAS).

4.- Virginio Lema (Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR).

5.- Carlos Mesa (Frente Comunidad Ciudadana, CC).

6.- Víctor Hugo Cárdenas (Unidad Cívica Solidaridad, UCS).

7.- Óscar Ortiz (Frente Bolivia Dice No 21F).

8.- Jaime Paz (Partido Demócrata Cristiano, PDC)

2. Una democracia de partido hegemónico

Efectivamente Bolivia tiene un sistema multipartidista, pero con un partido hegemónico capaz de atomizar y fragmentar el voto de la oposición en una sociedad polarizada.

En el caso de que ningún candidato presidencial alcance más del 50 % de los votos válidamente emitidos; o un mínimo del 40 % con una diferencia del 10 % frente al segunda candidatura más votada, se realizará una segunda vuelta electoral, analicemos tres encuestas tomadas en el mismo periodo, por diferentes encuestadoras.

Está claro que, ante la falta de capacidad de la oposición para ponerse de acuerdo, hace llano el camino del actual presidente para reelegirse, a quien le faltan 9 puntos porcentuales y separarse un 10 % de la segunda fuerza que a la fecha viene representada en la figura de Carlos Mesa.

3. La polémica por la repostulación de Evo Morales

Según el artículo 168 de la Constitución, un presidente en Bolivia solo puede estar en el poder por dos mandatos consecutivos, por este motivo el gobierno de Morales convocó mediante Ley a Referendo Constitucional para que los bolivianos aprueben la reforma del Artículo 168 de la Constitución el 21 de febrero de 2016, pero perdió con el 51,30 %. El 2017 el Tribunal Constitucional emitió un fallo que autorizó la repostulación de cualquier autoridad electa de manera continuada, el argumento central fue que «derechos políticos» reconocidos por Bolivia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos debían priorizarse por encima de los límites a los mandatos consecutivos establecidos en la Constitución.

4. El órdago es en primera vuelta

Esta sin duda es una elección muy polémica, ya que por primera vez Evo Morales tiene riesgo de perder unas elecciones generales, debido a diversos escándalos en torno a temas de corrupción, pero tal cual van las encuestas parece poco probable que pierda frente una oposición dividida, que solo fragmentará el voto de los electores que votaron el 2016 contra de la repostulación de Morales.

El órdago de Evo para conseguir la silla presidencial se juega en la primera vuelta, de no lograrlo el triunfo electoral no está asegurado en segunda vuelta, porque la elección se convertiría en los hechos en un nuevo referéndum, entre los que apoyan a Evo y los que no están de acuerdo con su repostulación. El peligro de repetir los resultados del referéndum del 2016 es latente, un pequeño margen podría dar la victoria a su principal adversario Carlos Mesa.

5. Un Gobierno sin mayorías obligado a pactar

Desde una perspectiva técnica, la reelección indefinida dañará el legado positivo de la gestión de Evo y de su mito de gobierno, que ha perdido el voto entre los moderados de las clases medias, de aquellos que no se ubican en ninguna de las antípodas entre izquierda y derecha, y que ven con malos ojos su prorroguismo, aunque también reconocen que Bolivia tiene un crecimiento económico promedio del 4 %, por décimo año consecutivo, no existe precedente similar de tal éxito económico en la historia de América Latina.

Queda claro que ningún partido obtendrá los 2/3 que actualmente ostenta el MAS ni en diputados, ni en senadores, con lo cual, el próximo gobierno sea del color o tendencia ideológica que sea, necesita pactar, conciliar, dialogar y buscar acuerdos para lograr gobernabilidad.

Desafíos

En este escenario, la elección parece estar peleada entre dos personas que ya ejercieron el cargo de la actual presidencia en disputa. Son varios desafíos a los que se enfrentan:

Primer desafío que tienen ambos es hablar de futuro. El gran defecto de los políticos bolivianos es que son nostálgicos in extremis, tienden a comparar datos de gestión, argumentar, e inclusive proyectar el futuro anclado en el pasado, oxímoron posible gracias a la cultura política boliviana. Gran parte de los indecisos, votaran por el futuro para este sector de la sociedad lo conseguido se naturaliza y no les interesa el pasado, buscan confiar en una alternativa que les garantice satisfacción de nuevas demandas.

Segundo desafío, modernizar sus equipos de campaña, profesionalizar la política, aún quedan asesores cuya brújula de campaña se fundamenta en la improvisación y el buen olfato -en términos coloquiales Yatiris que leen la hoja de coca-, en plena era del big data pareciera un contrasentido tomar decisiones sin base científica.

Tercer desafío, seducir al voto joven, además de ser un sector altamente susceptible a la desafección política por su desapego, fácil decepción y desinterés (DDD), actitudes que pueden ser reforzadas por bulos o fake news que son el nuevo aderezo y característica de las campañas en el mundo.

Bolivia no tiene aún mecanismos ni públicos, ni privados de fact checking con lo cual sumado a la nostalgia por el pasado, y a la lectura de la suerte en hoja de coca los ciudadanos estarán a merced de campañas lado b, donde las fake news se apoderarán de los debates familiares, tertulias y noticieros, pudiendo convertirse en los verdaderos protagonistas de la próxima contienda electoral.

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