El pasado 11 de julio, GRECO publicaba el “Segundo Informe de Cumplimiento en España”, dentro de la “Tercera Ronda de Evaluación” (la primera fue en 2000, la segunda en 2003 y la tercera se iniciaba en 2007). Este segundo informe evaluaba las medidas adoptadas por las autoridades españolas desde la aprobación del último informe de cumplimiento con respecto a las recomendaciones emitidas por GRECO. De las quince recomendaciones había todavía nueve que no se habían aplicado o se habían implementado parcialmente:
– En el Tema I de “Acusaciones”, GRECO recomienda aclarar el concepto de funcionario público extranjero en relación a la corrup­ción activa de funcionarios extranjeros y de organizaciones internacionales, así como criminalizar el soborno pasivo.

– Revisar el artículo 422 del Código Penal en lo referente al sobor­no de jurados y árbitros para asegurar su penalización en línea con el Protocolo Adicional al Convenio Penal sobre la Corrup­ción.

– Criminalizar el soborno y abuso de autoridad en el sector privado de conformidad con los artículos 7 y 8 del Convenio de Derecho Penal sobre Corrupción.

– Criminalizar el tráfico de influencias activo como delito principal.

– En el Tema II de “Transparencia en la Financiación de partidos”, GRECO recomienda tomar medidas adecuadas para garantizar que los préstamos concedidos a los partidos políticos no se utilicen para eludir las regulaciones de financiación política de­biendo no sólo revelar las condiciones de los mismos al Tribunal de Cuentas y Banco de España sino publicar los detalles en sus respectivas páginas web.

– Adoptar medidas para aumentar la transparencia de los ingresos y gastos de los partidos políticos a nivel local y entidades relacionadas o bajo el control de partidos políticos (donaciones a fundaciones, por ejemplo). GRECO reconoce que todavía queda mucho por hacer para garantizar la transparencia de las cuentas de los partidos a nivel local, ámbito más propicio a la corrupción.

– Establecer un formato común para las cuentas con el fin de garantizar que la información sea coherente y comparable en la mayor medida posible tanto en el tiempo como entre partidos.

– Mejorar el sistema de auditoría interna de los partidos políticos con el fin de garantizar la independencia de este tipo de controles. GRECO recuerda que la ley no sólo requiere la presentación de los informes de auditoría de los partidos al Tribunal de Cuentas, sino también la obligación de los partidos de implementar mecanismos de control interno, debiéndose establecer dispositivos sancionadores si no se cumplen estos requisitos.

– Definir las infracciones de las normas de financiación de los partidos e introducir sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ampliando la gama sancionadora disponible tanto al ámbito de aplicación como a todas las personas o entidades incluidos donantes individuales.

A modo de cierre, concluye el informe alentando a las autoridades españolas a que difundan esta información y a que presten más atención a la dimensión de la corrupción, especialmente en el ámbito del tráfico de influencias, la transpa­rencia en la financiación de los partidos políticos, sobre todo a nivel local, así como establecer mecanismos de control interno y reforzar el régimen sancionador.

Éstas recomendaciones coinciden con el último Barómetro Global sobre la Corrupción (2013) realizado por la ONG Transparencia Internacional en el que señalan que la percepción de los españoles sobre la corrupción afecta mayoritariamente a los partidos políticos (4,4 sobre 5) y al Parlamento (3,9).

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El Registro de Transparencia es un sistema voluntario, apoyado por una herramienta pública interactiva, creada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para añadir transparencia al proceso de toma de decisiones de la Unión, proporcionando a los ciudadanos y las personas que trabajan en las instituciones información acerca de las organizaciones que participan en la elaboración y aplicación de las políticas europeas.

Desde su creación, y hasta el 18 de enero de 2013, el registro cuenta con 5.522 organizaciones inscritas clasificadas en las siguientes categorías:

I – Consultorías profesionales, bufetes de abogados y consultores que trabajan por cuenta propia (619):
– Consultorías profesionales (417).
– Bufetes de abogados (42).
– Consultores que trabajan por cuenta propia (160).

II – Grupos de presión dentro de las empresas y agrupaciones profesionales y comerciales (2.636):
– Empresas y grupos (759).
– Asociaciones profesionales, comerciales y empresariales (1.565).
– Sindicatos (118).
– Otras organizaciones similares (194).

III – Organizaciones, plataformas y redes no gubernamentales y similares (1.558).

IV – Grupos de reflexión, instituciones académicas y de investigación (400):
– Grupos de reflexión e instituciones de investigación (284)
– Instituciones académicas (116)

V – Organizaciones que representan a las iglesias y las comunidades religiosas (36).

VI – Organizaciones que representan a autoridades locales, regionales y municipales, otros organismos públicos o mixtos, etc. (273):
– Autoridades locales, regionales y municipales a nivel subnacional (121)
– Otros organismos públicos o mixtos, etc. (152)

Sin duda, se trata de un compromiso en favor de la transparencia, pero sobre todo de una herramienta que nos permitirá conocer, en primer lugar, qué organizaciones aceptan atenerse a un código de conducta común; qué organizaciones -y sus trabajadores- o autónomos llevan a cabo actividades destinadas a influir directa o indirectamente en los procesos de elaboración o aplicación de las políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas; o qué recursos destinan esas organizaciones a tales actividades, entre otros datos.

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