No es ningún secreto que las noticias falsas se han convertido en uno de los principales obstáculos a la hora de celebrar elecciones libres con ciudadanos informados. De sobra es conocido que no se trata de un fenómeno nuevo: lo novedoso es su capacidad para prender la mecha y difundirse a través de las plataformas digitales. Estas son el caladero de contenidos que tienen una poderosa capacidad viral que moldea la opinión, muchas veces sin siquiera trascender a la agenda pública. Mensajes que se reenvían en cadena, fotos y vídeos manipulados y piezas en forma de noticia que no siempre salen del circuito orgánico de las redes sociales y muchas veces pasan inadvertidos por los propios medios de comunicación. 

Estas plataformas, conscientes de la presión regulatoria, se están equipando de herramientas para combatir la desinformación, pero todavía no han sido capaces de desarrollar un sistema que ate en corto a los actores ilegítimos que ensucian el debate público. Más bien al contrario, concentran sus esfuerzos en poner el foco y aumentar el escrutinio sobre los actores legítimos (lobbies, asociaciones con una agenda partidista, partidos políticos, etc.), que bajo su propia marca nunca han supuesto un verdadero problema en el desafío de las noticias falsas.

La Unión Europea elige un nuevo parlamento en mayo y son unos comicios que afectan a 500 millones de personas; una de las citas electorales más relevantes de los próximos meses, junto a otras en el mundo como las que tendrán lugar en España, Panamá, Indonesia, Argelia, o las municipales en Reino Unido, Irlanda, Grecia o Malta, entre otras.

Una de las novedades que nos encontraremos los usuarios de buscadores como Google o de redes sociales como Facebook o Twitter son las etiquetas de “publicidad política”, de tal manera que podremos consultar cuánto ha gastado un partido político en sus campañas de publicidad online y cuál ha sido la plataforma por la que más ha apostado. Datos, sin duda, relevantes para el estudio de la comunicación política, que avanzan en la transparencia de los contenidos y el objetivo que persiguen, pero que poco van a conseguir a la hora de frenar la infoxicación, ya que ésta no se impulsa desde los perfiles verificados de los actores legítimos. Otro mecanismo de trabajo es la creación de redes de periodistas que trabajarán en la verificación de datos para catalogar los contenidos, pero en ninguno de los casos con la agilidad necesaria a la hora de detener bulos que se propaguen con gran rapidez y que afecten al desarrollo de una campaña electoral o unas elecciones.

Lo más preocupante es que tenemos canales de comunicación como WhatsApp que tienen una hegemonía única y se encuentran sin planes ni una hoja de ruta clara para la prevención de este tipo de amenazas. Así, resulta preocupante que sí hayamos sido capaces de generar algoritmos que pueden frenar la viralidad de, por ejemplo, un pezón, pero no de los bulos y los contenidos perjudiciales para la información de calidad en las democracias.

Otra vez, ante un nuevo momento decisivo, no hemos sacado todo el partido ni aprendizaje de malas experiencias como la del referéndum del brexit. Los ciudadanos están, estamos, una vez más, indefensos ante la guerrilla organizada de actores ilegítimos que actúan en red, que vulneran las reglas y se saltan los procesos. Todavía se conoce poco sobre ellos y es muy difícil llegar hasta el origen, pero sí se conocen sus técnicas y sus estrategias, motivo más que suficiente para empezar a plantear un plan de actuación serio que los neutralice.

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