No me había dado cuenta del poder y la importancia de los lobbies en Bruselas hasta ese momento en el que dos chicos salieron de su escondite, detrás de una planta gigante, en el tercer piso del Parlamento Europeo. Estaban al acecho en ese refugio con el único objetivo de abordarme cuando yo pasara. Faltaban tan solo tres días para que el Parlamento Europeo adoptara su posición de negociación sobre la reforma de la directiva sobre la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas (e-privacy), un texto legal que podría cambiar radicalmente el modelo de negocio de todas las compañías en el mundo digital. Hacía tiempo que yo había dejado de contestar a sus emails, whatsapps y mensajes de texto. Y, aunque sabían que yo dedicaba todo mi tiempo a concluir las negociaciones, querían hablar conmigo una última vez antes del decisivo voto.

Las posiciones en el Parlamento Europeo estaban muy enfrentadas y los liberales, como siempre, eran clave para formar la mayoría. De mi grupo dependía que el texto que el Parlamento defendiera se centrara más en la protección del modelo de negocio de las empresas o en la privacidad de los usuarios.

A tan solo unas horas del voto, mi email profesional estaba a punto de llegar a su límite de capacidad. Grandes empresas, medianas, pequeñas, asociaciones y varias ONG apuraban sus esfuerzos de lobby con el fin de que el texto final les fuera lo más favorable posible. Yo aquellos días caminaba acompañada de una infinidad de documentos relativos a la reforma legislativa, vivía prácticamente en la oficina y casi había perdido todo contacto con el mundo exterior. Aquellos que me escribían confiaban en que transmitiera sus prioridades a la diputada a la que yo aconsejaba durante las negociaciones.

He de confesar que de todo lo que me iban contando los días posteriores a mi llegada a Bruselas el 2013 solo retuve un dato: “Bruselas es la segunda ciudad del mundo en número de lobistas y de espías, solo superada por Washington D. C. Así que tened cuidado con lo que decís, con quien habláis y, sobre todo, donde lo hacéis”.

Negocio cada día distintos textos legislativos en materia de libertades civiles, justicia e interior en el Parlamento Europeo, primero con otros grupos políticos y, después, con el Consejo. Lo primero que hago nada más recibir la propuesta de la Comisión es estudiarla y aceptar la mayoría de invitaciones a reuniones de los lobbies, intentando siempre guardar mi neutralidad e independencia con respecto a estas compañías. Al margen de la mucha o poca simpatía que les puedas tener, todas aportan algo vital: su expertise en la materia. Desgraciadamente, ni los eurodiputados ni los asesores disponemos del tiempo que nos gustaría para estudiar detenidamente una variedad tan amplia de temas. Los lobistas, en su mayoría especializados, sí. Su actividad contribuye a calcular el impacto que determinado marco regulatorio podría tener, a subrayar aspectos que a veces se pasan por alto y, en último lugar, al interés público, cooperando para que los que nos dedicamos al servicio público desarrollemos unas políticas que no se olviden de nadie.

Aquel día me disculpé con esos lobistas por no poder recibirles y me contaron sus últimas preocupaciones mientras recorrían conmigo el camino hasta mi siguiente reunión. No conozco a ningún lobista al que le haya satisfecho la postura del Parlamento respecto a la mencionada directiva. Uno de los políticos con los que he trabajo siempre dice que unos niveles similares y generalizados de infelicidad como consecuencia de la toma de una decisión política es síntoma de que hemos hecho las cosas bien. Sobre sus palabras reflexiono yo cada día cuando recorro los pasillos del Parlamento curiosa de conocer la identidad de la persona que me espera escondida detrás de la ya famosa planta.

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María Rosa Rotondo es presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Acaba de pasar por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para exponer su punto de vista sobre el borrador de la ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Está preocupada porque la ley corre el riesgo de convertirse en un cajón de sastre absolutamente ineficaz. De hecho, aún no ha conseguido que se reconozca la necesidad de regular la actividad del lobby ni de elaborar un código ético. Pero está en ello y con su habitual persistencia y capacidad de persuasión, va por buen camino.

Por Juan M. Zafra

Nos encontramos en las oficinas de Political Intelligence, que se define como “el principal grupo independiente de public affairs en Europa”. María Rosa es socia y una de sus dos primeros ejecutivos en España. Comenzó su carrera profesional en el despacho de abogados Cremades & Sánchez Pintado y se especializó en el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Empezamos la conversación con un repaso a la evolución de ese sector en España y Europa, al desarrollo que ha seguido la competencia, a la importancia que tiene Bruselas en su ordenación y a las posibilidades que ofrecen las TIC para configurar un nuevo orden político, económico y social más transparente, participativo, rico en todos los aspectos.

Nos habíamos propuesto que en la conversación participara también el autor de “Que vienen los lobbies”, pero no ha sido posible. Dedicamos un par de minutos al libro. “Cuan­do se trata el tema del lobby se emplean imágenes y frases hechas. Algunas de ellas no se ajustan en nada a la realidad”.

Creo que iría bien empezar por clarificar a qué os dedicáis los profesionales del lobby.

La actividad principal del profesional del lobby es canalizar la participación de la sociedad civil en las instituciones públicas y en la toma de decisiones. Tratamos de ayudar a las empresas y las instituciones en la toma de decisiones. Lo entendemos como una forma de participación en la consolidación de la democracia.

¿Por qué se asocia a asuntos turbios, en la sombra, a la manipulación…?

Tiene que ver con la falta de regulación clara y al hecho de que la ausencia de normas hace que se confundan términos para referirnos a actividades distintas. Tiene relación también con la ausencia de cultura en nuestro país en esta materia. Las normas que regulan el lobby facilitan la igualdad de todos a la participación y a la información. Se nos acusa de querer mantener puertas secretas de acceso a los políticos y a los decisores. Es todo lo contrario, lo que queremos es que ese acceso sea lo más transparente y democrático posible en beneficio del conjunto de la sociedad.

¿Hacía dónde debe orientarse esa regulación de la actividad de lobby?

Desde hace cinco años venimos reclamando una ordenación por parte del Gobierno y del Congreso, de la misma manera que se ha hecho en Bruselas y en las instituciones euro­peas. Miramos lo que se está haciendo en otros países de la UE, en Estados Unidos y en Reino Unido. Vimos que lo más adecuado a nuestro entorno es lo que se está haciendo en Bruselas: un registro de lobbistas y un código de conducta obligatorio.

Como asociación estamos centrados en crear una profesión y en dar carta de naturaleza a una actividad que necesita ajustarse a unas reglas y dotarse de elementos que den prestigio a quienes se dedican a ella. Para ello hacemos difusión, formación para empresas y profesionales, intentamos establecer parámetros de actuación….

Sin embargo, el proyecto de ley de Transparencia y algunas cosas más que se está tramitando en el Parlamento no contempla esas medidas… ¿cuál es la razón?

Habría que preguntárselo a los diputados que están tramitando esa ley. A nosotros nos han invitado a participar en su elaboración a través de una comparecencia en la Comisión Constitucional. Es un proceso extraordina­riamente abierto, en el que hemos podido transmitir nuestras propuestas a todos los grupos parlamentarios. Pero a ese respecto, quiero destacar dos aspectos. Primero, que la ley de transparencia afecta al Gobierno, al Ejecutivo, y deja fuera al legislativo y desde el Gobierno creen que no es el momento de incluir normas de regulación de lobby. En segundo lugar, o en paralelo, sí se ha anunciado que Congreso y Senado, en el ámbito de sus competencias, van a aplicar medidas de transparencia como el registro de lobby otras normas de acceso a grupos, diputados y senadores. No sabemos aún cómo, pero se va a regular.

¿A qué cree que se debe la negativa del Gobierno a incluir ese registro en la ley de Transparencia?

Creo que existe una predisposición muy positiva para que se regule, pero que no se ha llegado a una decisión clara sobre el cómo. No es una resistencia, sino una cuestión de tiempo y de recursos para llegar a una posición. La ley de Transparencia está pensada para una serie de cosas y no se quieren introducir más elementos en el debate.

Entretanto seguimos descubriendo casos de corrupción y prácticas de parte de las empresas que supongo les perjudican enormemente a ustedes. ¿No es así?

Bueno… supongo que te refieres al caso Bárcenas. Hay que esperar a lo que digan los jueces. Los delitos de tráfico de influencias y cohecho están claramente tipificados en el Código Penal. Lo importante es que se denuncien esas prácticas cuando se detecten y que los jueces actúen con rapidez y contun­dencia. La actividad del lobbista no tiene nada que ver con esas prácticas.

¿Qué nos diferencia del resto de Europa y de Estados Unidos en lo que respecta a esta actividad?, ¿por qué no tenemos esa regulación aún?, ¿no hay porque somos corruptos?, ¿o somos corruptos porque no hay regulación?

La diferencia fundamental es precisamente que no tenemos una regulación. Sin embargo, sólo 14 países de 27 miembros tienen una regulación de lobby. Estamos en la media (risas). En Bruselas se reguló muy pronto porque allí se toman las decisiones. El lobby es consustancial a la Unión Europea y, por tanto, se establecieron normas que permitieran la confluencia de una serie de culturas muy distintas respecto a esta materia. Son normas que han evolucionado mucho y que están en cons­tante revisión. Es un modelo perfectamente válido a día de hoy para cualquier país miembro a pesar de las diferencias evidentes en el régimen político de cada país y de estos con la propia ordenación política de la UE.

El caso de EEUU es distinto. Creemos que las normas allí se hacen precisamente para que la regulación no sea operativa y no haya suficiente transparencia sobre el funcionamiento del lobby.

Otros dos fenómenos recientes están impactando en el ejercicio de su profesión: los movimientos sociales formalmente no organizados, según el modelo del 15-M, y el de las “puertas giratorias” entre políticos y empresas….

Tener una sociedad movilizada es bueno para la democracia. Cuanta más participación y más demanda de participación por parte de la sociedad exista, mejor para todos. La explosión de los movimientos sociales es una evidencia de que el gobierno y el legislativo tienen que entenderse con la sociedad. Es una prueba de que en nuestro estado de derecho no hay un nivel de diálogo, o al menos, no es el nivel de diálogo que demanda nuestra sociedad. En ese sentido, quienes nos dedicamos a esta profesión ha­cemos una aportación para establecer puen­tes y canales de diálogo y de participación de la sociedad en los asuntos públicos. Todas las normas que los profesionales del lobby están tratando nos afectan a todos y también a los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o a Greenpeace. Ellos lo saben, las ONGs lo saben y se consideran tan lobbistas como nosotros.

¿Las “puertas giratorias” son una forma de corrupción?

La necesidad de regular el lobby está muy relacionada también con este fenómeno. En muchos otros países hay normas para estos casos y en España tenemos la ley de incompatibilidad de los altos cargos, pero que no se aplica o se buscan fórmulas para eludirla. La ley debe ser mejorada y ampliada, pero sobre todo, aplicada.

En el Código de Conducta de APRI decimos que no debemos tentar a los altos cargos con remuneraciones excesivas. No podemos hacerlo. Si esta norma se extendiera a todas la empresas, tendríamos un sistema mejor. La cuarta norma que aprobó Obama al llegar a la Casa Blanca fue limitar las remuneraciones a los ex altos cargos, de forma que el interés por pasar a la empresa privada es menor. La corrupción y la posibilidad de ofre­cer altas remuneraciones son fenómenos muy relacionados. El lobbista debe actuar y lograr sus objetivos por convencimiento, no por amistad, porque su interlocutor haya sido su jefe a vaya a serlo.

Ya que lo menciona, ¿qué cualidades debe tener el lobbista?

Argumentos, persistencia, honestidad.

¿Dónde se aprende?

La trayectoria profesional es muy importante. Tradicionalmente a esta incipiente profesión se llega a través del derecho y la comunicación. Tenemos que mejorar la formación, la cultura y la participación de la universidad española. La actividad del lobby es innata a la condición humana. La persuasión, el interés por cambiar las cosas, es innato a los hombres y mujeres desde pequeños. El ejercicio de la profesión nos hace mejores.

¿Quien tiene influencia en España?

En general, las grandes empresas. Yo no tengo influencia; si la tengo es porque represento algo o a alguien. Intento convencer, persuadir, basándome en unos argumentos y en la confianza que soy capaz de generar. Si no sabemos a quién representa un lobbista, ni con quien se ha visto, ni para qué, nunca sabremos la capacidad de influir que tiene cada uno en España. Es importante conocer quién y porqué hace determinadas propuestas de enmienda a una ley para saber qué motivos lo mueven. Las decisiones serían diferentes si estuvieran sometidas al escrutinio público. La huella legislativa es importante para consolidar la democracia.

Tradicionalmente se vincula al lobby con la influencia y en España, muy pocas personas tienen capacidad de influir. Es habitual que cuando las empresas quieren tener influencia, recurran a la corrupción. Eso nos preocupa mucho. Nuestra actividad se vincula injustificadamente a lo opaco y lo oscuro precisamente porque hay empresas que no quieren que se conozcan sus contactos con los gobiernos, cómo los mantienen y para qué. Hay que dejar de lado el concepto de influencia y empezar a hablar de participación.

¿Se necesita una ley para ello?

En tanto en cuanto no exista una ley que nos obligue, actuaremos conforme a las leyes vigentes. En referencia al registro de lobbies, por ejemplo. Cuando haya un registro, nosotros en mi empresa publicaremos la lista de clientes. Hoy por hoy tengo un deber de confidencialidad con mi cliente y tengo que regirme por el. En el momento en que haya una ley de transparencia o un registro, le tendré que decir a mis clientes, tengo que decir que trabajamos contigo. Y eso mismo aplica a otras instituciones.

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