Kevin Febres @kevinfebres
Estratega en Comunicación
La mayoría de la literatura se refiere al sistema electoral español como uno proporcional corregido. Es decir, que intenta mantener una relación de proporcionalidad entre las preferencias de los electores, por muchas y variadas que estas sean, y su representación en el parlamento, aunque con correcciones que buscan evitar una excesiva dispersión del voto, apuntalando la gobernabilidad al poner barreras de entrada a las formaciones más pequeñas. Así, afirman Montero y Fernández (2018) que:
«En realidad, más que de un sistema electoral, deberíamos mencionar la existencia de tres subsistemas bien diferenciados (Penadés 1999): uno mayoritario (que incluye los distritos de 1 a 5 escaños), otro proporcional (con 10 o más escaños) y otro intermedio, formado por los distritos medianos (de 6 a 9 escaños). Los rasgos definitorios de esos subsistemas (…), proporcionan incentivos muy distintos para la competición entre los partidos y arrojan efectos diferenciados para cada uno de ellos».
En España son 27 los distritos que reparten cinco o menos escaños, además de Ceuta y Melilla que solo reparten uno. Diseñado durante la transición, este sistema tiene un sesgo rural y otro de concentración de voto a nivel provincial. Por lo tanto, no vale lo mismo un voto en Madrid o Barcelona que en Soria y no es lo mismo sacar 300.000 votos repartidos en varias decenas de provincias que en tres o cuatro. «En Asturias un diputado puede requerir casi 140.000 votos, mientras que en Teruel se necesitaron poco más de 35.000 para obtener un escaño».
En las últimas elecciones generales según datos del INE (2019). Es decir, un miembro del Congreso puede requerir hasta cuatro veces más votos según la provincia, dando un peso mayor a aquellas a las que el sistema electoral asigna un mínimo de diputados independientemente de su número de habitantes y alterando la proporcionalidad en favor de los territorios menos poblados.
Por otro lado, al Partido Nacionalista Vasco, que concentra sus electores en tres provincias, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, le bastaron 380.000 votos para conseguir seis escaños, mientras que Ciudadanos obtuvo solo diez por sus 1.650.000 votantes repartidos en todo el territorio.
Estos dos factores serán más relevantes que nunca en las próximas elecciones, pues sus resultados se dirimirán en dos terrenos, en primer lugar, el de esas 29 circunscripciones que reparten pocos escaños, ya que el partido que logre ser tercera fuerza se llevará bastantes más escaños que el siguiente y, por lo tanto, podrá aportar más diputados a su bloque en unas elecciones que están muy igualadas según las encuestas. Y, en segundo lugar, el de los nacionalismos periféricos y su capacidad para aglutinar votos en pocas provincias.
Ante el enorme peso electoral del Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP) en estas provincias, será clave la fuerza que obtenga el tercer lugar, no solo en aquellas que reparten tres escaños, sino incluso en las que otorgan cuatro o cinco diputados, donde resulta más frecuente que los dos grandes partidos saquen algún escaño más a la entrada de una cuarta fuerza.
Es por esta razón por la que todas las encuestas dan a Sumar muchos más escaños tras su pacto con Podemos que la mera suma de las proyecciones de ambos partidos previas al acuerdo, pues esos votos de Podemos que se habrían quedado sin representación en las provincias menos pobladas ahora sí serán determinantes en la disputa con Vox en cada una de ellas.
En las pasadas generales, ser tercera fuerza permitió a los de Abascal obtener escaños en provincias como Guadalajara, Ávila, Segovia o Zamora y traducir un aumento de poco menos del 40% en votos en más del doble de diputados, pasando de 24 escaños a 52.
Son muchos de esos escaños los que estarán en disputa con Sumar y serán determinantes para decidir el bloque ganador el próximo 23 de julio.
«No será una elección, sino 54 (una por cada circunscripción electoral), porque la verdadera batalla se dará a nivel provincial en un sistema más fragmentado que nunca y donde muchas circunscripciones presentan un universo propio».
Gracias al gran número de partidos nacionalistas y regionalistas que se postulan.
Si seguimos el modelo de Cox (1997) en el que el número de partidos viables será la magnitud del distrito electoral más uno (M+1) obtendremos que en buena parte de las provincias españolas solo serán viables cuatro partidos, PP, PSOE, Vox y Sumar, mientras que en Barcelona o Vizcaya con mucha más población y donde la cuestión nacionalista atraviesa el espectro político con tanta o más fuerza que la ideológica, la cantidad de fuerzas potenciales que obtendrían representación se multiplica.
Y este, como decíamos, es el otro tablero donde se dirimirá esta batalla electoral, el de las provincias donde las fuerzas nacionalistas o regionalistas tienen mucho peso, pues más allá del resultado de Sumar y su intento de asegurar la tercera plaza a nivel del Estado, la suerte de Pedro Sánchez dependerá también en buena medida de lo que suceda en las cuatro provincias catalanas y las tres vascas, tanto en el desempeño del PSOE como en el de sus socios de investidura. Sin un buen resultado para todos ellos en Cataluña y Euskadi, resulta muy difícil imaginar una reedición del gobierno de coalición.
De los 48 diputados que repartieron las provincias catalanas en 2019, el PSOE y sus socios de investidura se llevaron 40, con unos 2.750.000 votos y cada escaño “costando” cerca de 70.000 papeletas. Es decir, el sesgo rural que tradicionalmente perjudica más al PSOE que al PP se ve contrarrestado en Cataluña y Euskadi por la capacidad de los partidos soberanistas de concentrar su caudal de votos en apenas siete provincias.
Sin embargo, tanto el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como las fuerzas independentistas catalanas dieron síntomas de fatiga el pasado 28 de mayo. El PNV, por ejemplo, perdió casi 100.000 apoyos en cuatro años, muchos aún si tenemos en cuenta que la abstención fue seis puntos superior en 2023. Aun así, en un contexto de mayor abstención, el PP aumentó sus apoyos en 20.000 votantes y se colocó como cuarta fuerza en la comunidad, superando a Podemos y mostrando su fortaleza incluso en un territorio dominado por los aliados del PSOE.
El único socio parlamentario del gobierno que ha salido claramente fortalecido del 28 de mayo ha sido el más incómodo, pues Bildu sí se ha beneficiado de la caída del PNV y ha logrado movilizar a sus votantes para conseguir un notable resultado en las urnas, que lo consolida como segunda fuerza en Euskadi y que alimenta sus ambiciones de desbancar al PNV.
A pesar de que Bildu y, sobre todo, Junts son fuerzas sobre las que difícilmente se puede asentar la estabilidad del gobierno, en un escenario donde la alternativa sea un ejecutivo del PP y Vox, ahora mismo el más probable según las encuestas, estos partidos tendrían mucha dificultad para explicar a sus votantes el no dar sus apoyos al PSOE en una hipotética sesión de investidura en la que las fuerzas conservadoras no sumen mayoría absoluta y Sánchez intente conseguir los apoyos del resto del arco parlamentario.
Estos dos factores que determinarán el resultado electoral, es decir, la pelea por el tercer puesto, especialmente en las provincias de menos de cinco escaños, y la capacidad de los partidos nacionalistas/regionalistas de movilizar a sus electorados y aprovechar las ventajas que el sistema les otorga por concentrar sus votos en unas pocas provincias, pueden ser también vistos desde la óptica de los efectos mecánico y psicológico de los sistemas electorales, descritos por Lago y Lago (2000) de la siguiente manera:
El efecto «mecánico» es la desviación del ideal de proporcionalidad en el proceso de conversión de los votos en escaños (Anckar, 1997: 502). «Su principal manifestación es la sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios y la penalización de los minoritarios. El carácter mecánico de la incidencia se deriva del hecho de que, una vez establecidas las reglas electorales, no ha lugar a manipulación o estrategia de los actores (Taagepera y Shugart, 1989: 65). Más difícil resulta definir con precisión el efecto «psicológico». Éste se desprende de la adecuación del comportamiento de las élites partidistas y de los electores a la dinámica que el sistema electoral genera en el de partidos».
Estos efectos seguramente habrán pesado en el análisis postelectoral que se hizo desde Moncloa en la madrugada del 29 de mayo y que derivó en el adelanto de las elecciones generales. Consideramos que dos pueden haber sido los factores determinantes en la decisión, en primer lugar, las perspectivas de que tanto el gobierno de coalición como el propio PSOE llegarían extenuados a diciembre después de seis meses de desgaste por parte de un PP triunfalista y con un control territorial significativamente incrementado gracias al buen resultado del 28 de mayo.
En segundo lugar, la perspectiva de que el espacio político a su izquierda, ahora liderado por Yolanda Díaz, se sumergiera en luchas fratricidas para encontrar culpables de la debacle electoral y, sobre todo, que Podemos siguiera dilatando su entrada en la coalición Sumar para procurar ganar la mayor cantidad posible de poder interno, estrategia que había venido siguiendo hasta ahora y que le resultó imposible mantener a la vista, tanto de los resultados electorales como de la convocatoria del 23 de julio, cuyos tiempos, marcados por la ley, les obligaban a alcanzar un acuerdo en solo 10 días.
Sánchez sabía que la combinación del desgaste interno de su partido, alimentado por las críticas de centenares de cargos que habían perdido el poder en mayo y que le responsabilizarían a él en primera persona de la debacle, más un tenso proceso de negociación entre Sumar y el resto de las fuerzas a la izquierda del PSOE que se prolongara en el tiempo y ante la vista de todo el mundo, no sería más que una garantía de derrota en diciembre.
Se podría decir que esta estrategia aprovechó el efecto psicológico que tiene el sistema electoral sobre las élites de los partidos políticos. En un sistema puramente proporcional, Podemos probablemente habría optado por presentarse fuera de la marca Sumar, preservando su independencia y evitando la convivencia con las demás fuerzas de la coalición, que en casos como el de Compromís o la propia Yolanda Díaz ha sido, cuando menos, incómoda en los últimos años. Así nos explican Lago y Lago (2000) citando a Montero, cómo funciona el proceso una vez que las fuerzas políticas han analizado sus perspectivas electorales:
«En consecuencia, los partidos formarán coaliciones electorales en los distritos donde no tienen expectativas de alcanzar representación por sí solos o, simplemente, no competirán. Los votantes, por su parte, apoyarán a candidaturas con posibilidades efectivas de victoria, aun en detrimento de sus opciones preferidas. Tendrán, pues, comportamientos de voto «útil», «estratégico» o «sofisticado». De este modo, el efecto «psicológico» refuerza al mecánico, en tanto que adelanta y acrecienta sus tendencias».
Es decir, aunque se crea que el llamado al voto útil sea cosa solo de los dos grandes partidos del sistema, PP y PSOE, Sumar claramente ha jugado con este factor a la hora de tejer sus alianzas y de presionar a Podemos para que aceptara sus condiciones, incluso a costa de sacrificar liderazgos como el de Irene Montero. Así pues, los votantes de la formación morada también harán su propio ejercicio de voto útil al respaldar a Sumar en las próximas elecciones del 23 de julio, a pesar de que las exigencias que la coalición ha hecho a su partido probablemente no sean de su agrado.
El problema del voto útil también puede ser un asunto delicado al otro lado del espectro político, pues el PP, en busca de lograr su ambición de gobernar en solitario, ha decidido también enarbolar esta bandera e ir a por una parte del electorado de Vox, entendiendo que si obtienen un número de diputados lo suficientemente cerca de la mayoría absoluta podrán exigirles quedarse fuera del gobierno, tal y como están intentando hacer en las negociaciones del poder autonómico y como hizo Isabel Díaz Ayuso hace un par de años cuando se quedó a las puertas de la mayoría, pero logró formar un ejecutivo monocolor.
El problema es que esta estrategia podría resultar contraproducente si esos votos que el PP consigue quitar a Vox se traducen en la pérdida de la tercera plaza para los de Santiago Abascal, pues en ese escenario entrarían con fuerza los efectos del sistema electoral que hemos descrito anteriormente y que le podrían costar a Vox muchos más escaños de los que ganaría el PP, resultando en una pérdida neta de diputados para el bloque en favor del bando contrario y complicando las opciones de Feijoo de llegar a la Moncloa.
El sistema electoral vuelve entonces a ser un factor imprescindible a la hora de trazar la estrategia, pues el PP debe calibrar muy bien a la hora de debilitar a Vox como parece su objetivo en este momento ante la posibilidad de gobernar en solitario. Un error de cálculo podría traducirse en el “sorpasso” de Sumar, invirtiendo los datos que actualmente arrojan la mayoría de las encuestas, según las cuales la formación de Abascal supera entre cinco y ocho escaños a los de Yolanda Díaz, justo los que podrían determinar el signo del próximo gobierno español.
«El sistema electoral español y su distribución en circunscripciones asimétricas crea disparidades en la representatividad de los votantes».
Pues, como hemos dicho antes, un escaño puede requerir hasta cuatro veces más votos en una provincia que en otra, lo que beneficia a aquellas menos pobladas y afecta la proporcionalidad del sistema. Además, los partidos nacionalistas y regionalistas pueden obtener una representación desproporcionada con menos votos debido a su capacidad para concentrar el apoyo en unas pocas provincias.
Estos factores serán especialmente relevantes en las próximas elecciones, donde la lucha por el tercer puesto en provincias con pocos escaños y la movilización de los electores nacionalistas y regionalistas serán determinantes para el resultado final.
En resumen, el sistema electoral español presenta desafíos en términos de proporcionalidad y representatividad. La existencia de diferentes subsistemas electorales y las disparidades en la asignación de escaños en las provincias generan incentivos y efectos diferenciados para los partidos políticos. Además, el voto útil y las estrategias de coalición jugarán un papel importante en la configuración del panorama político español.
Cox, G., & Amorim, O. (1997). Electoral Institutions, Cleavage Structures, and the Number of Parties. American Journal of Political Science.
Instituto Nacional de Estadística (2019). Datos relativos a elecciones a Cortes Generales 2019.
Lago, i., & Lago, S. (2000) El sistema electoral español: una cuantificación de sus efectos “mecánico” y “psicológico”. Revista de Estudios Políticos.
Montero, J., & Fernández, C. (2018) España constitucional (1978-2018). Trayectorias y perspectivas, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
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