Fernando Martínez de Lemos
Comunicador social. Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra
Conforme evolucionan los procesos de comunicación y se transforman los modelos de generación y consumo de contenidos, es fundamental cuestionarse si las instituciones públicas a nivel de cada país evolucionan del mismo modo. En el caso de Costa Rica, la estructura funcional y organizativa de la comunicación pública de gobierno posee grandes oportunidades para adaptarse a la actualidad.
Un análisis en profundidad de la comunicación pública de gobierno de Costa Rica, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es fundamental para identificar la ruta de fortalecimiento y modernización.
Específicamente, la comunicación pública de gobierno se define como “aquella que se desarrolla de manera formal desde la institucionalidad pública para viabilizar la gestión gubernamental, gestionar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, a partir de procesos de diálogo, participación y empoderamiento ciudadano, rendición de cuentas y transparencia”. (Martínez de Lemos, 2024, p. 22).
Es decir, analizar la comunicación desde una perspectiva de comunicación pública de gobierno requiere al menos tres elementos: institucionalidad (democrática), interacción con la ciudadanía y reconocimiento de los derechos comunicativos.
Analizar la comunicación pública de gobierno requiere al menos tres elementos: institucionalidad, interacción con la ciudadanía y reconocimiento de los derechos comunicativos
Como es conocido, los ODS se constituyen como un conjunto de herramientas que apuntan a incorporar a todas las personas posibles en la garantía de los derechos humanos para avanzar hacia la próxima década sin dejar a nadie atrás. Esta denominada Agenda 2030 se compone de 17 objetivos y, actualmente, diversas organizaciones están llamando a la aprobación de un ODS18 que apunta a una comunicación clara, ética y responsable.
Como parte de sus metas, el ODS18 plantea que para 2025 será fundamental consolidar mensajes comprensibles desde la comunicación institucional, impulsar mayor conectividad a internet y consolidar la alfabetización digital. A 2030, la propuesta de ODS incluye metas relacionadas con abordar las normas sociales para la convivencia democrática, la autoría de las tecnologías generativas de las inteligencias artificiales, el desarrollo tecnológico ético, la lucha contra la desinformación, entre otras.
Radiografía de la comunicación pública en Costa Rica
Con el fin de comprender el alcance y la posibilidad de Costa Rica de cumplir con esta implementación de comunicación política es fundamental entender la realidad del entramado institucional, en tres niveles: el directivo, la realidad institucional y la gobernanza comunicacional.
A nivel directivo, es importante señalar que, a diferencia de muchos países, Costa Rica no posee un Ministerio de Comunicación o una Secretaría de Comunicación reconocida a través de su Constitución Política o de alguna ley orgánica habilitante. A nivel simbólico, mediante decreto ejecutivo, se ha establecido la práctica de consolidar el nombramiento de una persona funcionaria pública de confianza con el rango de ministra o ministro, a quien se le dota de un equipo de personas asesoras de la Presidencia de la República. Este equipo se conoce como Ministerio de Comunicación.
A quienes poseen este tipo de nombramientos se les conoce como ministras o ministros sin cartera y poseen menos atribuciones que las de los ministros o ministras de Estado. Su papel depende propiamente del poder simbólico que le otorgan la confianza de quien ejerza la Presidencia de la República, que es a su vez quien decide su permanencia en el puesto, al capital político gubernamental y al rol que la persona gobernante le otorga ante el resto de miembros del Gabinete Presidencial y el Gobierno. Otro aspecto que influye en el rol que ejerce la persona ministra es la personalidad y la habilidad de gestión política que posea. Es decir, la capacidad de influencia de quien ejerce este puesto requiere experiencia política y consolidar las condiciones para garantizar su permanencia.
A nivel institucional, es fundamental identificar que, más allá del Ministerio de Comunicación, existe una grave limitación en cuanto a la capacidad. Un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica denota una desigualdad entre las distintas instituciones públicas propias del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, de un total de 78 instituciones públicas analizadas, se logró identificar que 23 ni siquiera poseen una estructura de comunicación. Solamente siete instituciones concentran equipos superiores a las once personas, únicamente tres superan las treinta personas colaboradoras y aproximadamente el 75% de las instituciones tienen equipos menores a las cinco personas.
En Costa Rica, de 78 instituciones públicas analizadas, 23 ni siquiera poseen una estructura de comunicación
Del mismo modo, el estudio logró identificar que existe una limitación en cuanto a la formación académica de las personas comunicadoras de los distintos equipos. En las 78 instituciones analizadas se logró identificar 284 personas funcionarias en equipos de comunicación. De estas, aproximadamente el 62% posee formación en las áreas del periodismo, relaciones públicas, producción audiovisual, comunicación social y publicidad. Es decir, institucionalmente, las funciones de comunicación en la mayoría de las organizaciones están recargadas en unas pocas personas que, a su vez, poseen poca diversidad de formación.
Esto lleva a cuestionarse también los perfiles de los puestos en materia de comunicación en las instituciones públicas de Costa Rica, tanto porque esta concentración podría indicar una concentración de perfiles poco actualizados y adecuados a la realidad de consumo y producción en las plataformas de comunicación contemporáneas, como porque también podría indicar sobrecargas de una diversidad de funciones en una sola persona.
En todos los casos, la ciudadanía es la que resulta principalmente perjudicada, ya que esto afecta directamente a los productos y la calidad de la información de servicio público. Desde una perspectiva de gestión, esto se traduce también en la limitación real para el desarrollo de una comunicación estratégica para impulsar los intereses gubernamentales.
A nivel de gobernanza comunicacional, es importante destacar que el modelo actual de la comunicación pública de gobierno posee limitaciones respecto al trabajo coordinado en periodos superiores a los cuatro años de mandato constitucional. Esto limita el desarrollo estratégico de acciones relacionadas con derechos comunicativos, como políticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, accesibilidad web, acceso a la información pública, así como la generación de contenidos multimedia y audiovisuales, como sitios web, campañas de comunicación para el cambio social sostenidas en el tiempo o el desarrollo y liderazgo en políticas propiamente de comunicación necesarias, como una política para la asignación no antojadiza de la pauta publicitaria estatal.
La ley no crea normas. Sin embargo, la fragmentación de la comunicación pública de gobierno, así como la inexistencia de una legislación y una política nacional en comunicación, sí permite el desarrollo de un debate público orquestado desde intereses más allá del bien común. En muchas ocasiones, las voces que se oponen a invertir en comunicación desde los gobiernos señalan aspectos como el uso antojadizo de la comunicación para fines mercadológicos o político-partidarios.
Todos estos retos se traducen también en la capacidad institucional para dar respuesta a la desinformación, así como a los controles y la limitación institucional contra la generación de este tipo de contenidos internamente. En definitiva, un análisis integral de los tres niveles planteados pone en perspectiva el gran reto de Costa Rica e invita a debatir democráticamente cuál es el modelo de comunicación pública de gobierno que se quiere, se tiene, se merece y se necesita.
Recomendaciones para Transformar la comunicación pública de gobierno
La investigadora María José Canel destaca que la relevancia de la comunicación no radica en sí misma, sino por el potencial impacto que puede llegar a tener. De tal manera, la comunicación tiene el potencial de ser un instrumento fundamental en el avance estratégico de las intenciones de los gobiernos, así como la gestión de sus relaciones con poblaciones y sectores, generando confianza, legitimidad, satisfacción, reputación, entre otras, pero por sí sola no puede transformar realidades.
La comunicación efectiva requiere decisiones políticas que le brinden músculo para actuar acertadamente y esto tiene una serie de retos. Desarrollar una comunicación clara y comprensible también requiere, al menos, coordinación y capacidad para generar contenidos adaptados a formatos diversos. Aspectos que se dificultan ante la realidad de tener que coordinar con diversos equipos, con capacidades distintas y posibilidades diferenciadas para concretar los objetivos.
Del mismo modo, alcanzar esta meta requiere la posibilidad de generar una comunicación proactiva, que pueda posicionar y desarrollar estratégicamente los distintos intereses fuera del marco coyuntural, así como tener procesos evaluativos que permitan identificar las características y costumbres de consumo de distintos públicos.
Para atender esta realidad es fundamental avanzar hacia la discusión de alternativas. Una de las opciones es seguir el ejemplo británico, a partir del cual consolidar una institución pública para estructurar la comunicación pública de gobierno de cara. El modelo británico tiene el Government Communication Service, un cuerpo del servicio civil especializado en comunicación pública, que brinda servicios de comunicación a las distintas instituciones, consolida una base común para generación de procesos de comunicación de servicio público, propiciando un desarrollo estratégico de los intereses a lo largo del tiempo.
El modelo británico tiene el Government Communication Service, un cuerpo del servicio civil especializado en comunicación pública, que brinda servicios de comunicación a las instituciones
En el caso de Costa Rica se sugiere consolidar una institución pública a cuya cabeza organizacional se le brinde el rango de ministra o ministro de Comunicación, con el fin de seguir garantizando su respuesta a los objetivos estratégicos y políticos gubernamentales, pero también de garantizar un rol directo con el servicio público. Mediante la centralización de recursos de comunicación, esta organización podría contener cinco elementos:
Comunicación estratégica. Puede tener a cargo la generación de estrategias de comunicación, tanto para el posicionamiento de temas de interés público como para atender las propuestas estratégicas de la agenda gubernamental. Su función también debería ser garantizar la verosimilitud discursiva gubernamental a través de la coherencia, consistencia y constancia a lo largo del tiempo.
Interacción ciudadana. Podría incluir la atención de procesos relacionados con fomentar la participación, la transparencia y la rendición de cuentas, así como dar respuesta a las necesidades de información del día a día y atender solicitudes relacionadas con acceso a la información pública.
En Costa Rica se sugiere consolidar una institución pública a cuya cabeza organizacional se le brinde el rango de ministra o ministro de Comunicación
Producción de contenidos. Su función sería la de generar contenidos audiovisuales, lo que puede incluir el proceso de garantía de otros derechos como la accesibilidad de contenidos, la generación y actualización de contenidos con línea gráfica unificada y el desarrollo de productos innovadores de comunicación accesibles a las instituciones públicas.
Oportunidades de formación. Brindaría la posibilidad de formación continua, investigación de tendencias y fortalecimiento de capacidades de comunicación.
Asignación de pauta. Es fundamental garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos en materia de asignación de pauta. De tal forma, este equipo tendría la potestad de impulsar legislación para la asignación y ejecución justa de los fondos de pauta publicitaria pública.
La ciudadanía tiene el derecho de una comunicación de servicio público de calidad, que pueda comprender y le permita involucrarse en los procesos de toma de decisión. Desatender este derecho y mantener en el tiempo estructuras que van quedando en el antaño nos hacen perder terreno ante los retos democráticos que plantea el desarrollo tecnológico, la desinformación y el avance autoritario.
Ante el derecho a entender, la comunicación pública de gobierno tiene el desafío de consolidar propuestas y discusiones que propicien un avance democrático que rompa con la inacción, que es caldo de cultivo para el regresismo, para el despotismo y la violencia. Con el fin de no dejar a nadie atrás, una comunicación pública de gobierno democrática debe evolucionar conforme las dinámicas comunicacionales contemporáneas.
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