Por Carmen Muñoz Jodar, @carmen_mj, Directora Senior de Asuntos Públicos LLYC

Fue allá por 2013 y fue en esta misma Revista de ACOP donde por primera vez hablamos de la geopolítica del lobbying, como el “análisis del centro predominante de decisión política y de las variables que intervienen en su desplazamiento, por las que muchos ya estamos trabajando en la nueva gestión de la influencia, la que llegará en el escenario posterior a eso que llamamos crisis, cuando la nueva realidad se haya licuado del todo y nos hayamos acostumbrado al fin a vivir así, en la incertidumbre…, líquidos, casi gaseosos.” En aquel momento, ni se me había ocurrido iniciar una tesis doctoral ni habían acontecido alguno de los muchos momentos que vivimos después y que han sido una suerte de acelerador de partículas en las relaciones entre la empresa y los gobiernos.

De aquella observación de tiempos raros, de la consecución de días históricos y supuestos puntos de inflexión, de luchas por el relato, de cierta orfandad en la decisión política y tiempos de a­legalidad en muchos sectores fruto de la irrupción de lo digital, de esa nueva sociedad que íbamos tejiendo, por decisión u omisión, nace el interés por tratar de entender si, como parecía, esa geopolítica del lobbying nos conducía un proceso de privatización del debate y del espacio público de decisión, un proceso a través del que asistimos a lo que podríamos considerar el fin del monopolio de la decisión política por parte del Estado, que evoluciona el rol de los grupos de interés y arrincona al ciudadano, reduciendo su alcance al de mero consumidor. Esa fue la hipótesis y el resultado es Geopolítica del lobbying: Hacia la privatización de la decisión política.

En los últimos años, la actividad del lobbying ha vivido un proceso de maduración, profesionalización y sofisticación (ver cuadro 1) llegado a golpe de inestabilidad política, disrupción de todo tipo (no solo tecnológica) y de una creciente obsolescencia regulatoria1 que han ido dibujando un escenario de un Estado cada vez más impotente e ineficiente para cumplir con su misión y de un escenario de políticas públicas y regulatorias cada vez más:

Bajo la lupa de esas siete tendencias se podrían analizar casi cualquiera de las políticas públicas y regulatorias actuales.

Y esas siete tendencias están evolucionando también el propio rol de los grupos de interés. Porque si la característica predominante de estos era que no ejercían responsabilidades de gobierno, pero sí competían con este a través de un ejercicio de influencia, nos encontramos ahora con que ejercen (no les queda más remedio) el poder desde fuera de los márgenes de la política institucionalizada, con el beneplácito y/o la impotencia de esta.

La tesis trata de validarse a través del análisis de tres casos de políticas públicas, las de protección de datos, las del conflicto VTC-Taxi y las de lucha contra el cambio climático a las que se somete a la lupa de ese modelo en transformación. Sirva como ejemplo alguna mención al caso de las políticas contra el cambio climático.

Políticas contra el cambio climático

El problema del cambio climático es el más genuinamente global que aborda la política de nuestro tiempo y revela también las transformaciones y contradicciones en la actividad y la lógica del Estado, en tanto que se ve aquejado por limitaciones técnicas y/o geográficas, que limitan su eficiencia en la decisión, pero sin él no se pueden aplicar las políticas contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático es un ejemplo de política pública técnicamente compleja, que requiere, como señala el sociólogo inglés Anthony Giddens, de una “gobernanza en múltiples capas”, del compromiso público-privado para su consecución y de un equilibrio científico-político en la toma de decisión. Y observamos como hay un intento de institucionalización de la decisión, por el momento fallido, que se fundamenta en una participación voluntaria, diversa y arbitraria de Estados, regiones y operadores privados globales.

El camino político que ha recorrido este tema ha sido largo y en tres fases que han ido desde la irrelevancia a la acción política, pasando por una fase intermedia de construcción de consenso -sin acción- sobre el impacto que el ser humano en las condiciones climáticas y ambientales. En el lado de lo social, por el contrario, el camino está siendo más lento. La transformación del ciudadano en consumidor ha incidido aún más en un proceso orientado a la desideologización del problema, tratando de convertirlo en un problema de índole técnica. A pesar de ello, se ha logrado que forme parte de las principales inquietudes de los c­iudadanos europeos. A ello pueden haber contribuido la cercanía de los desastres naturales (que ya no son un pronóstico de futuro, sino una realidad tangible) y la contribución de líderes carismáticos (Greta Thunberg, como uno de los nombres más recientes) con amplia repercusión social y mediática. A medida que el interés mediático sobre este tema crecía también lo hacía el interés político, aunque la agenda mediática ha sido más reactiva que proactiva a los avances que ocurrían en la agenda social y política del cambio climático. Además, de alguna manera, uno de los motores de esa convergencia entre agendas (social, política y mediática) es sin duda la convergencia entre política y economía. En las políticas contra el cambio climático se ha dado un curioso viraje desde lo ideológico (cuando era enfrentad­o como un reto medioambiental) a lo técnico (ahora que es enfrentando como un reto de transición energética de la industria). Por paradójico que resulte, sin el concurso de los sectores industriales la lucha contra el cambio climático tendría otro ritmo y otra suerte.

Lo que no ha ocurrido aún es que al interés ciudadano por esta cuestión le siga un compromiso individual en su lucha, más al contrario, los avances que se perciben en consumo tienen más que ver con maniobras de marketing que con una conciencia medioambiental sólida. En este tema encaja además bien la denominada cultura NIMBY (Not in my back yard, no en mi patio trasero). Así, podríamos decir que el compromiso social contra el cambio climático parece superior al compromiso individual.

De la ineficiencia a la gestión del Estado de malestar

Los casos revelan cambios fundamentales en la lógica de funcionamiento del Estado contemporáneo. Un largo proceso de desestatalización o desinstitucionalización, más agudo en los casos de las políticas contra el cambio climático y la protección de datos, y algo menos en el del conflicto Uber vs. taxi. Pero un proceso que, en general, daña la legitimidad del Estado y apunta hacia políticas tecnocráticas con menor control -y comprensión- ciudadana. Y aunque la pandemia o la propia invasión de Ucrania por parte de Putin hayan sido analizados como “un regreso del Estado”, lo cierto es que, de darse, es un regreso a prácticas que le eran propias de la segunda mitad del siglo XX. Los Estados siguen sin resolver los fenómenos propios de este siglo para los que se necesitan reglas del juego claras, que protejan los derechos de los ciudadanos y doten de seguridad jurídica mínima que garantice la inversión, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo. El Estado de Bienestar tal cual lo hemos conocido era un Estado propositivo. Hoy, el Estado se ha convertido en un ente reactivo, incapaz de dibujar escenarios de futuro que combinen crecimiento y convivencia y eso convierte al Estado hoy en un mero gestor de malestar social. Desde el fenómeno de la robotización ala plataformización de la economía o la penetración de la inteligencia artificial, el desarrollo de las criptomonedas o tantas otras cuestiones de índole económica que siguen pendientes de reglas del juego que incentive­n la innovación y la inversión sin penalizar los derechos. Y esto convierte en coprotagonistas a los mercados, a los grupos de interés y las empresas, que tendrán que comprometerse, impulsar y participar en la propuesta de ideas (solucione­s) y en la construcción de un nuevo modelo social que ya no puede construirse solo desde lo público. ¿Quién se va a encargar si no de hacer apetecible el futuro?

1 Hasta el punto de que pone en crisis por su creciente disfuncionalidad uno de los instrumentos clave de Derecho: la Ley. Para las democracias basadas en la tradición legal romano-germánica (vs. el commonlaw) la fuente principal de Derecho era la Ley.España, junto con buena parte de los países europeos, es usualmente calificada de democracia hiperregulada. La clave ahora será ver qué alternativas se abren a la ley, donde el Real Decreto-Ley ocupa un criticado lugar protagónico y asoman nuevas formas de relación entre dirigente y dirigido, como el sandbox o la corregulación, o al margen del dirigente, como la autorregulación o los contratos de consentimiento con el cliente final.

2 La impotencia no es nueva, es algo que Bourdieu ya detectaba justo por la relación de dependencia que se produce entre dirigente y dirigido: “…el dirigente está cada vez más dirigido por aquellos a quienes dirige, lo que produce estas paradojas de la impotencia del poder, incluso en los de la apariencia más absoluta” (2014:422).

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