Por Cristina Cartes, @cristina_cartes, mánager de Asuntos Públicos en Adigital

La concentración de poderes en el ejecutivo húngaro con el pretexto de gestionar la pandemia del COVID-19 ha vuelto a colocar al gobierno de Viktor Orbán, una vez más, en el foco de la polémica

El lunes 30 de marzo, el Parlamento húngaro aprobaba la llamada “Ley del Coronavirus” que permite al Ejecutivo gobernar por decreto durante tiempo ilimitado para gestionar la crisis del
COVID-19. Lo hacía gracias a la mayoría de 2/3 del partido del gobierno, Fidesz, en la Cámara. Esta ley no solo dota al gobierno de poderes ilimitados sin ningún tipo de control parlamentario, sino que además suspende todas las elecciones y dispone penas de prisión de hasta cinco años para los periodistas acusados de difundir información falsa.

Aunque nadie duda de que situaciones de emergencia requieren la aprobación de medidas extraordinarias, la falta de una cláusula de suspensión o límite temporal en la ley para poner fin a la concentración de poderes en el e­jecutivo es el aspecto más alarmante tanto para la oposición como para la prensa en Hungría. En el caso de este país, no se trata de un hecho aislado, sino de la construcción de un cimiento más para la edificación de la “democracia iliberal” que Viktor Orbán levanta desde hace ya diez años.

Una década lleva Orbán al frente del país ininterrumpidamente promoviendo cambios legislativos que han generado preocupación en organismos internacionales como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) o el Comité de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas, además de entre miembros de la sociedad civil y académicos.

A lo largo de estos años, la supermayoría de Fidesz en el Parlamento ha conseguido sacar adelante polémicos cambios constitucionales para limitar los poderes del Tribunal Constitucional y ampliar las competencias de los medios de comunicación de titularidad estatal, además de textos legislativos para adelantar la retirada de jueces y fiscales, para rebajar los mecanismos de supervisión de los procesos electorales o para autorizar la interceptación en masa de las comunicaciones de los ciudadanos en pro de la seguridad nacional.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría
Viktor Orbán, primer ministro de Hungría

Otras controvertidas medidas incluyen la restricción del acceso a información relativa al gobierno, reglas más estrictas para las Universidades extranjeras, violaciones reiteradas de la libertad de asociación, de conciencia y culto, así como disposiciones que contemplan penas de cárcel para los individuos o grupos que ayudan a los inmigrantes irregulares.

A esto se suma un estudiado discurso de odio del gobierno hacia minorías, refugiados e inmigrantes.

Si hay algo que no ha cambiado a lo largo de estos diez años es, desgraciadamente, la tímida reacción de la Unión Europea. Más concretamente, de la Comisión y del Consejo. El Parlamento Europeo ha sido, sin ninguna duda, la institución más activa a la hora de analizar y denunciar la deriva autocrática del gobierno húngaro desde 2010. De hecho, en 2018, la Eurocámara activaba, de acuerdo con sus prerrogativas y por primera vez en la historia, el artículo 7.1 del Tratado de la Unión Europea al aprobar un exhaustivo informe que constataba la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión. El Parlamento abría la puerta a la conocida como “opción nuclear” que podría desencadenar en la suspensión del derecho de voto de Hungría en la Unión Europea. Si bien para ello se necesita la unanimidad en el Consejo Europeo que ha sido incapaz de prevenir y condenar la deriva autoritaria del gobierno húngaro. Por su parte, la Comisión, que sí decidió activar el artículo 7 del Tratado en el caso de Polonia, apenas pasa de los procedimientos de infracción y de comunicados de prensa en los que incluso evita pronunciar el nombre del país.

Estos días es muy habitual leer que la ausencia de una respuesta económica y fiscal coordinada de la Unión Europea a la crisis del coronavirus terminará con ella. O que la ausencia de una respuesta firme ante los desvaríos totalitarios de Orbán lo hará. Personalmente, no creo que ni lo uno ni otro lo consigan. Sí lo harán la decepción generalizada y la pérdida de confianza en la razón de ser del proyecto europeo, supuesto abanderado de la protección del Estado de derecho y los derechos fundamentales en el mundo.

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