DIEGO BAYÓN MENDOZA
Socio de Incidencia Pública en Harmon y vocal en la junta directiva de APRI
¿Lanzar una petición de firmas en Change.org es lobby? ¿Y organizar un evento en el espacio de una institución pública? ¿O activar una campaña digital desde una plataforma que reclama un cambio legislativo? No hace falta presentar una enmienda o sentarse con un diputado para poder trasladar propuestas a los gobiernos o participar en el proceso de elaboración de una regulación. Pero ni la fórmula ‘tradicional’ de participar en los asuntos públicos, ni la alternativa más ‘activista’ (que incorpora un plus de legitimidad al involucrar a la ciudadanía), cuentan aún con una regulación en España.
El debate no es nuevo. Durante años se han sucedido diversas iniciativas orientadas a intentar garantizar una mayor transparencia e integridad en la formulación de las políticas públicas, estableciendo así un marco normativo equilibrado para la relación entre lobistas y actores públicos. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los gobiernos de nuestro país había querido abordar de manera integral esta cuestión.
Ni siquiera la entrada de nuevas fuerzas políticas en el hemiciclo permitió sacar adelante una regulación que, mientras quedaba enquistada a nivel nacional, avanzó en diversas Comunidades Autónomas. Pero la proliferación de registros para lobbies en Cataluña, Comunidad de Madrid o Comunidad Valenciana ha terminado generando efectos contraproducentes. La fragmentación de la información en diferentes lugares y la dificultad de no contar con una fuente centralizada de consulta reducen la transparencia en la toma de decisiones y han establecido ‘barreras de entrada’ para que organizaciones sin ánimo de lucro o con menores recursos puedan realizar incidencia ante las instituciones.
La anomalía española no ha pasado desapercibida en Bruselas. Durante todo este tiempo, diversos organismos internacionales han instado a España a regular las actividades de los grupos de interés. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, en su Cuarta Ronda de Evaluación, recomendó a España mejorar la transparencia en las interacciones entre parlamentarios y grupos de interés. También lo han hecho la Comisión Europea en su informe sobre el Estado de Derecho en España y la OCDE en sus directrices sobre Transparencia e Integridad en el Lobby.
2025, ¿el año que puede cambiarlo todo?
Sin embargo, con el arranque del nuevo año parece que finalmente se están dando pasos decisivos hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso de participación en las políticas públicas. Hace tan solo unos días, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, enmarcado en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024.
La iniciativa, que si finalmente se aprueba durante su trámite parlamentario sería la primera que regule las interacciones entre los lobbies y los titulares de puestos públicos en la Administración General del Estado, incluye entre sus principales medidas la creación de un Registro de Grupos de Interés obligatorio y público. Además, todos los proyectos normativos deberán acompañarse de un informe de ‘huella legislativa’ que detalle todo el proceso de participación pública y las interacciones que se hayan podido producir durante la elaboración de la norma.
En paralelo, el Congreso de los Diputados ha impulsado el I Plan de Parlamento Abierto, una iniciativa que busca fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el ámbito legislativo. La nueva hoja de ruta, que pretende hacer más accesible la información, incorpora medidas como la publicación de las agendas de los diputados y sus reuniones, las actas de las reuniones de la Mesa o las enmiendas transaccionales. También planea publicar la ‘huella legislativa’ de todas las iniciativas tramitadas en el Congreso.
Estas dos iniciativas marcan un punto de inflexión en la forma en que se gestionarán las relaciones entre los grupos de interés y las instituciones en España. Todos los avances que se produzcan en esta dirección contribuirán a la normalización de una actividad fundamental en nuestra democracia: que diversos actores (empresas, pero también organizaciones no gubernamentales, sindicatos, plataformas ciudadanas o patronales), puedan expresar sus preocupaciones, propuestas e intereses a los responsables políticos para enriquecer los procesos de elaboración de las políticas públicas.
Todos los avances contribuirán a la normalización de una actividad fundamental en nuestra democracia
El lobby, a la luz. ¿Qué cambiará en la nueva etapa?
La aprobación de estas medidas supondría cambios significativos en la manera en que los expertos en asuntos públicos, comunicación e incidencia política desarrollamos nuestra profesión en España. Pero sería un cambio a mejor que, de hecho, los propios profesionales llevamos años reclamando. Disponer de un marco jurídico en el que poder desarrollar nuestra actividad permitirá fomentar un diálogo ético, transparente y justo entre sector público y sector privado; contribuirá a fomentar la participación ciudadana y fortalecerá la confianza en las instituciones. Y todo ello mejorará la percepción pública y aumentará la legitimidad de una profesión que, a veces, ha estado bajo sospecha.
Todo mejorará la percepción pública y aumentará la legitimidad de una profesión que, a veces, ha estado bajo sospecha
La creación de un registro dará a conocer, por primera vez a nivel nacional, quiénes son, a quién representan y cuáles son los objetivos de todos los grupos de interés en España. Ponerles ‘cara y ojos’ a los 28.000 lobbies que, según los cálculos del Ejecutivo, operan en nuestro país. Y esta formalización podría servir para profesionalizar aún más la actividad, lo que a su vez redundará en un mayor grado de cumplimiento de los estándares de transparencia establecidos, limitando (y sancionando) progresivamente a quienes no los respeten.
Para ello es necesario que el registro sea obligatorio y que se inscriban, sin excepción, todos los actores que pretendan ejercer influencia en la toma de decisiones públicas. En ese sentido, el Proyecto de Ley considera también como lobbies a aquellas agrupaciones sin personalidad jurídica como las plataformas, los foros, las alianzas y otras formas de actividad colectiva que lleven a cabo actividades de incidencia pública orientadas a influir (aunque sea de forma indirecta) en los responsables públicos. Sin embargo, deja fuera a sindicatos o patronales. ¿Acaso no tienen que estar también sometidos a la misma regulación y al mismo Código de Conducta que el resto de actores del sistema político?
La exigencia de informes de ‘huella legislativa’ accesibles públicamente, que documenten la participación y contribuciones de los grupos de interés en el proceso normativo, otorgará mayor capacidad de anticipación a la evolución de las políticas públicas. Las estrategias de incidencia podrán ajustarse en tiempo real, en función de qué organizaciones y con qué intereses hayan participado en el debate, para abordar ámbitos poco cubiertos o reforzar argumentos menos fundamentados. También ofrecerán un mayor margen para poder evaluar posibles impactos en los modelos de negocio, elevarán el nivel de las aportaciones remitidas y permitirán entender mejor lo que hacen el resto de partes interesadas.
Las estrategias de incidencia podrán ajustarse en tiempo real
Por otro lado, la publicación de las agendas y la mayor transparencia en la actividad del Congreso promoverán una mayor participación ciudadana, lo que ayudará a ampliar el espectro de actores involucrados en el proceso legislativo. Todo ello contribuye a impulsar la igualdad de trato y la equidad de acceso en el contacto con los diputados y los representantes públicos, que abrirán más el abanico de voces que escuchan en el proceso de elaboración de cada norma.
Un consenso parlamentario para fomentar la confianza en las instituciones
En conclusión, la nueva etapa que se abre con la posible aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés y del I Plan de Parlamento Abierto, representa una oportunidad histórica para consolidar una cultura de transparencia, integridad y participación pública en España. Por eso es fundamental que el conjunto de las fuerzas políticas se esfuerce en encontrar consensos en la tramitación del texto en el Parlamento para ayudar a lograr la aprobación definitiva de una regulación necesaria para fortalecer el tejido democrático del país.
Es fundamental que el conjunto de las fuerzas políticas se esfuerce en encontrar consensos en la tramitación del texto
Los acuerdos parlamentarios amplios, que hoy parecen más difíciles de alcanzar que nunca, tampoco han sido tradicionalmente fáciles a la hora de regular la actividad de los grupos de interés en España. Pero en un momento en el que todos los datos muestran cómo la desafección ciudadana hacia la política y las instituciones no deja de aumentar, especialmente entre los jóvenes, la transparencia es el mejor camino para empezar a recuperar la confianza perdida.
La transparencia es el mejor camino para empezar a recuperar la confianza perdida.
Garantizar que los ciudadanos puedan conocer quiénes participan en la formulación de las políticas públicas y en qué medida, no solo mejorará la calidad de la legislación; también incentivará que se involucren activamente en los asuntos públicos y mejorará su percepción sobre las instituciones. El camino hacia una mayor transparencia en la actividad de los grupos de interés ha sido largo, pero parece que finalmente España está dando pasos decisivos en la dirección correcta.
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