Por Tania Brandariz Portela, @brandariz_tania, Doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid y Roxana Popelka, Profesora de Sociología, Universidad Complutense de Madrid

La llegada de las mujeres a los puestos de poder, en los recientes años ochenta, es fruto de la articulación de la teoría feminista. No se trata de una cuestión espontánea, porque cuenta con cuatro siglos de historia y teoría política a espaldas. Al hablar de comunicación política con perspectiva de género, es imprescindible reparar en las dos caras de la misma moneda: la cuestión material y la simbólica. Por un lado, los estudios sobre la representación de las mujeres políticas apuntan que su imagen se construye sobre los estereotipos sexistas.

Este ‘ser mujer’, lo que denominamos como género, se moldea y transmite a través de actores sociales como los medios de comunicación. Por otra parte, no debemos cejar en la necesaria implementación de la ‘agenda feminista’. La paridad se convierte en un arma de doble filo porque no se traduce necesariamente en mejores condiciones de vida para las mujeres. La presencia de las mujeres es necesaria porque es un mandato democrático, pero no implica la consolidación de los derechos en nuestro país, ni tampoco más libertades para las mujeres. Esto se produce con ‘políticas feministas’.

Las feministas radicales de los años 70 teorizaron la necesidad de romper la h­istórica división entre el espacio público y el privado, fundadora del contrato social. Fueron ellas las que explicaron que esta distinción antagónica servía a los intereses del patriarcado, material y simbólicamente. Rosseau entendió que igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa eran para todos, menos para la mitad de la humanidad. La división entre el espacio público y el privado excluyó a las mujeres del poder, relegándolas al hogar. Esta cuestión vino acompañada de todo un imaginario simbólico. De esta forma, el espacio público quedó ligado a la razón y a la toma de decisiones; el privado a la emoción, estrecha-mente relacionada con los cuidados.

Las feministas radicales teorizaron la política (Millet, 1970) como el resultado de una relación de dominio y subordinación, esto es, una relación de poder. Con el argumento de «lo personal es político» se pudo explicar así la violencia contra las mujeres, del mismo modo que todas las cuestiones que se habían considerado como personales. Por lo tanto, analizar la realidad social implica entender que la estructura no es sino la interrelación de estos dos espacios; y que estos todavía se construyen sobre un imaginario atravesado por la categoría sexual.

En España, las mujeres nos hemos incorporado al mercado de trabajo y hemos ocupado puestos de poder en empresas y en partidos políticos. En la actualidad, si bien no se nos excluye de forma explícita de la esfera pública, sí simbólicamente. En el estudio de la comunicación política reparamos en esta cuestión. Las investigadoras de este campo concluyen que las prácticas mediáticas despolitizan a las mujeres, es decir, las devuelven a la esfera privada (Bernárdez, 2010). Como hemos apuntado, en sociedades formalmente igualitarias debemos reparar en la necesaria consolidación de los derechos y libertades, pero también en el mundo de lo simbólico. Es urgente prestar atención a la representación de los sexos que se hace desde la industria de la creación, con especial hincapié en los medios de comunicación (Fernández, 2018). En política, las mujeres son presentadas por estos actores de manera reiterada como «ser para otros» (Beauvoir, 1949) es decir, en su relación con los varones; aparte, son ‘o­bjetualizadas’, porque en numerosas ocasiones no se realiza una construcción de su identidad en relación al trabajo, sino a su cuerpo, atuendo o aspecto. Esto conlleva, inevitablemente, que se las adscriba al mun-do de lo privado.

La profesora Asunción Bernárdez ejemplifica la representación sexista de las mujeres políticas con el posado de Soraya Saenz de Santamaría en su sofá. La líder tuvo que argumentar, ante el ‘es-cándalo’, que se trataba de una fotografía personal. También muestra la investigadora a Carme Chacón cuando decidió ponerse un pantalón y la etiqueta exigía que fuese una falda. Bernárdez explica la representación mediática de las mujeres a través de la teoría de Bateson del doble vínculo: las mujeres deben limitar su feminidad porque entonces no serán aptas para el ejercicio del poder, pero a la vez, las que evitan mostrarse como femeninas entran en el imaginario de mujeres ‘con adjetivos’. Por ejemplo, de Angela Merkel, a la que se refieren en reiteradas ocasiones sin mención a su apellido, dijeron que en el pasado había sido una ‘chica divertida‘. Esto nos dice, implícitamente, que si tienes poder y eres mujer se da por hecho que entras en la categoría de ‘aburrida’.

A Margaret Tatcher la definieron como ‘la dama de hierro’. Recientemente, ABC tituló un artículo dedicado a las ministras y ministros del Gobierno de Pedro Sánchez con: “El guardarropa de las ministras de Sánchez”. El escrito comenzaba diciendo que “es inevitable que los atuendos de los nuevos miembros del Gobierno causen interés, sobre todo si se trata de mujeres”. La investigadora Nuria Fernández (2018) apunta que las mujeres políticas obtienen una visibilidad menor que los varones no tanto por el género, sino por la cartera que ocupan. No obstante, la cartera que ocupan está condicionada por los estereotipos sexistas. ¿Cómo salir del bucle?

Al inicio de este artículo, nos preguntamos si la paridad se traduce necesariamente en mejoras en la vida de las mujeres. Cuestionamos también si podemos hablar de comunicación política no sexista mientras los medios de comunicación continúen perpetuando una construcción del ‘ser mujer’ sobre los estereotipos, roles y mandatos que recaen sobre ellas por el hecho de serlo, relegándolas a la subordinación sexual.
Entendemos que los partidos políticos deben reparar en la agenda feminista, que se sustenta en cinco aspectos (Miyares, 2012). En primer lugar, dice la filósofa, una educación no diferenciada entre varones y mujeres, que es la base de nuestras democracias. Continúa con el derecho al poder, esto es, la paridad, hasta llegar a los derechos sexuales; desde el aborto, la prostitución o la pornografía. También debemos atender al derecho al trabajo y a la independencia económica.

Por último, como mínimos de esta agenda (Miyares, 2012), el derecho a una vida sin violencia. Una violencia que debe erradicarse, primero, trayendo al debate político todas las formas de explo-tación de las mujeres por el hecho de serlo y después, no incurriendo en la representación de las mujeres sobre los estereotipos sexistas, lo que denominamos como el género. No habrá igualdad real mientras no rompamos con los roles y mandatos que nos muestran como un ‘ser para otros’ adscrito a la premisa histórica del patriarcado: el poder no es cosa de mujeres (Bernárdez, 2010). No habrá igualdad real mientras la agenda feminista no se comprenda como una cuestión de primer orden; como la liberación de la opresión de la mitad de la humanidad.

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