Por Paloma Piqueiras @palomapiqueiras Investigadora en Dpto. Teorías y análisis de comunicación de la Universidad Complutense de Madrid

Como todos los derechos fundamentales, el derecho a la información es inherente a la dignidad del ser humano. Así es reconocido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y, desde el año 2015, también por la UNESCO. En el documento de proclamación del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información se explica que su cumplimiento es determinante para el funcionamiento democrático de las sociedades y para el bienestar de los ciudadanos.

El problema viene cuando varios años después de haber alcanzado ese estatus jurídico el acceso a la información sigue encontrándose con numerosos obstáculos que impiden su plena realización. El principal, según la UNESCO, reside en los enrevesados mecanismos de acceso, excesivamente formales y burocráticos, con plazos extensos y/o tarifas elevadas. Desde luego, el organismo internacional se está refiriendo a los mecanismos más tradicionales y, por tanto, quizás algo desactualizados.

En el nuevo ecosistema digital cabría pensar que internet ha podido influir positivamente en la situación. Más aún cuando parece haber un consenso en que gracias a esta herramienta existe un espacio que empodera a los usuarios para crear, difundir y compartir información. Sin embargo, las últimas evidencias, también permiten presentar a internet como un catalizador de maliciosa desinformación en forma de posverdad o fake news.

En este escenario se mantiene viva una pregunta: ¿cómo pueden las instituciones asegurarles a los ciudadanos el libre acceso a la información? En segunda instancia, podríamos cuestionar también si los poderes públicos están ofreciendo a la población todas las herramientas necesarias para propiciar una sociedad más libre y consciente y si han abierto los canales de comunicación correctos con sus públicos.

Este es uno de los debates que se plantearon en el Congreso de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (IAMCR, por sus siglas en inglés) que se celebró del 7 al 11 de julio en Madrid. La sede central fue la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, donde participaron 1.700 ponentes de 104 países distintos.

La contundente respuesta de la comunidad profesional y académica a la cita, así como el récord histórico de inscripciones (casi 4.000) confirman el interés que hoy en día provoca la comunicación política. Además, fortalece la noción de que el mundo académico sigue concienzudamente preocupado por el desarrollo conceptual y estratégico de la misma, mientras que el entorno profesional va ganando cada vez más relevancia en el espacio de los partidos políticos y las instituciones públicas.

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