En el día a día del trabajo que realizo como consultor de Asuntos Públicos, me encuentro con bastante asiduidad con la pregunta que encabeza este artículo: “¿de verdad merece la pena ir al Congreso? Si el Gobierno hace lo que le da la gana”. En este artículo quiero romper esta reputación del Parlamento de tener poca relevancia en la toma de decisiones públicas y explicaré en qué suele consistir un trabajo de lobby habitualmente. A continuación, veremos un método de anticipación de los riesgos regulatorios que evite tener que reaccionar ante una nueva regulación que no preveíamos.

Cristóbal Herrera, Gerente de Asuntos Públicos de Llorente & Cuenca España.

La complejidad del sistema político actual nos obliga a los expertos en Asuntos Públicos a hacer una doble labor. Primera, de pedagogía hacia las organizaciones a las que prestamos servicios sobre el proceso de toma de decisiones políticas. Segunda, de adecuar las horas dedicadas por la organización al retorno esperado, tanto de negocio como de reputación. En ambos casos, es clave un buen uso de la información y su análisis, es decir, de la inteligencia.

Un buen servicio de inteligencia y análisis político ayuda a entender los procesos formales, identificar a los actores políticos clave y anticipar riesgos regulatorios para cual­quier sector.

Cuando nos enfrentamos a un problema regulatorio sobrevenido, ni quedarse en el Gobierno ni hacer un recorrido completo por todos los actores políticos implicados cobra sentido en ningún programa de lobby. Es preciso centrarse en los actores más relevantes. Un buen análisis reduciría el número de reuniones a menos de diez junto con algunas conversaciones telefónicas más.

¿Cómo detectar cuáles son estos actores re­levantes? En el Gobierno suele ser más sencillo por cuanto la autoridad tiende a ir con el cargo. Aunque tampoco es cierto al cien por cien.

Sobre los actores parlamentarios, lo pri­mero que hay que conocer son los procesos formales e informales. El seguimiento de lo que ocurre en la actividad diaria nos indica cuál es la práctica. Esto nos ayudará a no caer en errores como asumir que un tema de turismo lo llevará el primer portavoz que veamos en el listado de la Comisión. En la Comisión de Industria, Energía y Turismo hay portavoces diferentes para Industria, Energía y Turismo (e incluso para Sociedad de la Información) en varios grupos parlamentarios.

Si somos capaces de tener un relato creíble, adaptado al interés general y contado en el marco de cada uno de los interlocutores, las posibilidades de conseguir nuestros objetivos aumentarán. Con este modo de proceder, aseguraremos un buen flujo de información sobre qué se está cociendo en la toma de decisiones sobre nuestra in­quietud y, posiblemente, tengamos éxito. La presión de algunos grupos parlamentarios (incluido del que apoya al Gobierno) junto con la necesidad de no aprobarlo todo en solitario, puede que consiga que el ministro o secretario de Estado de turno acepte la modificación que proponemos.

La organización estará tranquila dedicada a otras tareas hasta que vuelva a surgir otra regulación que nos afecte y toque reaccionar de nuevo.

¿Y por qué no nos anticipamos en lugar de tener que estar reactivos? Las decisiones adoptadas por el Gobierno no parten de la nada. Existe una conversación previa en la que participan numerosos actores y que, en un momento dado, es asumida por un decisor.

En esta conversación previa, vemos trabajos académicos, informes de sociedades científicas, escuelas de negocio, think tanks, grupos de trabajo de los partidos políticos, reportajes de medios de comunicación y, por supuesto, la labor de los miembros de la Administración y del Parlamento.

Hacer un seguimiento exhaustivo de qué está ocurriendo en esta conversación previa nos llevaría a tener un monitoreo con una cantidad de información inabarcable. La opción más habitual es realizar un seguimiento de los medios de comunicación, es decir, el clipping de prensa. Otra cosa será si tenemos capacidad de analizar si un determinado tema, por el hecho de aparecer en prensa, hará que el Gobierno decida actuar o no.

Como consultor, tengo la necesidad de encontrar un mecanismo que de mayor fiabilidad al riesgo que existe de que el Gobierno decida legislar. Después de ir buscando, el clipping de prensa me parece un método válido, pero que requiere de una buena dosis de análisis. Y, en muchos casos, no da la suficiente anticipación cuando se limita a pu­blicar directamente las declaraciones de un ministro de que va a aprobar una reforma concreta.

El Parlamento nos ofrece un indicador más concreto y certero sobre el riesgo regulatorio. En el Congreso y el Senado se crea opinión pública y, también, opinión política. El que un grupo parlamentario empiece a registrar iniciativas sobre un sector es indicativo de dos situaciones a tener muy presente. Primero, está marcando posición del grupo de cara al futuro. Circunstancia más relevante si tiene posibilidades de ser un partido de Gobierno o apoyo del Gobierno en el futuro. Segundo, está mostrando que algún grupo de interés está moviéndose para lograr un determinado objetivo (coincidente con el nuestro o no).

La multiplicación de iniciativas parlamentarias puede ser también una reacción a informaciones que han ido apareciendo en medios. En todo caso, servirá para que los medios continúen o empiecen a focalizarse en el sector.

¿Cómo podemos anticipar un riesgo regulatorio siguiendo la actividad parlamentaria? Por simplificar, hablaré de riesgo regulatorio referido a sectores empresariales en lugar de centrarnos en un tema concreto.

En mi opinión, existen dos variables principales a estudiar: la posición en la agenda política y la valoración parlamentaria sobre el sector.

La posición en la agenda nos la indicará el número de iniciativas que se han registrado sobre el sector. El volumen de iniciativas que se registran mensualmente es muy alto. Por ejemplo, en octubre de 2014 se registraron en el Congreso de los Diputados un total de 2.866 iniciativas entre preguntas, mociones, proposiciones de Ley y no de Ley…

La valoración parlamentaria sobre el sector nos lo indicará un análisis de cada una de las iniciativas. No todas las iniciativas “valen” lo mismo. Una pregunta para respuesta escrita significa que el interés real del diputado o senador es muy bajo. Esforzarse en elaborar una proposición de Ley articulada prueba que el interés es real. Tampoco indica el mismo riesgo regulatorio una iniciativa del grupo mayoritario (que siempre contará con la aprobación previa del Gobierno) que una de un representante de un partido minoritario y con escasa conexión con el resto de fuerzas parlamentarias. Incluso en medio del debate soberanista, una iniciativa de CiU o PNV tiene más capacidad de ser asumida por el Gobierno que una de UPyD.

Haciendo una ponderación correcta de las dos variables (posición y valoración), se puede dibujar una matriz de riesgos regulatorios dividida en cuatro áreas.

• Área 1.El sector está en una posición baja en la agenda y cuenta con valoración positiva.

• Área 2. Posición baja en la agenda y valo­ración negativa.

• Área 3. Posición alta en la agenda y valo­ración positiva.

• Área 4. Posición alta en la agenda y valo­ración negativa.

En la mayoría de los casos, las organizaciones se sienten más cómodas en una si­tuación de estabilidad regulatoria. Partiendo de esta premisa, la posición dentro de la matriz se interpretaría del siguiente modo.

En el área 1 nos encontraríamos en el área objetivo. Los políticos no muestran especial interés en nuestro sector, lo que se refleja en un escaso número de enmiendas. Además, la valoración que se desprende de esas mismas iniciativas es positiva. Podemos estar tranquilos porque no existe un riesgo inminente de regulación. Si fuera así, al menos, el grupo que apoya al Gobierno comenzaría a tratar el tema. Recomendaría al interesado a seguir con la monitorización de la actividad parlamentaria y, si acaso, hacer un plan de relaciones institucionales de bajo perfil. Este plan establecerá un diálogo abierto con los decisores por si surgiera en el futuro un problema.

En el área 2, entraríamos en un área de observación. Existe escaso interés con un bajo volumen de iniciativas. No obstante, estas iniciativas dan una imagen negativa del sector. Es posible que, si se ve rentabilidad electoral por parte de otros grupos, esta imagen negativa se extienda y el debate político comience a tomar un interés creciente para afrontar una situación concreta en nuestro sector. Puede que creamos que la situación no reviste importancia porque simplemente se trate de un grupo político (incluso un solo diputado) con interés contra nuestro sector. No hay que menospre­ciar la capacidad de contagio a otros grupos. Recomendaría una monitorización junto con un plan de relaciones institucionales que abarque a más actores. De este modo, anticipamos esa posible expansión de la imagen negativa.

El área 3 la considero un área de alerta. Un número muy alto de iniciativas, aún siendo positivas, muestra un interés excesivo en este sector por parte de los políticos. Este interés puede hacer que el Gobierno sienta la necesidad de regular para dar respuesta a las cuestiones que se plantean en el Parlamento. Pero también es posible que algunos grupos vean como estrategia electoral la necesidad de diferenciarse de la opinión mayoritaria e iniciar un debate en negativo sobre el sector. El salto al área 4 debe evitarse. Recomiendo continuar con la monitorización y elaborar un plan de asuntos públicos que trate de relajar la atención hacia el sector y evitar que algún diputado o senador vea como una oportunidad lanzar un debate negativo.

El área 4 es un área crítica. El riesgo de una regulación negativa es inminente. Es posible que haya habido un tema coyuntural que haya llevado al sector hacia esta área 4. Por ejemplo, el caso de contagio de ébola en octubre produjo numerosas críticas no solo hacia el Gobierno sino también hacia la actitud de empresas farmacéuticas o hacia la gestión privada de los hospitales. Los partidos rebajaron el nivel de tensión pasado el tiempo. Si se hubiera continuado en los siguientes meses, el riesgo se mantendría alto. Si la posición en esta área 4 no es coyuntural, sino que se mantiene en el tiempo, es necesario poner en marcha un plan de Asuntos Públicos amplio que contrarreste la presión ejercida desde el Parlamento.

Esta matriz y su evolución nos permiten un análisis del riesgo regulatorio afinado en muchos casos. Por ejemplo, me atrevo a afirmar que no existe riesgo de regulación a nivel nacional sobre pobreza energética porque este issue se ha mantenido desde el inicio de la legislatura en el área 2, que he llamado área de observación. Si una organización tuviera interés en que se regulase al respecto, debería poner en marcha un plan para movernos desde la posición 2 a la 3 y, de ahí, a la 4.

Por supuesto, este tipo de mecanismo sistematizado es un buen mecanismo general de análisis. Pero nunca podrá sustituir por completo al análisis personal que realice el consultor, al contacto personal con los actores implicados y al contraste de la información con otro tipo de métodos.

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