El pasado mes de julio nos hacíamos eco de la “Tercera Ronda de Evaluación”, dentro del Segundo Informe de Cumplimiento en España”, del Informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que hacía una serie de recomendaciones sobre la financiación de los partidos políticos.

EL 15 de enero del presente año se publicaba la “Cuarta Ronda de Evaluación” que atendía a la prevención de la corrupción en relación con los miembros del Parlamento, jueces y fiscales.

En este informe se reconocen importantes avances realizados por el Parlamento español en la transparencia del proceso legislativo y en la rendición de cuentas de los parlamentarios. Sin embargo, como conclusión del documento, urge a las autoridades a restaurar la confianza en las instituciones políticas y judiciales y plantea 11 recomendaciones a España para mejorar la independencia institucional, cuyo cumplimiento será evaluado en el segundo semestre de 2015. Las principales son las siguientes:

En cuanto a los miembros del Parlamento, para diputados y senadores solicita que se desarrolle un código de conducta de fácil acceso para el público que incluya orientaciones sobre cuestiones éticas y prevención de conflictos de intereses, regalos y otros beneficios, y que se complemente con medidas prácticas para su aplicación así como actividades de formación y asesoramiento. También solicita que se introduzcan normas que regulen la relación entre los miembros de las Cámaras y los grupos de presión que tratan de influir en el proceso legislativo. Así como que se tomen medidas adecuadas para garantizar su control eficaz.

En cuanto a los jueces, recomienda que se lleve a cabo una nueva evaluación del marco legislativo que regula el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real percibida con el fin de corregir las deficiencias existentes y exhorta a España a adoptar un código de conducta, de fácil acceso público para los jueces. Asimismo, recomienda que la ley que rige el nombramiento de los rangos más altos de la judicatura (presidentes de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales) establezca criterios objetivos de independencia, imparcialidad y transparencia.

En lo relativo al nombramiento de fiscales, el Greco pide a España que reconsidere el método de selección y el tiempo de permanencia en el cargo de los miembros de la Fiscalía General del Estado y que aumente la transparencia de los canales de comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno. Asimismo, el informe requiere a España a estudiar nuevas formas de proporcionar mayor autonomía en la gestión de los medios al servicio de la fiscalía y pide que las autoridades desarrollen un marco legislativo específico sobre las cuestiones disciplinarias del Ministerio Público con garantías de imparcialidad y eficacia.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) se constituyó en 1999 en el ámbito del Consejo de Europa con la finalidad de controlar el cumplimiento por los Estados de las normas anticorrupción adoptadas en la Organización, con el objetivo de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra la corrupción mediante un procedimiento de evaluación y de seguimiento de las prácticas adoptadas en cada caso. En la actualidad, GRECO está integrado por 49 Estados miembros (48 europeos y EEUU).

 

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