Transformando espacios públicos en expresión ciudadana
Rafael Rubio
Catedrático de Derecho Constitucional de la UCM y exconsultor político
Las próximas elecciones europeas se celebran en un ambiente de guerra en Europa. Esta se desarrolla en territorio ucraniano pero, desde hace ya un tiempo, tiene también su campo de batalla en las redes sociales, donde invasores e invadidos reivindican la legitimidad de su causa y ponen todos los recursos en lograrlo. La próxima gran batalla se librará durante los próximos meses y tendrá como objetivo influir en el proceso electoral que se celebrará en los 27 Estados miembros para favorecer las opciones políticas más favorables o, al menos, deslegitimar el propio proceso. El tamaño de la elección y la autonomía organizativa de cada país, junto con la vinculación de todas ellas -contempladas como un solo proceso-, crean desafíos únicos para quienes tienen la tarea de garantizarlas y convierten el proceso en una prueba de fuego para la Unión Europea, cuya fortaleza o debilidad se juzgará en función de la capacidad de cada país para garantizar la integridad del proceso.
Uno de los campos de batalla será el de la desinformación y las interferencias externas, una amenaza global que desde hace años está presente en la inmensa mayoría de los procesos electorales. A pesar de la conciencia global de la gravedad de la amenaza, hasta la fecha no se han encontrado respuestas eficaces, por eso el resultado de esta batalla afecta no solo a los países miembros, sino a todos aquellos que, en cualquier lugar del mundo, celebren elecciones en los próximos años.
Uno de los campos de batalla de las elecciones europeas será el de la desinformación y las interferencias externas
Las medidas se desarrollan en el contexto del Plan de Acción para la Democracia Europea aprobado en 2020, que busca “capacitar a los ciudadanos y aumentar la resiliencia democrática en toda la Unión, promoviendo unas elecciones libres y justas, reforzando la libertad de los medios de comunicación y luchando contra la desinformación”. El Plan se ha ido desarrollando por fases, con hitos en noviembre de 2021 y diciembre de 2023, y ha contado con la colaboración del Parlamento Europeo, especialmente en la lucha contra la interferencia extranjera y la desinformación, a través del trabajo de sucesivas Comisiones Especiales sobre la materia.
Entre las medidas del Plan de Acción, destacan:
El Código de buenas prácticas frente a la desinformación, aprobado en 2022, que sustituye y refuerza el de 2018 y ha sido suscrito por 34 entidades, incluidas plataformas en línea, agencias de publicidad, verificadores de datos, academia y organizaciones de la sociedad civil. Entre sus 44 compromisos y 128 medidas destacan la desmonetización de la difusión de desinformación, la garantía de la transparencia de la publicidad política, la reducción del comportamiento inauténtico utilizado para difundir desinformación, la cooperación con los verificadores de datos y el acceso de los investigadores a los datos. Dentro del grupo de trabajo creado para dar seguimiento a su puesta en marcha destaca también la creación de un Centro de Transparencia, que recoge los informes de las plataformas que forman parte del mismo.
El Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política, recientemente aprobado, aumenta las obligaciones de transparencia de la publicidad política, que debe identificarse como tal y ofrecer información básica sobre el patrocinador, la elección a la que están vinculados, el importe invertido y las técnicas de segmentación utilizadas. Además, restringe para este tipo de publicidad política la microsegmentación, que a partir de ahora solo podrá realizarse con datos recopilados directamente del sujeto, con su consentimiento, explícito y distinto, para este uso. Además, prohíbe en todo caso la utilización para esta microsegmentación de datos personales considerados de categoría especial, como los que afectan a la raza, la etnia o las opiniones políticas. Por último, y para evitar injerencias externas, prohíbe la contratación de publicidad por parte de organizaciones de terceros países durante los tres meses previos a la votación.
El Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política aumenta las obligaciones de transparencia de la publicidad política y restringe la microsegmentación
La Ley de Servicios Digitales (DSA) también tiene un efecto directo en las elecciones al regular la moderación del contenido en línea y armonizar las regulaciones nacionales relativas al contenido ilegal, la publicidad y la desinformación. En concreto, se establecen mecanismos que permitan a los usuarios reportar estos contenidos, se garantiza la impugnación de las decisiones tomadas por los moderadores de las plataformas y se refuerza la transparencia de las mismas, incluyendo, por ejemplo, la de los algoritmos utilizados para recomendaciones.
Para las plataformas de muy gran tamaño, que alcanzan a más del 10% de la población de la UE, se establece explícitamente la obligación de mitigar los riesgos sistémicos relacionados con los procesos electorales, lo que ha dado lugar a una serie de recomendaciones específicas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que incluyen reforzar sus procesos internos en función al riesgo potencial -mejorando así su capacidad de mitigación ante estos comportamientos-, aplicar medidas de reducción del riesgo, promover la información oficial sobre los procesos electorales, iniciativas de alfabetización mediática, adaptar sus sistemas de recomendación para capacitar a los usuarios y reducir la monetización, así como la viralidad de los contenidos que amenazan la integridad de los procesos electorales.
Además, la publicidad política debe etiquetarse claramente como tal, en línea con el nuevo Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política, y señalar expresamente, cuando se produzca, el uso de IA generativa. Se insta a la cooperaración con las autoridades nacionales y de la UE, expertos independientes y organizaciones de la sociedad civil, especialmente con el Grupo de Trabajo del Observatorio Europeo de los Medios Digitales (EDMO). Por último, se recomienda adoptar un mecanismo de respuesta a incidentes que puedan tener un efecto significativo en el resultado, o la participación electoral y la evaluación de la eficacia de las medidas mediante revisiones postelectorales, lo que fomenta el control por terceros para garantizar que las medidas aplicadas sean eficaces y respeten los derechos fundamentales.
La publicidad política debe etiquetarse claramente como tal y señalar expresamente, cuando se produzca, el uso de IA generativa
En lo que se refiere a los medios de comunicación, que también afectan a las elecciones, se ha aprobado recientemente la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, según la cual todos los medios informativos —independientemente de su tamaño— tendrán que publicar en una base de datos nacional la identidad de sus propietarios, también si son parcial o totalmente de titularidad pública. De la misma forma, los medios tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o en forma de subvenciones, incluidos los procedentes de terceros países. Estos fondos deberán asignarse mediante criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios.
Además, se establecen una serie de medidas para procurar la independencia editorial de los medios de comunicación públicos, así como criterios para su financiación, que deberá ser transparente y basada en procedimientos objetivos, además de sostenible y previsible. Por último, como forma de protección de los medios se introduce un mecanismo para evitar que las grandes plataformas restrinjan o eliminen arbitrariamente contenidos de los medios por incumplimiento de sus condiciones. Este mecanismo las obliga a distinguir los medios independientes de las fuentes no independientes y a notificar su intención de eliminar o restringir su contenido, abrir un plazo de veinticuatro horas para que el medio pueda responder y llevar a cabo su actuación, solo después de haber recibido una respuesta (o en ausencia de ella).
Las grandes plataformas deberán distinguir los medios independientes de las fuentes no independientes y notificar su intención de eliminar o restringir su contenido
Por último, debemos mencionar la Recomendación sobre procesos electorales inclusivos y resilientes en la UE y con vistas a reforzar el carácter europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones al Parlamento Europeo, que de alguna manera viene a integrar en recomendaciones concretas las distintas normas aprobadas, algunas de las cuales no habrán entrado en vigor en el momento de las elecciones.
La Recomendación aborda la protección y la ciberseguridad de las infraestructuras relacionadas con las elecciones, que se deben clasificar como críticas, así como de bases de datos y procesos de las mismas, en línea con la propuesta de Ley de Ciberresiliencia (22). Propone medidas para minimizar los riesgos de injerencia de terceros países, a través del control de la financiación de partidos políticos y sus campañas, y refuerza la transparencia de los partidos y candidaturas al recoger las obligaciones de transparencia de la Ley de Publicidad Política.
Entre las medidas contempladas estarían la adopción de códigos de conducta que faciliten la integridad electoral y las campañas justas, fomentar un discurso político inclusivo y desterrar comportamientos manipuladores como la generación o difusión de falsedades (incluidos los deepfakes) o aquellos que incitan al odio, o el rechazo al uso de tácticas, técnicas y procedimientos inauténticos para difundir o amplificar mensajes políticos, promoviendo fórmulas de control independiente para el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Por último, se anima a los Estados a proteger el entorno informativo y garantizar que los votantes reciban información correcta, a través de proyectos de sensibilización y alfabetización mediática para hacer frente a la manipulación de la información, la injerencia y la desinformación relacionadas con las elecciones, así como el fortalecimiento de respuestas rápidas, tanto de prevención (prebunking) como de refutación (debunking).
En resumen, las próximas elecciones europeas se celebrarán en un contexto de guerra y la Unión Europea se ha dotado de un marco normativo que busca evitar la desinformación y las injerencias extranjeras. Todo el mundo estará pendiente de la eficacia de un marco jurídico formado por un conjunto ambicioso de medidas de diverso valor normativo que, aunque ha llegado un poco tarde y no podrá aplicarse en su totalidad en estas elecciones, en 2025 pasará a formar parte del marco jurídico de los comicios que se celebren a partir de entonces en los Estados miembros y, probablemente, en muchos otros.
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