Por Alberta Pérez, @Alberta_pv

Este 5 de enero, como cada año se inauguraba el período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN). Pero, la situación era muy irregular. Fuera de la AN, se habían dispuesto piquetes de efectivos de las Fuerzas Armadas que impidieron la entrada al hemiciclo de los diputados de oposición. Dentro de ella, se gestaba la designación de una nueva mesa directiva. Allí estaban los 55 escaños oficialistas, que resultaban importantes, pero insuficientes.

A ellos, hay que sumar nueve diputados originalmente pertenecientes a la bancada opositora y cinco suplentes que estaban presentes en la AN. Fuera, los 100 diputados restantes de la(s) bancada(s) de oposición, muchos diputados suplentes, y manifestantes. Pero, la figura principal de la escena fue el presidente de la AN y pesidente encargado de la República, diputado Juan Guaidó, que encabezó el intento de superar el bloqueo militar saltando la valla que rodea el Palacio Legislativo.

Ahora bien, entre tanta confusión, debe quedar claro que el intento oficialista queda en nada, al menos desde el punto de vista legal y constitucional. Esto se debe a que los diputados presentes eran insuficientes para alcanzar el quórum necesario para sesionar (69 frente al quórum necesario de 82 diputados de acuerdo con lo establecido por el artículo 221 de la Constitución). Así, el oficialismo procedió contrariando lo señalado por el texto constitucional y el reglamento de debates de la AN, en clara violación de ambos y careciendo de legalidad y legitimidad.

Parece mentira que deba explicarse que hay documentos inviolables. En el centro de todo se halla la Constitución. Esto no quiere decir que sea insustituible, ya que incluye los procedimientos necesarios para su adaptación o sustitución. Toda Constitución se asume como piedra fundacional de la convivencia, norma que rige el destino de un Estado. ¿Por qué el oficialismo llevó a cabo esta acción? Porque necesitan la aprobación de la AN en acuerdos internacionales políticos y financieros. Además, porque pueden y quieren ocupar el último poder público que no controlan.

En Venezuela, entre 1999 y el año 2000 se realizó un proceso de elaboración de una nueva carta magna. En ella, se definieron elementos imprescindibles para el funcionamiento y organización del Estado. Fieles al presidencialismo que nos caracteriza, esta nueva Constitución exacerbó los poderes del poder Ejecutivo. Pero el Poder Legislativo existe. Los procesos deben cumplirse y las normas respetarse. El 5 de enero de 2020, el oficialismo intentó barrer con ambos.

La oposición, sesionó al día siguiente en un auditorio prestado. Eso, que puede parecer informal, está garantizado como potestad de la AN o su directiva cuando así lo decidan (artículo 1 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional). Allí, con los diputados suficientes para comenzar la sesión, se instaló la nueva directiva en la que se ratificó a Guaidó como presidente del Parlamento y, por ende, Presidente Encargado de la República.

El 5 de enero de 2020 y su desarrollo, constituye una muestra del desprecio por la institucionalidad nacional, algo a lo que ya lamentablemente muchos venezolanos estamos acostumbrados a ver. Nuevo año, mismas prácticas.

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