Directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA @BeticaMunozPogo
«La búsqueda de la igualdad y la equidad es hoy un tema sin ideología política»
Por Gabriela Ortega @gabrielaortegaj Subdirectora de La Revista de ACOP y Ana Ortiz Estudiante de periodismo y, protocolo y organización de eventos en la UCJC
Directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Tiene un Ph.D. en Ciencias Políticas (Florida International University) y una Maestría en Relaciones Internacionales (University of South Florida). Tiene diversas publicaciones en temas de democracia, derechos humanos, equidad e inclusión social en las Américas, y durante los últimos quince años, se ha destacado por su experiencia laboral y participación en múltiples misiones políticas de la OEA.
Actualmente dirige el Departamento de Inclusión Social de la OEA, que está adscrito a la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de esta Organización. ¿Podría decirles a nuestros lectores cuáles son las funciones más destacadas de este departamento? ¿Qué temas aborda y por qué es importante trabajar por la inclusión social?
En esencia, el trabajo del departamento, creado apenas en 2015, es en servicio a los 34 Estados miembros de la OEA a fin de traducir sus compromisos en materia de derechos humanos en políticas públicas que permitan el goce cotidiano de esos derechos por toda la ciudadanía. Somos el brazo político y técnico para operativizar la visión del actual Secretario General, Luis Almagro, de llevar “más derechos para más personas.”
Priorizamos el trabajo en tres áreas:
1) apoyo en materia de desarrollo social, reducción de la pobreza e inequidad, y en particular, la realización de los derechos económicos y sociales de la gente, 2) apoyo para generar más inclusión social de las personas indígenas, afrodescendientes, LGBTI, personas con discapacidad, entre otros, y 3) apoyo en materia de migración y refugio, dos fenómenos que son, cada vez más, parte esencial de la agenda regional.
Desde mi perspectiva, es clave que los países de la región prioricen el trabajo en la inclusión porque impacta directamente en el apoyo de la ciudadanía a la democracia. En efecto, mientras más inequidad y exclusión, más desencanto con la democracia, y sus líderes e instituciones políticas. Esto es algo que tiene que preocuparnos.
Como usted bien dice en alguna de sus entrevistas, la agenda social no solo es relevante en el proceso de las etapas electorales y candidaturas, sino que es parte de las acciones de los gobiernos electos. ¿Cuál sería un buen ejemplo de gestión de la agenda social en gobierno?
El haber venido del área política de la OEA, y haber tenido la experiencia observando elecciones, me permitió dimensionar la importancia de la agenda social en los países de las Américas. Eran los temas recurrentes en cada campaña electoral, de país a país. Hoy el abordaje que le doy a estos temas es diferente. Una vez electos, desde la OEA también acompañamos a los países en el diseño e implementación de políticas sociales.
Mientras más inequidad y exclusión, más desencanto con la democracia, y sus líderes e instituciones políticas. Esto es algo que tiene que preocuparnos
La mejor gestión social es aquella basada en un enfoque de derechos humanos, con una visión no asistencialista, sino que conciba a la ciudadanía como sujeto de derechos. Esta política social tiene que medirse por medio de indicadores estructurales, de proceso y de resultados. Debe asegurar reformas estructurales a través de la aprobación de instrumentos jurídicos internacionales y marcos legales para facilitar la realización de derechos humanos; debe asegurar la implementación de procesos, con la calidad y magnitud adecuada, para implementar derechos (planes, programas, políticas específicas), y debe asegurar que los resultados reflejan logros, individuales y colectivos, que indican el estado de realización de un derecho humano en el determinado contexto.
Los grupos más vulnerables suelen ser también invisibles para la mayoría de la población, ¿cómo potenciar la “mediatización” de estos grupos?
Es muy importante crear concientización de los temas sociales, y en particular, de la situación de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto permite poner luz en las brechas de exclusión y en materia de ejercicio de sus derechos que aún persisten. Solo identificando las brechas, se pueden diseñar estrategias para revertirlas. Esta mediatización se logra teniendo líderes comprometidos con la agenda social, y dispuestos a visibilizar estas historias, usando, por ejemplo, las redes sociales que están demostrando ser un excelente mecanismo para este fin.
Tenemos entendido que, en vista de la importancia de los temas de migración y refugiados, últimamente su Organización ha dedicado un mayor esfuerzo. ¿Qué trabajo se está realizando? ¿Podría destacar algunos progresos realizados?
La agenda en materia de migración y refugio ha estado siempre presente en los trabajos de los países miembros de la OEA; somos por definición un continente integrado y la migración extra e intra-regional siempre ha sido el común denominador. Sin embargo, recientemente como resultado de la discusión global para el Pacto Global de Migración y el Pacto Global de Refugiados, y de la emergencia de nuevos sistemas migratorios como el de venezolanos, y el de nicaragüenses como resultado de las crisis en esos países, estos temas están tomando muchísima fuerza. Está también entre las prioridades de trabajo del Secretario General de la OEA.
Desde la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, estamos trabajando con el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) de la ONU en atender las necesidades de protección de personas de los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). Para el caso de migrantes y refugiados venezolanos, estamos planteando una agenda regional de trabajo enfocada en la regularización de la condición migratoria, inclusión laboral y prevención de la informalidad, combate a la xenofobia y discriminación, y finalmente, la armonización de condiciones de llegada de los venezolanos de forma tal que aquel país que brinde las condiciones de apertura más favorable no termine asumiendo la mayoría de la carga.
A propósito del tema de la migración y la situación de crisis en la que se encuentra su país, miles de venezolanos han tenido que migrar a distintos países, una de las propuestas planteadas es la apertura de un canal humanitario. ¿Qué implicaría éste? ¿Hay alguna posibilidad para poder llevarlo a cabo?
El canal humanitario o el corredor humanitario, cualquiera que sea posible implementar, tiene necesariamente que atender las consecuencias de la profunda crisis humanitaria en Venezuela, específicamente enfocando con urgencia las brechas en materia de salud y alimentación, especialmente entre los más vulnerables como los niños y niñas. Mientras que el canal humanitario dirigiría ayuda directamente a Venezuela, el corredor humanitario la dirigiría a los países receptores de migrantes y refugiados venezolanos usando las fronteras como un espacio privilegiado para gestionar este apoyo, coordinando directamente con gobiernos locales. En ambos casos se precisa una decisión de los gobiernos para aceptar la ayuda, y al menos a nivel del corredor humanitario ya está habiendo progresos.
Como venezolana ¿cómo vive usted este tema?
El tema de los migrantes y refugiados venezolanos me toca cerca. Las historias de familias separadas, de los que por horas caminan de sus ciudades de origen a otros países de la región, el llamado “fenómeno de los caminantes” de los profesionales que llegan con títulos universitarios y no pueden ejercer, de todos los migrantes venezolanos sin condiciones materiales para tener una vida digna a su llegada a los países de destino, de los venezolanos discriminados o que son objeto de situaciones de xenofobia. Todo esto me mueve incansablemente a seguir trabajando desde lo institucional, y desde lo personal, por generar soluciones y respuestas para tanta gente necesitada de mi país. Lo veo como mi manera de servir a Venezuela, estando fuera.
Usted habla de construir una ciudadanía no solo desde la perspectiva de los derechos políticos sino desde la perspectiva de los derechos civiles y los derechos sociales; lo que implica: apuntar políticas públicas a nivel de las escuelas. Realmente, ¿cree que, trabajando desde la educación, desde los movimientos sociales, desde la defensa de igualdad de género, se puede conseguir una transformación, teniendo en cuenta que los dirigentes son los que tienen la última palabra?
Creo que el abordaje tiene que ser multidimensional. Es importante trabajar en la educación, pero es igual de importante generar esas transformaciones en las estructuras, a través de legislación, políticas públicas y programas con ese objetivo. Pensarlo aisladamente no sería estratégico. En el discurso importa la educación, la defensa de la igualdad de género, etc., pero es igualmente importante hacerlo a través de cambios estructurales, que solo nuestros líderes políticos están en capacidad de dirigir.
En el discurso importa la educación, la defensa de la igualdad de género, etc., pero es igualmente importante hacerlo a través de cambios estructurales, que solo nuestros líderes políticos están en capacidad de dirigir
¿Qué solución propone a una mejora en las políticas públicas a nivel educacional, que como bien dice usted, es el ámbito natural de trabajo de los Estados?
Las políticas educativas han tenido una mejora cualitativa importante en la región, con inversiones en infraestructura y en formación docente comparativamente mucho más avanzadas que en otras regiones en desarrollo. Sin embargo, es imperativo atender la desigualdad educativa, sobre todo desde la edad temprana de niños y niñas.
Las claves de una mejora están en la atención integral atendiendo todos los ámbitos: el familiar, el educativo, el de la comunidad. Así se hace importante trabajar en la formación de padres, en garantizar la seguridad alimentaria de la niñez, en continuar fortaleciendo la profesión docente, entre otras cosas.
Tenemos que pasar de esa representación simbólica a una sustantiva para que todos puedan gozar de todos sus derechos civiles, políticos, y también los económicos y sociales
Considerando que Bolivia tiene un presidente indígena, Ecuador un presidente con discapacidad y Argentina, Chile y Brasil, presidentas mujeres, ¿se ha logrado la visibilidad de los grupos considerados vulnerables?
Sin duda estos son buenos signos de que aceptamos y celebramos la diversidad. La región ha avanzado en la inclusión de las personas indígenas o con discapacidad, pero ellos, con los afrodescendientes, están preponderantemente representados entre los pobres, entre los subempleados y desempleados, entre los que tienen acceso limitado a las escuelas y servicios de salud. Tenemos que pasar de esa representación simbólica a una sustantiva para que todos puedan gozar de todos sus derechos civiles, políticos, y también los económicos y sociales. En cuanto a la participación de mujeres, ha habido progresos, pero falta mucho por hacer, desde cambiar los estereotipos de género que continúan limitando las oportunidades de niñas y mujeres y de niños y hombres también, hasta garantizar una representación 50-50 de hombres y mujeres en todos los espacios de la vida pública.
Con la corriente ideológica de izquierdas que se apoderó de ciertos países de Latinoamérica a partir de comienzos del siglo XXI, entramos en una dinámica diferente; donde se supone que iban a reinar las políticas públicas. ¿Cómo cree usted que han afectado estas corrientes al desarrollo de la igualdad y la equidad en todo el territorio?
La búsqueda de la igualdad y la equidad es hoy un tema sin ideología política. Países con gobiernos de derecha o de izquierda han venido priorizando la inclusión social, y la reducción de los niveles de inequidad en la región (la más desigual del planeta), como políticas de estado. Para muestra de este consenso está la Declaración de Asunción de 2004 en la que los países de la región deciden impulsar políticas públicas intersectoriales de inclusión social con miras a fortalecer el respeto de los derechos humanos, una mayor inclusión y combatir la discriminación. El debate y los esfuerzos por mayor igualdad y mayor equidad llegaron para quedarse; los costos de una regresión son muy altos para los gobiernos de la región.
¿Cómo fomentar la utilización de la comunicación política como herramienta que potencie la difusión de políticas públicas de inclusión social?
Cambiando el lenguaje. No solo las políticas públicas (en su concepción e implementación) deben ser inclusivas, también debe serlo el cómo se comunican los objetivos, y resultados de estas políticas. En otras palabras, la comunicación política debe ser una herramienta para democratizar el acceso a la información sobre estas políticas porque las poblaciones en situación de vulnerabilidad y exclusión son las principales beneficiarias. De nada sirve gobernar bien si se comunica mal.
La comunicación política debe ser una herramienta para democratizar el acceso a la información sobre estas políticas […]. De nada sirve gobernar bien si se comunica mal
Sabiendo cómo se desarrolla la imagen de la mujer y su posición social en las últimas décadas, algo que ha sembrado el debate en Europa, ¿cómo posicionaría usted la situación actual de la mujer en América Latina?
Uno de los logros más importantes en los últimos años ha sido el haber movido un poco la balanza en favor de la equidad de género. El derecho de las mujeres a votar es hoy la norma en todos los países de las Américas, y los marcos legales también garantizan su derecho a ser electas. Después de los países nórdicos, tenemos la mayor representación de mujeres en los Congresos, y prácticamente todos los países de nuestra región han adoptado alguna reforma legal para implementar la cuota o la paridad, algunos incluso ya han legislado por el financiamiento político dirigido a candidaturas femeninas. Aunque en 2018 solo tenemos dos mujeres dirigiendo el destino de su país (Trinidad y Tobago, y Barbados), hemos ya tenido un número de mujeres como jefas de estado en países latinoamericanos.
Después de los países nórdicos, (como región) tenemos la mayor representación de mujeres en los Congresos
¿Qué serie de políticas cree usted que podrían desarrollar las instituciones públicas para mejorar este posicionamiento?
Además de las medidas de acción afirmativa, aquellas que buscan asegurar que las mujeres sean incluidas en la oferta que los partidos políticos hacen al electorado, es decir, medidas como las cuotas o la paridad. Es vital movernos hacia medidas de segunda generación enfocadas en nivelar el piso de competencia de las candidatas a través del financiamiento dirigido para candidaturas de mujeres, y democratizando el acceso a los medios de comunicación en igualdad de condiciones, entre otras cosas. Es decir, paridad en la oferta, paridad en las condiciones para la competencia.
Por último, ¿nos podría decir cuáles son las diferencias en el tratamiento de la inclusión social entre Latinoamérica y Europa?
El compromiso con la inclusión social es seguramente el mismo: prioridad de estado. Sin embargo, a diferencia de Europa donde con frecuencia se enfoca el tema desde la óptica de la medición de la pobreza, privación y vulnerabilidad, medidas por el ingreso; en América Latina y en la OEA, especialmente con la administración del Secretario General Almagro, el enfoque es multidimensional. Esto implica una mirada desde el ingreso por día que tiene una persona, pero también requiere una mirada a las situaciones de exclusión y discriminación que emergen por características inherentes del ser humano: edad, sexo, identidad u orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, que con frecuencia limita el pleno goce de los derechos de estas personas. Esto es un enfoque innovador que la OEA viene impulsando recientemente.
** Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.
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