Jordi Sarrión-Carbonell  @jsarrion_

Periodista y politólogo. Colaborador de El País, CTXT y TVN24

Las victorias de Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y el retorno de Lula da Silva en Brasil parecen apuntalar un nuevo ciclo de izquierdas en la región latinoamericana, después de una coyuntura que numerosos politólogos no dudaron en tildar de “reacción conservadora”. No obstante, como apunta el politólogo uruguayo Daniel Chasquetti, quizás este se trate de un análisis simplista, ya que mucho tienen que ver con la caída de los gobiernos de derechas la pandemia y la mala situación económica, agravada por la guerra en Ucrania. Por otro lado, no debemos olvidar la heterogeneidad en las izquierdas latinoamericanas, que abarcan gobiernos autoritarios como el de Ortega en Nicaragua, gobiernos socialdemócratas como el que representa Lula da Silva o nuevas izquierdas como la de Gabriel Boric. Hemos hablado con cuatro expertos de Brasil, Chile, Colombia y Argentina para ofrecer una panorámica sobre el horizonte político que se dibuja para la izquierda latinoamericana.

Hablamos sobre la situación que atraviesa Brasil y los principales retos de Lula da Silva para el próximo 2023 con Magna Inácio, doctora en Ciencia Política, profesora e investigadora en la Universidad Federal de Minas Gerais y coordinadora de PexNetwork

¿Cuál es la situación en que se encuentra Brasil después de las protestas?

Brasil continúa dividido y polarizado. Los actos terroristas que vimos el domingo muestran la gravedad de esta situación y la urgencia de acciones para combatirlos. Las encuestas de opinión muestran que una parte de la sociedad, aunque minoritaria, apoya y considera justificables las invasiones. El control y la responsabilidad de los movimientos extremistas es el desafío más inmediato. En especial, la identificación de las redes de apoyo a tales movimientos, que han demostrado gran capacidad de financiación y coordinación en sus acciones. Asfixiar la financiación del extremismo y responsabilizar a quienes lo financian y a sus activistas debe ser una prioridad de los órganos de control. El Supremo Tribunal Federal (STF)ha sido el principal agente en este proceso y estuvo relativamente aislado hasta ahora. Con los actos terroristas, otros órganos el Ejecutivo Federal, del sistema de Justicia en los niveles federal y estatal fueron presionados para actuar. La reactivación de los mecanismos de control público para una actuación más activa e independiente serán cruciales.

Como estos movimientos fueron realizados por los bolsonaristas, electores y líderes, será inevitable discutir e investigar el papel del propio expresidente en la incitación de los actos. La justicia ya ha dectretado prisión para un exministro bolsonarista, Ánderson Torres, nombrado secretario estatal de justicia y responsable ante la planificación y la contención de los actos del domingo, así como para otras autoridades policiales del Distrito Federal. Paralelamente, el desafío pasa por reconstruir las relaciones civiles y militares y revertir la politización de las fuerzas armadas y de seguridad. Estos segmentos han fortalecido sus vínculos con el bolsonarismo y se constituyen como un posible vector de difusión y resistencia de estos movimientos extremistas. Por último, la articulación y presión de los partidos, sociedad civil y grupos de interés organizados para proteger el Estado de Derecho y la democracia serán fundamentales para aislar políticamente a los liderazgos extremistas y reducir las llamadas a movilizaciones con contenidos extremistas, antisistema y autoritarios.

¿Pueden contribuir a crear un gran frente pro democracia?

Los actos terroristas del 8 de enero representaron un importante punto de inflexión en este inicio del gobierno. Por un lado, la gravedad de los actos llevó a acciones coordinadas entre el Ejecutivo, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, así como entre el gobierno federal y los gobernadores de los Estados. Este contexto es propicio para la negociación de medias de contención del extremismo, en pos de la pacificación social. La reacción de la sociedad civil y el empresariado ha sido considerable; ellos han ejercido presión para que se restableciese la normalidad democrática. En este sentido, el presidente contará con más apoyo político, pero también es importante considerar que, si las medidas para el control y la responsabilización de los extremistas ocupan una parte importante de la agenda del gobierno, esto puede sobrecargar la actuación del Ejecutivo, y, al tiempo, retrasar la puesta en marcha de acciones importantes del gobierno de Lula.

¿Cuáles son los principales retos del gobierno de Lula?

La administración Lula tiene como prioridad la reducción de las desigualdades sociales. Para esto, tiene que enfrentar varios desafíos: la redefinición de un nuevo régimen fiscal que sustituya el actual techo de gastos y el ancla fiscal que restringe la expansión de los gastos y la discrecionalidad financiera y presupuestaria del presidente del Ejecutivo. El gobierno, en este sentido, consiguió excluir del techo de gasto programas i­mportantes como el Bolsa Família, que permite transferencias de renta a la población pobre. Por otro lado, el gobierno pone énfasis en el retorno de la senda del crecimiento económico como principal estrategia de inclusión social, mediante la expansión del empleo y el crecimiento real de los salarios. Esta situación coloca desafios como la aprobación de una reforma tributaria (tema recurrente en el Congreso), la revisión de reformas en el área del trabajo (con fuertes reticencias de los grandes empresarios) y un nuevo régimen fiscal, ya que el gobierno ha indicado que retomará los programas de inversión pública.

Otra de las cuestiones fundamentales es la garantización de los derechos sociales, para la cual el gobierno necesita restaurar el presupuesto público y reorganizar estructuras y políticas del Ejecutivo Federal en áreas como salud, educación, combate contra el hambre, cultura, DD.HH. y minorías. Esto exige un esfuerzo administrativo importante una vez que esas estructuras y políticas fueron desmanteladas por parte de los gobiernos de Temer y de Bolsonar, así como las partidas presupuestarias en esas áreas, para el cual serán necesarias arduas negociaciones con un Congreso y un Senado Federal donde Lula solo cuenta con una mayoría mínima. En este sentido, serán necesarias concesiones y complejas articulaciones entre los socios. Por último, la otra prioridad es la de devolver el protagonismo internacional a Brasil, retomando y actualizando una senda de políticas públicas que despertaron el reconocimiento de Lula en numerosos lugares del extranjero.

Antonio Ruiz, nos habla acerca de la situación que atraviesa Chile y los retos con los que se encuentra Gabriel Boric. Ruiz es periodista, experto en comunicación política y actualmente trabaja para la Chilevision Noticias y cubre la agenda nacional e internacional del presidente Boric.

¿Cómo es el momentumpolítico al que se enfrenta Gabriel Boric?

El presidente Gabriel Boric se enfrenta, diez meses después de su llegada a La Moneda, a una de las mayores crisis de su gobierno. Poco antes del fin de 2022, el presidente decidió otorgar indultos a trece personas, doce de ellas condenadas en el marco de las protestas sociales en Chile. No obstante, hubo problemas en la nómina de personas indultadas; si bien el presidente estableció que uno de los criterios para que se produjeran los indultos era que los indultados no tuvieran antecedentes penales previos al estallido social, los medios dieron cuenta rápidamente de que sí había personas con condenas previas. En este contexto, Boric aceptó la renuncia de su ministra de Justicia, reconociendo desprolijidades en el proceso.

¿Cómo puede Boric revertir esta situación?

Las encuestas tampoco van en la buena dirección para el presidente. Según el último sondeo de CADEM, un 70% de los consultados desaprueba la gestión del gobernante. La baja semana tras semana durante su primer año también ha sido una de las características que han marcado esta gestión. La principal preocupación ciudadana en Chile es la seguridad pública. Para ello, el gobierno llevaba varios meses negociando con la oposición, que permita rápidamente aprobar una agenda legislativa en el Congreso, los partidos de la oposición se bajaron de esa mesa de negociaciones en materia de seguridad. Para algunos analistas, las relaciones entre La Moneda y la oposición pasan por su peor momento. Algunos parlamentarios han hablado, incluso, de la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente de la República tras la polémica por estos indultos.

¿Cuáles son los principales retos de la política chilena para el año 2023?

De cara al 2023 la seguridad pública seguirá siendo el principal desafío del gobierno. En materia p­olítica, tras el triunfo del rechazo en el plebiscito por una nueva Constitución, el gobierno de Boric deberá seguir conviviendo con un nuevo proceso que ya tiene calendario. Las elecciones para elegir a los nuevos constituyentes, encargados de redactar la nueva propuesta constitucional, se producirán en mayo. En materia económica, la gestión de Boric está marcada por la inflación. El gobierno de Boric ya presentó al Congreso una reforma tributaria de compleja tramitación, ya que el presidente no tiene mayoría en el Parlamento. Tanto el ministro de Hacienda como el propio presidente han planteado que el cumplimiento del programa del Gobierno está sujeto a la aprobación de esta reforma tributaria. En líneas generales, observamos un rápido desgaste en el nuevo gobierno chileno, que tiene la seguridad pública, la economía y el manejo político entre sus principales desafíos.

La llegada de la izquierda a la inconstitucionalidad colombiana de la mano de la coalición liderada por Gustavo Petro es el asunto que analizamos con Pablo Milonese, jefe de Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI de Cali, Colombia.

¿Qué balance hace de los primeros meses de Petro en el gobierno de Colombia?

En términos de balance, creo que hay una serie de momentos que hay que tener en cuenta. Ante la falta de precedentes en la historia reciente de gobiernos de izquierda en Colombia, algunos sectores tuvieron que pasar por una fase de adaptación y aprendizaje, de aprender lo que significa ser gobierno. Hay que comprender que una parte de la coalición siempre estuvo acostumbrada a ser oposició­n, y eso se notó en la primera fase. Pasado este momento “traumático”, el gobierno comenzó a lanzar algunas reformas relevantes.

Primeramente, la reforma tributaria y, más adelante, la reforma política. Aquí hubo un importante éxito político y legislativo importante, especialmente dentro del Congreso. Los primeros semestres e, incluso, los primeros años, el Congreso suele ser más dócil desde ese punto de vista. Tanto el ministro de Hacienda Juan Antonio Ocampo y el presidente de la Mesa Directiva del Senado Roy Barreras, se cargaron estas reformas en la espalda y las lograron sacar. Estas dos reformas son muy importantes, porque el financiamiento de muchas de las políticas públicas que quieren sacar adelante en los próximos años de mandato depende específicamente de esta cuestión.

¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se ha encontrado el gobierno de Petro?

En términos de obstáculos, hay una serie de cuestiones por tener en cuenta. La primera de ellas es la heterogeneidad de la coalición de gobierno, donde encontramos actores que abarcan desde una izquierda marcada hasta partidos de derecha conservadores. El mantenimiento de una coalición tan heterogénea no es nada fácil. La complejidad puede llegar a partir de la segunda mitad del año que viene, cuando el Congreso empiece a ser un poco menos dócil y se vuelva más transaccional, especialmente con respecto a los socios más alejados ideológicamente de la coalición que, posiblemente, aumenten la tarifa de la gobernabilidad.

Otra de las cuestiones tiene que ver con la incertidumbre económica, que no es una particularidad específica de Colombia, sino que también es una constante en la región y en el mundo actuales. Sobre todo, hay que tener en cuenta que la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés y, cuando esto pasa, a América Latina le va bastante mal económicamente. Lo que mantiene a flote ahora mismo a las economías latinoamericanas es el precio de las commodities, que ahora mismo se mantiene como consecuencia de la guerra en Ucrania. Si estas comienzan a bajar, en un contexto de subida de las tasas de interés a manos de la Reserva Federal, esto puede complicar la gestión de Petro y puede comprometer el ciclo progresista en América Latina.

Y… ¿Hacia dónde deberíamos mirar en 2023?

El foco para 2023 pasa por la inestabilidad política que experimenta la región, y las dificultades con las que se están encontrando los gobiernos, especialmente en Brasil y en Perú. Y esta inestabilidad tiene que ver con la gobernabilidad, pero también con el sostenimiento mismo de los presidentes, como observamos en el caso de Perú con Pedro Castillo. Volviendo de nuevo a la agenda específica de Colombia, la clave para que reformas como la laboral y la de las pensiones pasará porque el contexto sea lo más propicio posible para Gustavo Petro. Estaremos atentos y atentas para ver cómo enfrenta el gobierno estos desafíos, pero podemos llevar a cabo un balance positivo de los primeros pasos de Gustavo Petro al frente de Colombia.    

Hablamos sobre la situación política en la Argentina, marcada por las elecciones de 2023. Analizamos el año electoral que viene junto a Lara Goybutu, politóloga e integrante de la Red de Politólogas.

¿Quién tiene más papeletas (nunca mejor dicho) para representar la fórmula del peronismo en las próximas elecciones de 2023?

La principal pregunta que debemos hacernos es qué papel tendrá Cristina Fernández de Kirchner en el armado de una futura candidatura presidencial. Ella es un animal político y, esté en el lugar que esté, su capital simbólico es muy importante para entender los pasos que dará el peronismo. En este momento y en este contexto no me atrevería a decir que Cristina sea la candidata, ni tampoco creo que Alberto repita como líder de la fórmula presidencial.

Hay una figura que cada vez está mejor posicionada para liderar la fórmula, que es la de Sergio Massa, de tendencias más liberales, y que se define a sí mismo como “a-ideológico”. Ahora mismo concentra las carteras de Producción, Economía y Agricultura, Ganadería y Pesca, y su cercanía con sectores de la producción y de la economía financiera le ha permitido controlar las variables económicas mejor que sus antecesores. Durante los próximos meses, parece que conseguirá controlar la inflación, una de sus principales promesas, que de momento está cumpliendo. Esto hace que Sergio Massa suene cada vez más fuerte para convertirse en candidato, pero debemos estar atentos al papel clave que juegan los gobernadores en la elección de la candidatura presidencial.

En la oposición hace tiempo que venimos escuchando el nombre de Milei, aliado de Trump, Bolsonaro o Abascal. ¿Se unirá a la coalición de derechas del expresidente Macri Juntos por el Cambio?

Con respecto a quiénes conformarán el binomio de la oposición en Argentina, todavía hay dudas. Pienso que Milei, como figura, se ha desinflado, aunque quienes no lo han hecho son las expresiones libertarias que él representa. Desde los sectores más duros de Cambiemos, especialmente vinculados a la figura de Patricia Bullric­h, han impulsado una estrategia de cooptación no hacia Milei, sino hacia quienes se podían referenciar con él, tanto en términos de personajes como de discursos. Cambiemos irá a las primarias con todas sus expresiones, pero quien parece que tiene un mayor apoyo para ser el candidato presidencial es Horacio Rordríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Para quitar votos y espacio a Milei y a Patricia Bullrich, el discurso de Larreta se ha endurecido en aspectos vinculados a la seguridad y autonomía de Buenos Aires, pero lo noto incómodo y forzado en el nuevo papel que le han asignado, más cercano a la extrema derecha.

Un escenario político posible en las elecciones presidenciales de 2023.

Las elecciones, como he expuesto, pueden presentarse entre un candidato como Sergio Massa con Cristina con un rol importante y, posiblemente, Larreta representando a la derecha, con Patricia Bullrich teniendo un rol importante. Creo que las relaciones de Massa con gobernadores kirchneristas con mucho apoyo territorial y con el diálogo de Massa estrecho con sectores de la producción y la economía podrían ser competitivos frente a un Cambiemos con Larreta y Patricia Bullrich a la cabeza. Ese puede ser el escenario con más chances para el Frente de Todos, así como el más disputado. Todo esto teniendo en cuenta que, semanas atrás, en la interna del Frente de Todos incluso veían prácticamente imposible disputarle la presidencia a Cambiemos en 2023.

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