Eva Silván
Fundadora y CEO Silván&Miracle
En un extracto de su obra, William Shakespeare se refirió al mundo como un gran teatro donde los hombres y mujeres son actores, todos hacen sus entradas y salidas y diversos papeles en su vida. Esta reflexión la escuchamos y la pronunciamos para referirnos a la vida, pero también para describir el mundo de la política: todo es puro teatro. Y es que, unas veces la política nos ha parecido frívola y ligera, con malos actores y actrices sobreactuando pasiones, dirigiendo ofensas, llenando con una sobreactuación exagerada lo que realmente es una falta de un buen guion y de timón. Sin embargo, la política es sobre todo eso, guion y timón para el ejercicio de la acción política y de la búsqueda de soluciones a los problemas de la ciudadanía.
Esta política percibida como teatro por los ciudadanos y ciudadanas es mucho más compleja y menos espontánea de lo que ciertos discursos nos hacen creer. La elaboración de políticas públicas y del marco regulatorio de aplicación, no es un monólogo de la clase política, realmente no lo ha sido nunca, pero es que cada vez lo es menos.
Frente a lo que durante un tiempo fue percibido como un extenso monólogo por parte de los políticos, en los últimos años vemos cómo un número creciente de “aparentes espectadores” han decidido dejar de actuar tras las bambalinas o como apuntadores en la sombra y han dado el salto al escenario, empujando desde un teatro de sombras que utiliza figuras articuladas planas, hacia un escenario donde la colaboración y la participación de actores se ha de regir bajo principios de estricta transparencia.
El ejercicio de la acción política ha dejado de ser algo exclusivo de los partidos políticos y de los cuadros gubernamentales y administrativos para pasar a ser un espacio compartido de influencia y generación de espacios de participación y gobernanza colaborativa. Transitamos así hacia espacios de oportunidad donde la posibilidad de anticipar y aportar soluciones innovadoras no puede ser concebido únicamente por quienes ostentan la representación ciudadana.
En realidad, los gobiernos no son entes autónomos porque están sometidos a presiones externas, ni autosuficientes porque necesitan para la elaboración y desarrollo de políticas públicas del conocimiento y la experiencia de otros actores y de otros recursos que no conocen ni controlan. No solo eso, necesitan también generar consensos y que sus políticas públicas sean aceptadas desde un punto de vista técnico, pero también ciudadano, social y colectivo. Necesitan de la alianza con otros actores y de la complicidad de la ciudadanía.
Las políticas públicas y la regulación impactan en organizaciones y empresas. Lo hacen de forma directa (en su negocio y reputación) e indirecta (en el clima social). Un impacto que se mostró de manera evidente con la pandemia al colocar cara a cara a gobiernos, empresas y organizaciones en la difícil tarea de evitar el colapso y de reconstruir las bases económicas, normativas y sociales de una sociedad que, sometida al mayor cisne negro vivido en la historia reciente, necesitaba encontrar soluciones urgentes y eficientes a unos problemas que provocaron que la agenda política se diese la vuelta como un calcetín.
Cuando sabemos que los grandes consensos de mitad del siglo XX están rotos, la colaboración y coordinación entre actores es más importante que nunca. La complejidad de los asuntos públicos requiere de conocimiento, deliberación, coordinación, colaboración y búsqueda de sinergias que permitan identificar de manera conjunta los ámbitos obsoletos, los espacios de progreso y las nuevas realidades y necesidades que emergen, con el fin de ofrecer las mejores respuestas.
Los Estados para enfrentar decisiones que exceden de su capacidad individual: cambio climático, gobernanza digital, envejecimiento demográfico o inmigración, entre otros, necesitan de la colaboración, participación y conocimiento de organizaciones y empresas referentes en sus sectores de actuación. De las empresas por su conocimiento técnico y su capacidad de innovación; de las organizaciones, porque contribuyen a cambiar actitudes, valores y políticas públicas en favor de la justicia. Ambas, empresas y organizaciones, colaboradoras necesarias de los actores políticos, con su conocimiento y actuación, hacen que determinados temas se incluyan en la agenda política
La afluencia de ‘wiked problems o problemas malditos’, aquellos cuya complejidad técnica, tecnológica y social retan los conocimientos y el marco regulatorio existente, obligan a los partidos políticos a la búsqueda de soluciones en colaboración con otros agentes. La lucha contra el cambio climático, la política de inmigración, la gobernanza de la economía digital, la transformación del mercado de trabajo y el surgimiento de agentes empleadores más allá de las tradicionales empresas mercantiles, el necesario impulso de medidas de salud pública y de prevención y control de futuras pandemias, son algunos ejemplos de problemas que exceden a la capacidad de actuación de una única administración. La existencia de distintos niveles competenciales, sin que estén claras sus fronteras (desde la Unión Europea, al Gobierno estatal, Gobiernos autonómicos, y los ayuntamientos), añade complejidad al abordaje de una nueva agenda política que requiere de análisis, gobernanza y colaboración.
Ante unos poderes públicos aparentemente sobrepasados por un mundo acelerado y en transformación, donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer, parte de la responsabilidad sobre el modelo social en construcción dependerá de la labor que lleven a cabo empresas y organizaciones. Quiénes tengan visión en el medio plazo, serán capaces de orientar un modelo aspiracional de sociedad a través de soluciones técnicas a los desafíos y a las nuevas demandas de uso y consumo, facilitando la toma de decisión de los poderes públicos. Empresas y organizaciones adquieren así un rol fundamental cocreación y pedagogía legislativa.
Esta situación hace necesaria una profesionalización de la gestión de los asuntos públicos y de la influencia que las empresas y organizaciones hacen de su relación con lo público, a través de equipos de asuntos públicos que ayudan a dotar de una visión empresarial a la regulación y a reducir la creciente brecha entre innovación y regulación. La voluntad de participar es un motor valioso, pero con eso no basta, para que la voz de organizaciones y empresas sea escuchada y tenida en cuenta, el dominio técnico es el combustible necesario para que estas sean exitosas.
La actividad de la influencia pública ha sido siempre una herramienta de impulso y cambio de las políticas públicas. Los grupos de interés, empresas, organizaciones, sindicatos, think tanks, organizaciones profesionales o fundaciones, intentan influir, desde fuera del aparato político, en las políticas públicas que impulsan los poderes ejecutivo y legislativo de un Estado: algunos aportando conocimiento, análisis, estudios y evidencias; otros intentando que la regulación no les penalice en clave de retroceso. Este hecho les convierte, junto con los partidos políticos, en los principales agentes transformadores de la política pública y regulatoria, lo que exige la debida transparencia.
Para que una estrategia de influencia pública sea efectiva se requiere:
1. Conocer el entramado institucional y regulatorio.
2. Conocer el ámbito de actuación sobre el que se quiere influir.
3. Conocer el estado de opinión pública y como esta se mueve y articula.
4. Contar con herramientas de ingeniería de datos (análisis de datos) para identificar a los principales responsables de la toma de decisiones, comprender sus prioridades y preocupaciones, y entender mejor cómo se conectan las agendas sociales, mediáticas y políticas.
5. Contar con capacidad de estructurar mensajes y de exhibir con mucha claridad las ideas fuerza.
Estas cinco capacidades deben hacer avanzar a las estrategias de influencia pública hacia el objetivo de contar con una mirada prospectiva que permita, como oficinas de inteligencia especializadas, anticipar tendencias políticas y regulatorias de gran utilidad para empresas y organizaciones.
En un contexto como el español, en el que en el transcurso de un año se han convocado elecciones municipales y autonómicas y elecciones generales, y que llamará nuevamente a votar a la ciudadanía en las elecciones europeas de junio de 2024, que probablemente coincidirán con las elecciones en Euskadi y Galicia, conocer las corrientes de fondo que determinan el voto de electores y electoras en una dirección u otra, los procedimientos y tiempos de inicio de una legislatura, y las posibilidades de acuerdo entre los diferentes grupos políticos, son elementos fundamentales para la anticipación y definición de una estrategia de influencia pública.
Han quedado lejos las mayorías absolutas y las estrategias de influencia centradas en el poder ejecutivo, la formación de gobiernos depende, cada vez más, de complicados acuerdos entre distintas fuerzas políticas, que requieren de estrategias centradas en el poder legislativo. El papel de los pactos y acuerdos cada vez más complejos y necesarios, ya no solo a izquierda o derecha del tablero político, sino en cuanto a la concepción territorial del Estado, determinan cada vez más los temas y prioridades de la agenda política. La confluencia de problemas materiales con una agenda que mira también a temas culturales como el feminismo dibujan una nueva sociedad que determina ya no solo políticas públicas, sino también las políticas de las empresas y las organizaciones. Permanecer ajeno a estos cambios es arriesgarse a convertirse en un barco a la deriva.
Los gobiernos de coalición, o gobiernos en minoría, atrapados por la sociedad de la atención, se esfuerzan en generar impactos positivos en el corto plazo, que les permitan ganar visibilidad en un entorno de comunicación enormemente fragmentado y mejorar sus resultados de cara a futuros comicios. La capacidad de proyectar a largo plazo se ve anegada por la voracidad de la comunicación y de la sociedad del evento constante. La capacidad de proyectar a largo plazo parece quedar diluida, por lo que gobiernos y ámbito regulatorio se han de apoyar en miradas externas que les empujen a anticipar soluciones a los problemas que están por venir y a analizar corrientes de fondo que determinan cambios sociales de fondo.
Generar capacidad de prospectiva es cada vez más determinante para empresas y organizaciones que quieran influir en la agenda política. Contar con espacios de deliberación y encuentro que permitan a gobiernos y partidos tomar el pulso de los temas, de las iniciativas de empresas y organizaciones, es cada vez más determinante si se quiere huir de apriorismos y sesgos.
La realidad de un mundo complejo se observa ya no solo en el entramado institucional, sino también en una sociedad caracterizada por la interdependencia. La pertenencia de España a la Unión Europea determina las normas y las políticas públicas del conjunto del Estado. En 2022, de las 73 leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados y el Senado españoles, un total de 42 regulan cuestiones derivadas de decisiones adoptadas por la Unión Europea (UE), lo que se traduce en un 57 % de las leyes aprobadas en 2022. De las 42 normativas nacionales derivadas de otras comunitarias, 21 se corresponden con la transposición de directivas europeas al ordenamiento jurídico español o con la aplicación de reglamentos, mientras que el resto derivan de recomendaciones, orientaciones, programas o iniciativas que tienen su origen en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea o el Consejo.
La pertenencia a la Unión Europea determina e influye la acción de los Gobiernos, pero también la actuación de las empresas. Sin ir más lejos, la Comisión Europea acaba de aprobar el listado con los 12 nuevos estándares ambientales y sociales sobre los cuales deberán explicar la forma en que los abordan todas las grandes empresas y todas las sociedades de la UE que coticen en bolsa, incluidas las pymes, a fin de conocer su grado de compromiso con la transición hacia la economía sostenible.
En un contexto como el actual, en el que la geopolítica va a desempeñar en los próximos años un papel clave, las empresas necesitan desarrollar herramientas de inteligencia e influencia que les permitan anticiparse y gestionar situaciones complejas, tomar decisiones sobre los mercados en los que operar, y tejer relaciones con instituciones y agentes clave en los distintos países.
El uso de tecnología y la capacidad para analizar grandes cantidades de datos supone un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a las capacidades de diagnóstico de los equipos de asuntos públicos y los departamentos de influencia pública. El uso de herramientas de IA junto con el análisis de datos permite a las empresas anticipar y proyectar mejores escenarios de toma de decisiones, de riesgo regulatorio o de cambios de opinión pública. El desarrollo y uso de estrategias de ingeniería de datos centrado en la anticipación de escenarios permiten a empresas y organizaciones llegar antes y proponer alternativas y soluciones que mejoren la acción de los gobiernos. La incorporación de la gestión masiva de datos ofrece unas posibilidades antes imposibles, tanto desde el punto de vista del análisis y la anticipación de temas, como desde el punto de vista de predicción electoral.
Así lo hacemos en Silván&Miracle. Estrategias de Asuntos Públicos. Dos trabajos recientes confirman la trascendencia del uso de herramientas de análisis de datos. Por un lado, el Grupo EiTB, como parte de su política de transparencia, nos encargó el análisis de los microdatos de más de 8.000 encuestas electorales. Como explicamos en el artículo publicado en la Revista de ACOP del mes de mayo, este análisis nos permitió observar las corrientes de fondo que se estaban produciendo, pudimos anticipar el cambio que se estaba dando en el electorado vasco y que se materializó en los resultados que se produjeron en las dos elecciones celebradas este año. Por otro lado, en el estudio que hicimos para el Grupo SPRI, tras analizar los datos de participación de las mujeres en la industria y la competitividad de las empresas industriales, pudimos concluir cuáles eran los elementos que vinculados a la participación de las mujeres más influían en la competitividad de las mismas.
El análisis de datos y su visualización a través de gráficos ayuda a la visualización de información compleja, generando mapas, escenarios y proyecciones que facilitan la comprensión de lo complejo y la toma de decisiones a partidos políticos, empresas y organizaciones.
Unido al conocimiento del entramado institucional y regulatorio, del ámbito de actuación en el que se quiere influir, del estado de la opinión pública y del uso herramientas de análisis de datos, tiene que ir acompañado de una construcción de mensajes que lleguen de manera clara a los gobiernos y a la ciudadanía.
Lograr que nuestros marcos sean claros, ayuda a centrar las ideas. Tal y como se recoge en ‘Framers. La virtud humana en la era digital’, “enmarcamos y remarcamos el mundo, y gracias a ello, la civilización avanza”. Es imposible materializar ningún cambio en el mundo sin que se produzca previamente una transformación mental porque todo lo que ocurre en el exterior empieza en el interior. Desde los avances del feminismo, los derechos de las personas LGTBQ+, la lucha contra el cambio climático como un hecho inaplazable, o la introducción y uso de plataformas digitales que ha cambiado la manera en que nos relacionamos y las maneras de consumo, todo supone previamente una transformación mental. Cuando elegimos un marco, en realidad lo que estamos haciendo es escoger un camino por el que tarde o temprano acabaremos tomando una decisión, bien desde el punto de vista político, regulatorio u organizativo.
En contextos de inicio de legislatura, cuando los gobiernos establecen sus planes de gobierno, conocer, colaborar e influir en ellos contribuye a huir de paroxismos y permite hacer mejores leyes y mejores políticas públicas. Porque el destino de la humanidad depende de que aprendamos a concebir los desafíos de manera distinta, porque la búsqueda de soluciones requiere de la participación de todos.
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