La reunión sobre las propuestas de comparecientes para la ponencia de reforma del Senado tocaba a su fin cuando el asesor intervino, sin gana, mientras recogía los papeles de su puesto y se quitaba las gafas.

– Senadores, ¿no les parece que estaría bien que pidiéramos la comparecencia de algún representante del 15M? Ellos hablan del Senado en sus propuestas… -se detuvo y titubeó- bueno, para cerrarlo, pero… –ahora contemplaba los gestos de perplejidad- …me refiero a algún profesor de universidad o jurista de los que les apoyan, claro.

Esta situación, novelada pero real, ilustra uno de los síntomas del “desencuentro” entre la política y los ciudadanos: la desconexión o, al menos, la falta de flujos continuos y estables de relación entre los dos interlocutores de la democracia.

Imma Aguilar Nàcher, Asesora de comunicación de ENTESA, grupo parlamentario del Senado.

A los grupos políticos de una cámara parlamentaria no les es extraña esta lejanía porque hasta hoy sus miembros son percibidos por los ciudadanos como representantes de sus partidos y no de sus electores. Y no sólo es una percepción. Es también una realidad. Los grupos parlamentarios no disponen de la esperable autonomía res­pecto a sus partidos políticos. Asistimos con sorpresa a la escenificación a plena luz del día de las negociaciones de pactos legislativos, o de nombramientos, en las sedes de los partidos y no en el edificio parlamentario. El paso de una ley en su tramitación por el Congreso y el Senado responde más a una estrategia de gobierno o de partido que a las necesidades reales de trazabilidad del texto.

El Parlamento es sujeto de comunicación, sí, pero los actos comunicativos -que son actos políticos- son ejecutados en su mayoría por los grupos parlamentarios, por los diputados y los senadores en la secuencia cotidiana de la legislatura. Vamos a subrayar aquí esa diferencia, tomando como idea base que la valoración que los ciudadanos hacen de las instituciones, y en este caso del Parlamento, procede principalmente del conjunto de accio­nes, dejaciones o decisiones de los grupos políticos que lo habitan.

La desintermediación. Nuevos competencias y nuevos perfiles

La compleja estructura de intermediación que circunda el Parlamento y a los grupos no es precisamente un elemento facilitador de los necesarios procesos de fluidez comunicativa. Más bien genera una suerte de incomunicación que evita una relación directa que supere las barreras de desconfianza. ¿Un Parlamento (casi) incomunicado?

La democracia representativa conlleva procesos de mediación más o menos eficaces en la comunicación política y parlamentaria. El sistema de comunicación está lleno de situaciones y perfiles intermediarios. Los medios y los periodistas, por ejemplo, están situados entre la decisión política y su conocimiento por parte de la ciudadanía. Los gabinetes de comunicación de los grupos parlamentarios o de los partidos políticos trenzan una relación con los electores abigarrada y compleja, cuan­do no bloqueante o manipuladora. Esto no significa que los jefes de prensa o los responsables de comunicación se limiten a poner sistemáticamente filtros o muros de contención para proteger la imagen del grupo en situaciones difíciles o imposibles de explicar. Digamos que es el primer escalón del proceso en que se decide y jerarquiza información, se prioriza y se orienta contenidos políticos que después deben, de nuevo, cocinarse en los medios de comunicación. Al consumidor de información, al ciudadano, la información le llega ya muy “recalentada”.

La joven periodista de la radio escuchaba atenta y fantaseaba sobre su salto a la dirección de comunicación de una gran empresa multinacional. Mientras, el experimentado periodista, que hoy asesoraba en comunicación a un grupo parlamentario del Congreso, aseguraba:

– Está claro, ¿dónde están ahora los periodistas buenos que no caben en las redaccio­nes de los pocos medios grandes o a los que han echado en el último ERE?

El resto de periodistas que tomaban su café ni parpadeaban, a la espera de la respuesta.

– …pues ha pasado como con los guio­nistas de Hollywood: que se han ido a la TV. Los buenos están ahora ganando pasta en los gabinetes las empresas, en las instituciones. Son dircoms. Siendo así, está claro que se vende todo mejor, que hay más calidad en los contenidos que salen de los gabinetes.

Pero contra este dirigismo vocacional de la información que tienen, por naturaleza, las organizaciones –también los partidos y los grupos políticos-, se está instalando un nuevo ecosistema digital y de comunicación en red, desjerarquizado y descentralizado.

En ese escenario, cabe un flujo de punto a punto en la red social de parlamentarios y ciudadanos, en un espacio público donde los diferentes flujos se entremezclan, conviven y comparten experiencias. Cabe también un “nuevo periodismo”, más viral, más en tiempo real, alojado –en gran parte- en los blogs. Cabe, por descontado, la acción de plataformas independientes ciudadanas que monitorizan la actividad parlamentaria, la fiscalizan. Caben proyectos para ofrecer datos y análisis del contenido de la vida parlamentaria que los medios tradicionales desdeñan en sus páginas, pero que, paradójicamente, utilizan muchos periodistas para su trabajo en esos medios. En definitiva, la comunicación entre el ámbito parlamentario y la ciudadanía se hace más directa. Diputados y senadores se encuentran de frente a los ciudadanos que les exigen, les vigilan y les evalúan, les preguntan, les proponen, les reprochan, les juzgan. A la espera de poder no volverles a votar. O sí.

La desintermediación se ha tornado imparable. Con las nuevas herramientas de comunicación en un ecosistema de comunidad, en red y online, los políticos nunca habían estado tan cerca de sus incondicionales ni de sus detractores. Todos están en el mismo terreno de juego. Cada vez más se eleva el porcentaje de senadores y diputados que están en alguna red social Y, si están, es para relacionarse, escuchar, interactuar, responder y tomar nota. Pero también queda mucho más expuesta su reputación y su perfil más personal y profesional. Esto genera la necesidad de nuevas destrezas y nuevas competencias pero, ante todo, una actitud abierta, transparente, valiente y sincera. Ya no vale escudarse en el partido, ni en el gabinete de comunicación, ni el argumentario. Hay que hacer política las 24 horas y en múltiples foros: en las organizaciones, en las instituciones, en las asociaciones y en la calle, pero también en la web social. Ahora se requiere una “customización” de las acciones a la medida de las situaciones que surgen.

Y en este nuevo escenario, ¿cuál es el papel de los intermediadores? En mi opinión deben desintermediar, es decir, facilitar la relación directa y de calidad entre los políticos y los periodistas o los ciudadanos. De la misma forma que las competencias de los parlamentarios son distintas, se han ampliado, también es así con los roles profesionales en torno a la actividad política.

La previsible resistencia al cambio de los equipos con perfiles profesionales (jefes de prensa, asesores parlamentarios, escritores de discursos, jefes de gabinete…) convive con el reciclaje y la reconversión hacia equipos de profesio­nales más versátiles y multifuncionales que puedan asesorar en imagen, reputación, redes sociales, formación continua o entrenamiento de oratoria. Ya estamos hablando de gestores de reputación, formadores, coach, entrenadores comunicativos, community managers, content curators o strategists. Y no es sólo un simple esnobismo léxico.

Y en ese contexto de “incomunicación”, de evi­dente crisis de la representación política, de pacto fracturado entre ciudadanos y políticos, ¿qué papel tiene el cuarto poder? Los medios de comunicación también van perdiendo paulatinamente su papel protagonista intermediador. Y, definitivamente, han abandonado los contenidos parlamentarios para potenciar la noticia política y el debate de partidos. Los grandes medios hace mucho tiempo que, invadidos por un vendaval comercial de infotaintment, han desterrado de sus espacios los debates de contenido, los matices han dejado de interesarles.

Este vacío, más o menos grande, se está llenando de proyectos y webs que se sitúan en, al menos, un pequeño nicho de mercado con potenciales “consumidores de información parlamentaria” -formado por empresas, agencias de asuntos públicos y lobistas-. El producto que se ofrece son datos y contenidos “en bruto” o, también, datos analizados de los debates parlamentarios y sus consecuencias económicas o sociales. Las organizaciones y los entes económicos requieren de esa información para tomar sus decisiones, por lo que este trasvase de plataforma de los contenidos parlamentarios, que podríamos titular “de la prensa a los blogs”, debería ser relevante para los responsables de la comunicación y para el Parlamento.

Derivado de estos cambios de escenario y de personajes, desde la perspectiva de un grupo parlamentario, pueden proponerse tendencias hacia la desintermediación total y la calidad de los procesos políticos y de comunicación que permitieran eliminar toda la opacidad y las dudas de corrupción, de ineficiencia o de costes insostenibles. Y también de destaparlos y eliminarlos del sistema. En definitiva, podríamos hablar de trazabilidad de las decisiones, de huella legislativa, una situación que permita dar acceso y transpa­rencia a la motivación y a las razones de cada iniciativa y de cada decisión.

Las buenas prácticas comunican

Estas tendencias que suponen un cambio hacia la desintermediación y la calidad legislativa y comunicativa residen en la participación, la accesibilidad y transparencia, y la rendición de cuentas.

En el ámbito de la participación, se debería profundizar en la creación de herramientas o el aprovechamiento de las ya existentes para el intercambio de ideas, el suministro de propuestas y el posicionamiento abierto y claro de los órganos de decisión respecto a los textos legislativos, para ofrecer la opción de presentar enmiendas a ciudadanos, grupos de interés o colectivos. Se trata de interactuar, de responder a las demandas. Y también –y por qué no- de crear contenidos para el debate.

También es posible la participación en la ela­boración colectiva de leyes: la co-creación legislativa o “wiki-leyes”, mediante documentos compartidos en la Red. Sin olvidar que los ciudadanos también tendrían que estar en el debate de las propuestas, sean una Iniciativa Legislativa Popular u otra iniciativa.

La información es poder, así que empodera al que la posee. Como la información pública es de los ciudadanos, la disposición y su acceso deben ser rotundos, pero la transparencia es más que datos públicos. Es la publicación sistemática de las agendas de trabajo de los parlamentarios -y no sólo de su actividad exclusivamente parlamentaria- de sus ingresos, patrimonio, gastos, presupuestos….También de los planes de legislatura, que es algo más concreto que el programa electoral porque incluye cronogramas y prioridades.

La rendición de cuentas es “inevitable”, vista la cantidad y la calidad de los proyectos independientes de monitoreo o vigilancia del Parlamento, que deberíamos ver como elementos dinamizadores de la actividad política y catalizadores de una mejor política y no como un eje frontista contra ella.

No creo que se trate de llegar a todo ni de ha­cerlo ya, ni tan siquiera de que sea alcanzable en el corto o el largo plazo, pero la crisis política no espera y es cuestión de tiempo que los que nos dedicamos a esto nos quedemos sin argumentos para la explicación, o lo que es peor, que ni siquiera podamos justificarnos.

Escribo este artículo en los días posteriores a la secuencia que se vivió el día 12 de febrero de 2013 en el Congreso de los Diputados. En la comisión constitucional, se hablaba de transpa­rencia, de la ley, y de regeneración democrática. Al mismo tiempo, se dio la orden de inhibir técnicamente la señal de los dispositivos que hubieran permitido la emisión clandestina de una reunión inexplicablemente privada entre el presidente del BCE y un grupo de diputados, en una sala próxima. Esa tarde, un loable activismo híbrido, al tiempo de Red y de calle, que apoyaba a la Plataforma Afectados Por la Hipoteca, impidió que el partido mayoritario paralizase con su voto negativo la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular avalada por, nada menos que, casi un millón y medio de firmas.

Instalemos una actualización de la comunicación parlamentaria con mejoras apreciables en transparencia y participación.

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