Por Dr. Diego Dieguez Ontiveros, @Diego_Dieguez Abogado/Criminólogo. Director de la Cumbre Mundial de Comunicación Política

La clase política intentó desde hace un tiempo resurgir de sus errores con programas de campaña tendientes a posicionarse desde la honestidad y transparencia. Esas dos palabras adquirieron un valor esencial en el análisis popular de las “conductas funcionales” de quienes ocupan los cargos públicos en la totalidad del organigrama de la administración estatal. Es en ese marco de control cívico que la transgresión de cualquier tipo se vuelve, con justeza, REPROCHABLE.

La utilización del sistema judicial como “rector” de decisiones relevantes de la democracia en el país adquirió en los últimos tiempos un rol decisivo en el ejercicio de la política y el proselitismo. Ciertos tribunales y sus sentencias, llamados a indagatorias, imputaciones, procesamientos, declaraciones de prensa de fiscales, jueces y abogados defensores o querellantes se han vuelto parte del espacio de la política hasta hacerse INSEPARABLES. Y es ahí donde se ha hecho fuerte el fenómeno de la judicialización de la política como forma de denostar al opositor, generar sospechas de corrupción principalmente o fomentar el escarnio periodístico reproduciendo esas denuncias instadas a sabiendas de la ausencia o fabricación de pruebas.

Táctica para una estrategia general muchas veces digitadas desde países centrales con la clara intención de instalar candidatos o futuros funcionarios públicos “serviles” a la causa…

Por otro lado, resulta claro que cuando se ocupa el espacio de oposición la denuncia se torna en regla y se padece desde el estamento oficialista (tornándose en boomerang que se estrella en las narices cuando esa ecuación de poder se invierte).

Existe una gran irresponsabilidad de quienes utilizan, se valen o pactan con parte del Poder Judicial este tipo de avanzadas. Las malas prácticas políticas son transversales a los diversos estamentos del estado en todas partes del mundo.

Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, entre otros y ahora España con el “procés” catalán evidencian la gran utilidad para el contrario que representa el estigma del proceso penal para quien lo padece. Y esto último no sería reprochable si se siguiera el debido proceso constitucional en esta avanzada, más observaremos características comunes que los hacen por lo menos sospechosos y en otros radicalmente nulos, a saber:

1) Existe un claro objetivo final que es instalar en nuestras sociedades la idea de una persecución a la corrupción que estaría purgando el sistema, pero para lo cual se vilipendia la clase política en su totalidad.

2) Muchas de esas denuncias o juicios son fruto de prueba que durmió en oscuros cajones durante largo tiempo y hoy reflotan de su letargo con dubitativa fortaleza.

3) Para hacer más efectiva la “caza” se han incorporado paulatinamente en las respectivas legislaciones las figuras del arrepentido o imputado colaborador según el caso.

4) La violación a los principios probatorios deviene evidente, toda vez que resultan afirmaciones de quienes se han asumido delincuentes y buscan mejorar su situación, con lo cual pueden acusar hasta su abuela muerta en ese peregrinar.

5) La prensa juega un rol fundamental en la creación del estigma delictivo sin reparar en los principios de presunción de inocencia y legalidad. Es más: alaban o critican a los jueces generando una presión tal que muchos magistrados resuelven con los periódicos en la mano.

6) Se vulneran sorteos de expedientes para que las investigaciones recaigan en los jueces amigos al proyecto.

7) Parte del Poder Judicial asume un rol político que atraviesa sus resoluciones y sentencias conformando un peligroso tándem que agrega más zozobra al sistema de credibilidad de las instituciones.

8) Muchos consultores políticos sin escrúpulos se valen de estos ilegítimos procesos penales para socavar al contrario sin darse cuenta que están arrojando a los leones no solo a un candidato sino a un ciudadano.

9) Para todo lo antedicho recurren al siempre bien valorado “miedo” sobre el cual muchas cosas se han escrito pero que queda mejor definido a través de la praxis de las prisiones preventivas injustificadas, embargos o juicios exprés.

10) Por último las redes sociales fungen como acelerador viral de la duda, el reproche o la insatisfacción de los votantes, quienes cebados por el odio inoculado, claman enajenados al verdugo.

Y es en ese maremágnum de pseudo información tribunalicia propagado estratégicamente que la política se envilece, el opositor se destruye, el interés social se digita y los votos se direccionan.

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