Por Guillermo Velasco , @gvelascob,

Doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Consultor en Comunicación y editorialista en diversos medios de comunicación en México

Recientemente tuvo lugar en México una consulta de revocación de mandato presidencial, que fijó la agenda política-mediática de las últimas semanas en este país suscitando un amplio debate en la opinión pública y diversas posturas en actores políticos y líderes de la sociedad.

Si bien este ejercicio de “consulta ciudadana” podría analizarse desde diversos ángulos, me centraré en las narrativas utilizadas, tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido (Morena), como por la oposición, representada en diversos partidos políticos y organizaciones sociales.

El gobierno promovió la consulta como un ejercicio inédito de participación ciudadana, a través del cual los mexicanos podríamos manifestar si estábamos de acuerdo en que López Obrador terminara su periodo de gobierno (2018-2024) o que concluyera el mismo de forma anticipada con el argumento de pérdida de confianza hacia la autoridad.

La frase recurrente del presidente para alentar la participación en la consulta de revocación fue “el pueblo pone y el pueblo quita”, asegurando que si los ciudadanos no le manifestaban su apoyo se retiraría a su casa. Pero en la práctica, la consulta se convirtió en un ejercicio de ratificación de mandato, no solicitado por los ciudadanos, sino impulsado desde el gobierno, en torno al cual se hizo una gran campaña financiada con recursos públicos para posicionar el mensaje: “Que López Obrador siga”.

Diversos funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos estatales comenzaron una intensa campaña para promover la participación en las urnas en la consulta, manifestando apoyo al presidente, es decir, votando porque concluyera su mandato. Lo mismo hicieron una gran cantidad de diputados de Morena quienes incluso pidieron licencia de sus cargos para poder hacer campaña abiertamente en favor de López Obrador.

¿Qué buscaba el gobierno al promover esta consulta siendo que el presidente de México sigue gozando de una considerable popularidad? ¿Por qué promover con todo el aparato del Estado la participación en las urnas para preguntar si debía o no continuar con el mandato constitucional de gobernar durante un periodo de seis años?

La respuesta es que la supuesta consulta se trató de una estrategia de propaganda política con tres objetivos: incrementar la polarización de la sociedad para seguir manteniendo activa a la base electoral del presidente, suscitar un gran distractor para desviar la atención de los muchos y graves problemas que se viven en México, comenzando por la inseguridad, y para dejar un precedente de ampliación de mandato. Si hoy se puede organizar una consulta para decidir si el Presiente debe irse, mañana se podrá organizar otra para decidir si debe gobernar por más tiempo que por el que se le votó.

La postura de los partidos de oposición fue la de invitar a la sociedad a no participar en la consulta, para no entrar al juego del presidente, y no validar un ejercicio que en realidad nunca tuvo el propósito de valorar su permanencia en el poder sino la de reafirmarlo en el mismo y hacer campaña.

Diversas organizaciones y líderes sociales promovieron igualmente la idea de no participar en lo que calificaron como una “farsa propagandística” e invitaron a una abstención activa, consistente, entre otras cosas, en no participar en las urnas, pero sí como observadores en la consulta para dar a conocer las anomalías e irregularidades que pudieran presentarse durante este proceso.

Vale la pena destacar el papel de una organización de la sociedad, denominada FRENA, supuestamente opositora al presidente, que contrario al resto de la oposición promovió de forma intensa la participación en la consulta de revocación posicionando la idea de que era la gran oportunidad de terminar con el gobierno totalitario de López Obrador. Fue llamativa su agresividad, más que contra el gobierno y contra Morena, contra quienes invitaban a no votar en la consulta.

No es descartable que dicha organización haya jugado más bien del lado del oficialismo para intentar validar un ejercicio promovido desde el poder, al que había que dar un “barniz” de participación ciudadana para disimular un poco el grotesco acarreo a las urnas de los seguidores de Morena para lograr la “victoria” del presidente, en un ejercicio que no estaban en el interés de los mexicanos y que significó una millonaria inversión con recursos públicos para hacer campaña desde el poder en favor de López Obrador y de Morena en la antesala de procesos electorales que tendrán lugar en México en el año 2022, 2023 y por supuesto en las elecciones presidenciales del 2024.

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