Por Josetxo Martínez Itoiz @txomait

Técnico de Comunicación del Parlamento de Navarra

Llevamos ya unos cuantos años escuchando hablar de transparencia y gobierno abierto. Pero el problema surge cuando esa apuesta por la transparencia informativa se reduce a un eslogan y no llega a concretarse en una estrategia política y/o institucional, por mucho que se introduzca de manera reiterada en discursos y argumentarios como signo de legitimación.

Desinformar no es solo manipular, falsear o tergiversar. También es omitir o facilitar información insuficiente y superficial. Lo lógico sería esperar que las instituciones públicas no participen de esta práctica, pues entre sus obligaciones está la de generar un debate público informado, para lo cual resulta imprescindible dar información fiable, datos, propuestas e ideas que reflejen de manera fiel el debate político, legislativo o parlamentario.

Desde un entorno institucional, léase un Parlamento, el reto consiste en recabar la confianza de periodistas, medios de comunicación y grupos parlamentarios para, en un contexto de descrédito de las fuentes oficiales, hacer llegar de un modo fiable la actividad legislativa.

El desafío consiste en ganarse la presunción de veracidad derivada de la autoridad que confiere la condición de emisor, siempre que resultes honesto. Hacerse acreedor a la categoría de fuente primaria equivale a certidumbre. Eso pasa por trasladar información contrastada de la manera más rápida y eficiente, incluyendo un acceso fácil a los mecanismos de verificación, también a partir de datos y documentos originales (web oficial).

Hablamos de un servicio de comunicación institucional que para ser efectivo y eficiente necesita funcionar como un medio de comunicación público. La clave radica en utilizar la información que produce la actividad parlamentaria para noticiar, no para configurar la agenda o la opinión públicas, pues esas son metas que persiguen los medios convencionales, cada uno con su interés particular.

El trabajo consiste en elaborar una nota de prensa entendible y cercana al receptor, lo cual exige destreza en el manejo de la lengua para, de un modo minucioso, captar matices y significados. Se trata de diseccionar el texto, que lo mismo puede ser un discurso, una ley, una moción o una declaración política, para transformarlo y acomodarlo a un contexto común en el que resulte legible para el grueso de la ciudadanía.

A tal objeto, el periodista institucional ha de ser transparente, ha de pasar lo más desapercibido posible, pues debe ser capaz de trasladar el significado del texto evitando caer en la tentación de interpretarlo. No se trata de trasladar una versión o de inducir al receptor a unos determinados valores, sino de aclarar el mensaje hasta quedarnos con la idea esencial. En esa labor de enlace no hay que quitar ni agregar, se impone respetar el registro y la jerarquía de las ideas sin afán de persuadir ni convencer.

Instituciones, partidos, periodistas y medios estamos todos concernidos en la lucha contra la falta de transparencia y la desinformación. Estamos o deberíamos, porque hay ejemplos más que suficientes para pensar que en la disputa por el poder priman más los intereses que el intento de reflejar la realidad. Se llaman fake news.

En el periodismo público e institucional la transparencia pasa por vencer resistencias internas, por vencer el miedo a comunicar, a trasladar sin reparos las posiciones o propuestas de la administración (parlamentaria) y de sus formaciones políticas. En esa pelea contra la opacidad-superficialidad, en ocasiones parapeto de altos funcionarios superados por la inercia y el vértigo asociado a la independencia, hace falta oficio y personalidad.

Y en ese esfuerzo por explicar, por hacer inteligible el lenguaje político, es fundamental la predisposición del periodista. Sin su implicación resulta inútil cualquier impulso de la institución, por sincero que sea. Requiere de esfuerzo y compromiso o, dicho de otra forma, requiere de ética periodística. Tras una buena huella informativa hay un gran trabajo de evaluación, análisis, gestión documental y archivos. Y al final de todo, tras la noticia, está la rendición de cuentas. Porque un gabinete de comunicación público es un servicio al ciudadano, a los medios y a los grupos políticos y sociales.

¿Cómo se gestiona esa pluralidad de intereses, en apariencia conciliables y en la práctica ocasionalmente contrapuestos? Con profesionalidad, con rigor, con un modo de hacer sin aristas. Es la huella informativa, la misma que facilita el lanzamiento de la noticia en agencias y medios con los que resulta obligado un contacto franco y directo. Esa accesibilidad, esa disponibilidad es la que da también forma a la transparencia, a la lucha contra la desinformación.

Son las particularidades del periodismo institucional, que pese a su mala fama resulta compatible con la libertad de prensa, con el periodismo preciso, exigente y comprometido con la verdad.

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