Por Juan M. Zafra

En primera instancia resulta paradójico que el IV Congreso Internacional de Inteligencia tuviera en la transparencia y la colaboración dos de los ejes entorno a los que giraban los debates. Es el signo de los tiempos. La ciudadanía, inmersa ya en la sociedad de la Sociedad de la Información, está habituada a compartir, participar, desnudarse ante, para y por sus iguales, las empresas y las instituciones. Aportamos información las 24 horas del día, ofreciendo a otros la capacidad de procesarla y obtener de ella el dividendo que mejor se ajuste a sus intereses.

“La información es poder y en democracia hay que compartirlos. De otro modo, los ciudadanos desconfían y la democracia se debilita”, se escuchó en la mesa dedicada a Sociedad y Servicios de Inteligencia. Se trató de controles sobre los servicios de inteligencia de parte de la ciudadanía y de los órganos parlamentarios y de la Administración. Y se introdujeron aspectos relativos al buen gobierno en democracia que afectan directamente a la cotidianidad de los servicios de inteligencia: transparencia, acceso a la información pública y colaboración.

Joan Navarro, vicepresidente de Llorente & Cuenca y miembro del comité editorial de El Molinillo de ACOP, demandó a los servicios de inteligencia mayor información al Parlamento. No como mecanismo de control, si no de transparencia, que redundaría en beneficio de la ciudadanía -que podría llegar a conocer los análisis que los servicios proporcionan a las fuerzas parlamentarias- y de los propios servicios de inteligencia. “El cliente final de la comunidad de inteligencia es la sociedad; y si los servicios de inteligencia diesen cuenta de sus actuaciones al Parlamento, esto tendría el efecto de mejorar su percepción por parte de los ciudadano”, afirmó Navarro.

Para Luis Bitencourt, decano de Asuntos Académicos de la National Defense University de Washington, el problema radica en que “el ciudadano es, con frecuencia, ajeno al trabajo de los servicios de inteligencia”, lo que imposibilita las opciones de acceder a la información que obtienen, procesan y ponen a disposición de sólo unos pocos. La ley, recordaron en reiteradas ocasiones los participantes en el Congreso celebrado en Cádiz, es restrictiva en muchos aspectos, sobre todo, en lo que se refiere a la adecuación de los procedimientos de difusión de información al nuevo entorno social.

“En España estamos muy mal informados”, reconoció rotundo Andreu Missé, director de la revista Alternativas Económicas. “Necesitamos más información de la buena, elaborada y reflexionada y que los ciudadanos puedan tener acceso a ella”, reclamó en la sala a los representantes de los servicios, del gobierno y otros poderes con capacidad, estos si, de acceder a los valiosísimos análisis de carácter económico, político, tecnológico y de otra índole que pueden elaborar los servicios de inteligencia del Estado.

Era ese el lugar al que parecían querer llegar los organizadores del congreso al titularlo “Los Servicios de inteligencia y el bienestar de los ciudadanos: Administración, empresa y sociedad”. Recordaba Antonio Díaz, doctor de la Universidad de Cádiz y director del comité organizador, que “el redescubrimiento de los servicios de inteligencia por parte de los ciudadanos tras la caída del Muro, les mostró a unas agencias estatales centradas en combatir al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y el crimen organizado. Sin embargo, poca atención se ha prestado a su papel proactivo, a su labor de información, planificación y organización estratégica de los proyectos que cualquier gobierno ha de liderar para que su economía y su papel en el mundo generen una mejora en el bienestar de los ciudadanos”.

Conocemos el valor de la información y el poder que genera. Los nuevos tiempos demandan el desarrollo de un entorno en el que se comparta para extraer más valor del conocimiento y la inteligencia compartidas. “Hay que educar a la sociedad”, afirmó Bitencourt, “hay que definir claramente en una ley cuál es el mandato de la inteligencia y qué poderes de búsqueda tiene esta organización creada por el Estado”. Es también el tiempo de “ir a organizaciones menos burocráticas, más abiertas al conocimiento”, señaló Luis Herrera, vocal asesor del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para defender un impulso a la cultura de inteligencia, que aún no está instalada en los agentes sociales, de gobierno, parlamento y administración.

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