Miguel A. de Lucas @miguellucasp Asesor Jurídico de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Politólogo.

En los últimos tiempos se ha colado en nuestras vidas el termino blockchain, una nueva herramienta de interacción muy versátil, en permanente transformación y crecimiento, que pretende agilizar y optimizar nuestro día a día aportando grandes beneficios en diferentes ámbitos.

Conocida ya como uno de los elementos fundamentales llamados a protagonizar la cuarta revolución industrial, nos podemos referir a la tecnología blockchain o cadena de bloques, como una estructura de datos cuyos registros se almacenan en una red de nodos distribuidos que actúa sin necesidad de la intervención de terceros gracias al uso de algoritmos criptográficos. Una vez que los registros se incorporan a dicha estructura esto no pueden ser modificados ni eliminados, aportando, por tanto, seguridad al sistema.

Dada su utilidad y eficacia, se trata de una innovación tecnológica que ha introducido una enorme revolución con un importante impacto transformativo no solo en el ámbito económico sino también en otros muchos ámbitos, con un considerable efecto en otros sectores tecnológicos vinculados con la transformación digital.

Nacido a la sombra del bitcoin como instrumento para codificar la información relacionada con la moneda virtual, muy pronto se pusieron de manifiesto un gran número de aplicaciones en otros ámbitos distintos al de las operaciones financieras como pueden ser la gestión de seguros, las telecomunicaciones, la salud, el internet de las cosas, los registros públicos y privados, la justicia, la gestión pública y como no, el funcionamiento del Gobierno Abierto.

Esta tecnología en el desarrollo de la gestión pública logra un nuevo modelo de administración mucho más transparente, efectivo y participativo

Atendiendo a las propias características que presenta la tecnología blockchain y a la gran diversidad de aplicaciones que esta puede ofrecer, no resulta extraño el gran impacto que tendrá también en el sector público, en un futuro inmediato. En concreto, entre las principales aportaciones que podría hacer el uso de esta tecnología al desarrollo de la gestión pública se encuentra el lograr un nuevo modelo de administración mucho más transparente, efectivo y participativo que permita integrar e implicar al ciudadano en los procedimientos de toma de decisiones y de prestación de los servicios públicos.

Funcionamiento de la tecnología blockchain

La utilización de las aplicaciones blockchain permite lograr la agilización y automatización de las operaciones que, hasta este momento, requerían la intervención humana, proporcionando nuevos modelos de actuación que generan mejoras en los procesos internos de diferentes sectores que requieren una red de confianza.

Simplificando su funcionamiento, dentro de esta cadena de bloques podemos identificar tres componentes fundamentales: las operaciones que se llevan a cab­o, el registro de dichas operaciones y un sistema encargado de su verificación y almacenamiento en bloques. Cada uno de estos bloques se genera a través de un software que registra de manera cronológica la información relacionada con el cuándo y en qué secuencia se han realizado las operaciones.

De acuerdo con su naturaleza, son muchos los sectores en los que se pueden dar los indicadores descritos y, por tanto, en los que se puede aplicar la tecnología blockchain y este es, sin duda, uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los legisladores nacionales a la hora de proceder a su regulación.

En los procesos electorales blockchain ofrece las suficientes garantías de seguridad, inmutabilidad y transparencia.

Por ello, además de las cuestiones relacionadas con las criptomonedas y los smart contracts, la aplicación de esta nueva tecnología ofrece un gran potencial para transformar la Administración Pública permitiendo una gestión más eficaz y exitosa capaz de dotarla de nuevas funcionalidades mediante la activación de sistemas que ofrezcan mayores niveles de seguridad, automatización, colaboración, participación, trazabilidad y transparencia.

La tecnología blockchain y el Gobierno Abierto

Atendiendo a las propias características de la tecnología blockchain y a la gran diversidad de aplicaciones que puede ofrecer, no resulta extraño que el uso de esta herramienta tenga sus efectos positivos para su utilización en la implantación de un nuevo modelo abierto de gestión pública.

Especial relevancia adquieren las aportaciones de mejora que esta tecnología puede suponer en el diseño e implementación de un programa de Gobierno Abierto. Entendido este como un conjunto de actuaciones puestas en marcha por la Administración tendentes a potenciar la colaboración de los ciudadanos en una mejor prestación de los servicios públicos, con un modelo de gestión que apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los asuntos públicos.

En Estonia los sistemas de información digital público y privado están conectados y funcionan en armonía

Esta nueva realidad requiere un análisis sistemático y actualizado de las principales cuestiones que se dan en el contexto de esta tecnología que está llamada a convertirse en un elemento central para aplicar un nuevo modelo de gobernanza.

El blockchain como tal no puede ser regulada ya que solo se pueden regular aquellas actividades que se sirven de ella. Asimismo, la falta de consolidación de las iniciativas basadas en ella hace que todavía no contemos con una regulación específica de las actividades que se fundamentan en esta herramienta en los distintos ámbitos de aplicación.

En todo caso, a la hora de lograr una adecuada aplicación del blockchain en el ámbito de un proyecto de Gobierno Abierto se requerirá un sistema que permita construir un modelo de gestión pública que garantice los siguientes aspectos:

Transparencia: el principio de transparencia es uno de los pilares estratégicos en torno al cual se configura un modelo de Gobierno Abierto. La transparencia está directamente relacionada con el deber de los poderes públicos de poner a disposición de los ciudadanos la información y los datos relacionados con su gestión.

En este sentido, hay que destacar el interés de los legisladores nacionales por incrementar los niveles de transparencia en la actividad pública, incorporando a su marco jurídico nacional una legislación adecuada en materia de transparencia y buen gobierno como ejes fundamentales de toda acción política para mejorar la reputación y credibilidad de la Administración.

La tecnología blockchain permite brindar a todas las operaciones un adecuado sistema de registro que facilita su consulta y su seguimiento a través de la red, favoreciendo un cambio en el ejercicio de la práctica institucional que promueva la aplicación de un sistema efectivo de controles y equilibrios fundamentados en la mayor información facilitada por la Administración Pública. A través de dichos registros, se creará una identidad digital propia de cada elemento u operación que permitirá conocer su historia y realizar su seguimiento en función de los niveles de transparencia que se establezcan y los permisos que se otorguen.

Participación: la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos debe ir más allá del ejercicio del derecho al voto cada cuatro años, configurándose un sistema de democracia donde se establezcan espacios participativos y colaborativos. A través de un sistema de acceso sencillo y libre a la información de gobierno se podrá impulsar la participación de los ciudadanos como elemento clave de este modelo de gobernanza basado en la democratización de la información.

El uso del blockchain permitirá aportar modelos innovadores de intercambio de información pública a través de mecanismos que hagan que esta esté disponible en formatos abiertos y accesibles con el fin de incrementar la participación ciudadana.

Precisamente uno de los ámbitos en los que puede desarrollar su efectividad el blockchain es en el ámbito de los procesos electorales mediante el diseño de una metodología electoral automatizada que ofrezca las suficientes garantías de seguridad, inmutabilidad y transparencia que permita a los electores emitir su voto reduciendo costes e incrementando las garantías de fiabilidad.

A diferencia de lo que ocurre con los procesos electorales con votación electrónica que presentan grandes riesgos de vulnerabilidad que afectan a los derechos de seguridad, de privacidad, o de protección de datos, con este procedimiento innovador basado en blockchain, el sufragio de los ciudadanos no se encontrará incorporado en un archivo concreto susceptible de ser intervenido y manipulado, sino que el voto se encontrará replicado en una multitud de nodos que se encargarán de su verificación y validación proporcionando amplias garantías de seguridad y transparencia.

Trazabilidad: directamente relacionado con el principio de transparencia y rendición de cuentas en la Administración, el blockchain permitirá garantizar que la información facilitada no ha sido modificada, que no se ha eliminado ningún documento y que las distintas fases de un procedimiento se han desarrollado correctamente, facilitando, a través de este encadenamiento, mayor control y transparencia en los procesos de gestión.

Seguridad: este nuevo modelo de gestión burocrática ofrece mayores garantías de seguridad ya que asegura que la información incorporada a los registros no haya sido alterada, otorgando integridad a los datos y confianza a las partes al estar distribuida en multitud de nodos. Este sistema con todas las garantías de seguridad se fundamenta en el uso de algoritmos criptográficos y en la descentralización que ofrece el uso del blockchain.

Aplicaciones prácticas del blockchain en el Sector Público

Resulta evidente que cada vez son más los avances que se dan en torno a la aplicación de la tecnología blockchain y más las nuevas oportunidades que genera en el ámbito del sector público.

El diseño de una estrategia digital fundamentada en blockchain que permita adoptar de manera sostenible en el tiempo la gestión pública resulta fundamental para lograr un programa de transformación que facilite la identificación de los retos inmediatos en este sector y lograr una mayor eficacia, eficiencia y agilidad de las instituciones. Todo ello, con el fin de poder crear las estructuras y funciones necesarias para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en una nueva fase de la gestión pública después de la implantación de la administración electrónica.

Blockchain permite agilizar y automatizar determinadas operaciones que requerían la intervención humana

En la actualidad, existen a nivel mundial diferentes proyectos desarrollados por distintas administraciones públicas para poner en marcha el uso blockchain en la gestión pública.

Entre los países pioneros en la puesta en práctica de la tecnología blockchain destaca, por encima de todos, Estonia que tal y como resalta en su página web institucional, desde 2008 su administración está poniendo en práctica un programa de servicios públicos digitalizados a través de un ecosistema eficiente, seguro y transparente a los que acceden los ciudadanos que disponen de identidades digitales seguras y que la convierte en la sociedad digital más avanzada del mundo.

El e-Estonia es un proyecto de acción de gobierno que pretende acercar y facilitar la relación entre el ciudadano y el Estado a través de una administración pública t­otalmente digitalizada que carece de registros en papel y que simplifica a través de su portal gubernamental, la gestión pública mejorando claramente la calidad de los servicios públicos.

Nacimientos, historiales médicos, pago de impuestos, registro de empresa, el voto en las elecciones, renovación de cédulas de identidad o permisos de conducir, todo ello se gestiona a través de un proceso digital en el que los ciudadanos son los únicos propietarios de sus datos, todas las operaciones dejan un rastro digital y en el que todo acceso indebido lleva aparejado su correspondiente responsabilidad.

La nueva generación de gobernantes deberá estar preparada para aprovechar el potencial que ofrece esta tecnología

Para ello, utiliza el protocolo X-Road. Este protocolo permite que los distintos sistemas de información digital tanto del sector público como del privado de la nación estén conectados y funcionen en armonía. Puede operar en múltiples sistemas de información, transmitir gran cantidad de datos de diversa naturaleza y realizar búsquedas en varios sistemas de información de manera simultánea, lo que, en definitiva, garantiza la independencia de la plataforma y de su estructura, gran disponibilidad de servicios a través de protocolos con estándares internacionales y, sobre todo, seguridad en las operaciones.

En definitiva, la apuesta de Estonia por la sociedad digital, que le ha llevado a c­onsiderar la conexión a internet como un “derecho humano básico”, le otorga en la actualidad los más altos niveles de sociedad digital y de gobierno abierto. Un país que en el momento de su independencia de la URRS en 1991 no disponía ni de un registro de sus ciudadanos se ha convertido en poco tiempo en un estado con un sistema digital seguro y eficiente que permite realizar a través de la red, salvo, como reza su página web, matrimonios, divorcios y determinadas transacciones inmobiliarias, todo tipo de servicios para el ciudadano.

Tras el ciberataque sufrido en 2007 la seguridad se convirtió en uno de los asuntos de máxima prioridad para el gobierno estonio lo que le ha llevado a establecer para garantizar su seguridad y proteger los servicios de su gobierno electrónico, la primera embajada digital destinada a albergar una copia de seguridad de sus datos más relevantes y que se encuentra en Luxemburgo. Ampliando el concepto tradicional de las embajadas físicas y, por tanto, como territorio nacional del país que dispone de la misma protección e inmunidad que aquellas, en ella se almacenarán los datos más relevantes y críticos de la administración estonia que garantice su seguridad en caso de un ataque bélico, un ciberataque, un desastre natural o cualquier otra situación de crisis.

Conclusiones

La transformación digital a la que estamos asistiendo no solo de la mano de la tecnología blockchain sino también de la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el big data o las smart cities ha generado un gran interés en cuanto a la utilización que puede hacerse de esta tecnología en distintos sectores.

La utilización de las aplicaciones blockchain permite lograr la agilización y automatización de determinadas operaciones que, hasta este momento, requerían la intervención humana, proporcionando nuevos modelos de actuación que permitan generar mejoras en los procesos internos de diferentes sectores.

En el ámbito de la gestión de gobierno, aunque en los últimos años se han obtenido relevantes avances con la aplicación de las nuevas tecnologías, todavía no se ha conseguido implantar un sistema que ofrezca total seguridad, integridad y transparencia en el desarrollo de la labor de gobernanza y de prestación de servicios públicos.

Los avances experimentados en la utilización de la tecnología block­chain la convierten en la herramienta ideal para fortalecer la eficiencia de los procesos operativos en la gestión pública, aumentando las oportunidades para el desarrollo de la acción de gobierno de manera verificada y segura. Se trata de un sistema que permitirá desarrollar la acción de gobierno a partir del uso de bases de datos de naturaleza colaborativa y fiable, que faciliten la realización de interacciones seguras entre la administración y el ciudadano sin la participación de intermediarios.

Con toda seguridad que, en los próximos años, asistiremos a la aparición de toda clase de aplicaciones relacionadas con el uso de esta tecnología que aprovecharán todo su potencial para optimizar y automatizar su implementación en el ámbito del desarrollo de las acciones de gobierno. Y es que nos encontramos ante una tecnología tan versátil que, sin duda en un futuro próximo, se verá aplicada en un gran número de actividades, tal y como se está produciendo en Estonia.

Esta evolución del escenario en el que se desarrollará la acción de gobierno representará un cambio de paradigma en la Administración, exigiendo, por tanto, la aparición de una nueva generación de gobernantes que deberán estar preparados para aprovechar todo el potencial que ofrece esta tecnología, lo que implicará nuevas exigencias formativas y una mayor capacidad de adaptación para hacer frente a esta transformación en el modelo de gestión pública. Los primeros en entender, definir y desarrollar acciones de gobierno basadas en estas nuevas técnicas serán los gobernantes encargados de liderar esta revolución tecnológica.

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