Por Susana Moreno, @susamoreno Dra. Profesora en la UCJC

Que abran paso los gobiernos del mundo con tareas pendientes sobre la igualdad en sus sociedades: una nueva primera ministra está llamando a la puerta. Y lo hace con una fórmula definitiva para cerrar la brecha salarial. La rojiverde Katrin Jakobsdóttir quiere convertir a Islandia en el país más igualitario del mundo. Y para ello cuenta con una profunda convicción, voluntad política y herramientas tan poderosas como el presupuesto y la legislación.

El ariete de su flamante mandato ha sido la puesta en marcha de una ley que prohíbe que los hombres puedan cobrar más que las mujeres en trabajos de la misma responsabilidad y categoría. Esta norma, pionera en el mundo, elimina la discriminación no solo por razón de género sino también de etnia, nacionalidad o sexualidad, y afecta a 1.200 organismos públicos y compañías privadas de más de 25 empleados, que deberán enfrentarse a sanciones económicas si no se ajustan a la paridad salarial. El 80 % de la fuerza laboral islandesa -unos 150.000 trabajadores- se verá beneficiado por esta rotunda iniciativa que supone un coste para las empresas de entre el 0,1 % y el 0,3 %. El impacto de la medida desbarata la tibieza de leyes anteriores en las que se contemplaba la igualdad salarial, pero al tiempo se desatendía la realidad del país nórdico donde las mujeres cobran una media del 17,5 % menos que los hombres.

Con iniciativas como la de Jakobsdóttir, Islandia se mantiene por noveno año consecutivo a la cabeza de los países más igualitarios del planeta, según el Informe Global de la Brecha de Género que elabora el Foro Económzundial. Pero para la primera ministra éste es solo el inicio de un largo camino plagado de tantos logros pasados como retos futuros, en pos de la igualdad. La propia Jakobsdóttir ya manifestó en su toma de posesión que convertirse en la segunda mujer que encabeza el gobierno islandés en toda su historia no es algo de lo que presumir, sino una absoluta falta de equidad ya que ella debería haber sido, según sus palabras, al menos la decimoquinta. “Para rectificar esta injusticia tendría que haber otras quince primeras ministras después de mí”, manifestó.

Antes de que esta política ecologista, pacifista y feminista de 42 años ostentase la jefatura del gobierno islandés, otra mujer, Jóhanna Siguroardóttir lo logró en el año 2009. Estaba casada con otra mujer, tenía dos hijos, y fue la primera jefa de gobierno del mundo perteneciente al colectivo LGTB+. Asumió un mandato provisional para suceder al dimitido Geir Haarde, que se mantuvo hasta las elecciones de 2013.
Ambas han seguido los pasos de Vigdis Finnbogadottir, una madre soltera que fue elegida presidenta de Islandia en 1980, cuando las jefas de Estado designadas por las urnas eran una curiosa excepción. La BBC cuenta en un artículo que los islandeses estaban tan acostumbrados a ver a esta exprofesora como mandataria, que cuando se anunció por televisión que Ronald Reagan ocuparía la Casa Blanca, un niño le dijo a su madre: “Ese señor no puede ser el presidente, ¡es un hombre!”.

Pero no solo Islandia ha demostrado ser una nación pionera por ser el primer gobierno en tener a una lesbiana a su frente en 2009, y ahora a una ecologista. También demuestra ser un ejemplo mundial al tratarse del único país donde se ha juzgado a sus políticos por la crisis financiera de 2008 y en el que sus ciudadanos se han negado a cargar con las deudas de los bancos. Estas valientes decisiones están respaldadas por un activismo femenino que se remonta a 1850 cuando esta pequeña isla fulminó el sistema de los derechos de herencia y los convirtió en igualitarios para hombres y mujeres.

La carrera por la igualdad superó otra meta en 1915 cuando las mujeres pudieron votar, cinco años antes que en los Estados Unidos, y volvió a escribir otro hito en la historia cuando las islandesas dejaron sus puestos de trabajo en octubre de 2017 para exigir la eliminación de la brecha salarial. Estas tímidas conquistas sociales han conseguido presionar a los gobiernos y han convertido a Islandia en el único país que ha revertido el 70 por ciento de sus diferencias de género.

La popularidad de la primera ministra comenzó a germinar en 2009 cuando ocupó el Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, hasta el año 2013. Desde esa atalaya, Katrin Jakobsdóttir aumentó el presupuesto para convertir cualquier manifestación artística en una oportunidad de empleo y de creación de riqueza. Gracias a aquella medida, Islandia es unos de los países que mayor número de ilustradores aporta al mercado de los videojuegos, y más escritores al mercado literario. Además, un 80 % de los jóvenes de esta pequeña isla norteña estudian solfeo y tocan un instrumento. A día de hoy, la cultura es la principal fuente de ingresos del país, solo por detrás de la exportación de bacalao.

EL PROGRAMA DE KATRIN JAKOBSDÓTTIR

Jakobsdóttir se convirtió en la primera ministra de Islandia -y en la líder europea más joven- el pasado mes de octubre tras unas elecciones anticipadas y una coalición con el conservador Partido de la Independencia que no se había visto desde después de la II Guerra Mundial. Ese acuerdo de gobierno también ha incluido al Partido Progresista (centro), en un tripartito donde, a priori, no hay sintonía ideológica. Una de las piedras de choque más evidente está en la fiscalidad, ya que los rojiverdes liderados por la primera ministra pretenden aumentar los impuestos a los más ricos mientras que sus socios de la derecha propugnan lo contrario.

Con todo, Jakobsdóttir rehúye de la confrontación y busca el consenso. Así, ha cedido al Partido de la Independencia las carteras de Economía; Pesca, Agricultura e Industria; Innovación y Turismo, y Exteriores. A sus socios de gobierno del Partido Progresista les ha adjudicado Transporte y Gobierno Local, y Educación y Bienestar Social. Los ministerios de Sanidad y Medio Ambiente se quedan en manos de los rojiverdes, en un parlamento de 63 escaños donde el gobierno está muy fragmentado: 16 escaños son del Partido de la Independencia, once rojiverdes y ocho progresistas.

Este panorama no va a facilitar el cumplimiento del programa electoral de la primera ministra islandesa que, si bien está sobre todo respaldado por los votantes de 18 a 29 años y por las mujeres, contiene puntos tan polémicos como la nacionalización de sectores tan estratégicos como el de la electricidad o la industria pesquera. También pretende redactar una nueva Constitución cuya base sea la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la que se incluyan las propuestas que ya hicieron los ciudadanos en el año 2010 y que cayeron en saco roto cuando el anterior gobierno las consideró demasiado “radicales”. Ahora se ha propuesto volver a recoger esas sugerencias que los islandeses pueden enviar incluso a través de las redes sociales.

Otras promesas electorales que Ja­kobsdóttir está decidida a cumplir a pesar de sus socios de gobierno pasan por el desarrollo de las áreas rurales del país, el control del turismo (este país tiene 330.000 habitantes y en 2017 recibió 1,7 millones de turistas), el acogimiento de un mayor número de refugiados, aumentar el gasto público en educación, transporte y salud, e ir más allá de los Acuerdos de París reduciendo la huella ecológica con cero emisiones de carbono en el año 2040. Además, es contraria a la pertenencia de Islandia a la OTAN, lo que choca frontalmente con sus nuevos socios del tripartito.

En materia de igualdad, el partido rojiverde insistirá en una mayor participación de las mujeres en el parlamento -en la actualidad ellas suponen el 48 % de los representantes electos- y en la educación en igualdad con el refuerzo de medidas como las licencias compartidas de paternidad y la eliminación de la brecha salarial.

En su afán por defender los derechos humanos, el parlamento islandés acaba de chocar con la iglesia judía y musulmana. Plantean convertirse en el primer país de Europa que prohíba la circuncisión, salvo por motivos de salud. El proyecto de ley compara esta práctica con la mutilación genital femenina y propone penas de hasta seis años de prisión para quien la practique, si no es por razones médicas. El gobierno de Jakobsdóttir considera que los derechos del niño están por encima de las creencias religiosas de sus padres, y que se debería llevar a cabo la circuncisión cuando el propio individuo tenga edad para decidirlo. La promotora de esta iniciativa, Silja Dögg Gunnarsdóttir, del Partido Progresista, subraya además el peligro de este procedimiento que se lleva a cabo en hogares “que no son estériles, y por parte de líderes religiosos que no son médicos”.

Las comunidades judías y musulmanas consideran que se está pisoteando su libertad religiosa y que si finalmente se prohíbe la circuncisión en Islandia, esta práctica pasará a la clandestinidad o las minorías religiosas viajarán a países donde sí esté permitido. El presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor afirma que este intento de erradicar la circuncisión procede de la ignorancia y que en realidad se trata “de enviar un mensaje de que los judíos ya no son bienvenidos en Islandia”.

La circuncisión ha sido motivo de acalorados debates en otros países europeos. En 2012 Alemania determinó que esta práctica solo podría llevarse a cabo por parte de profesionales de la medicina o expertos capacitados, mientras que los médicos en Dinamarca consideraron en 2016 que las circuncisiones eran “éticamente inaceptables” cuando se realizaban en niños por debajo de la mayoría de edad.

Frente a esta postura, la Academia Estadounidense de Pediatría concluyó en 2012 que la circuncisión masculina en el recién nacido previene enfermedades como herpes genital o cáncer, de manera que la decisión final debe dejarse a los padres y su contexto social o religioso.

ISLANDIA EN FEMENINO

En el país de las auroras boreales la baja después del nacimiento de un hijo es de nueve meses. Pero, contrariamente a países como España donde es la madre la que asume el cuidado de los hijos, en Islandia padre y madre han de acogerse de manera obligatoria a una baja de tres meses cada uno. Los tres meses restantes se negociarán entre ellos. De este modo no solo se obliga a los hombres a compartir el cuidado de sus retoños sino que elimina la discriminación en las empresas a la hora de contratar a mujeres en edad fértil, porque ellas no asumen toda la baja por maternidad.

Detrás de medidas como esta hay una larga historia de lucha reivindicativa ganada a pulso por las islandesas.

Antes del advenimiento del cristianismo en el año 1000, las mujeres en Islandia eran comerciantes, médicas, diosas o sacerdotisas, que disfrutaban del respeto en la sociedad. Después, dioses y diosas fueron reemplazados por un solo Dios, y las mujeres ya no tenían derecho a votar ni a formar parte del parlamento más antiguo del mundo, que data del año 930. Pero, lejos de conformarse con este cambio de estatus, las islandesas comenzaron una lucha que tuvo su primera victoria en 1914 cuando consiguieron el derecho legal a ser sacerdotisas protestantes, aunque este logro no sería real hasta 1974. Ya en 2012 Islandia tuvo a su primera mujer obispo.

En clave política, las primeras mujeres que lograron ser elegidas para el parlamento en 1922 no formaban parte de partidos políticos tradicionales sino de listas de mujeres que, años más tarde, se agruparían en la Alianza de Mujeres, con gran fuerza en la participación política del país. Desde esta plataforma las féminas reclamaban guarderías para niños que les permitiera a ellas adentrarse en el mercado laboral en condiciones de igualdad con los hombres. Esta lucha política contó con un fuerte respaldo social que logró paralizar el país el 24 de octubre de 1975 cuando el 90 % de la población femenina dejó sus puestos de trabajo y sus hogares para echarse a la calle en los que se conoce como el “día libre” de las mujeres. Esa manifestación provocó el cierre de comercios, bancos, oficinas y fábricas y logró que el parlamento aprobase la Gender Equality Act un año después, por la cual se consideró ilegal la discriminación de género en el trabajo y en la escuela.

Pero aún quedaba mucho camino por recorrer en pos de la igualdad salarial, tal y como se puso de manifiesto en las huelgas de 1985, 2005 y 2010 y en un grupo de Facebook irónicamente denominado “Consejos de belleza” en el que se sigue debatiendo sobre cuestiones de género.
Paralelamente y desde el flanco de la educación se han desarrollado programas educativos tan arriesgados como polémicos. El método Hjalli, de la educadora feminista Margret Pala, se asienta en la separación de los alumnos por sexos, la prohibición de utilizar libros de texto y juguetes convencionales y la obligatoriedad de ir al colegio con uniforme. Esta fórmula encontró un buen numero de detractores en los años 80 que se preguntaban por qué segregar a los niños en la escuela cuando en el mundo real conviven juntos, pero hoy en día se aplica en una treintena de escuelas primarias y guarderías y ha sido premiado en multitud de ocasiones. La teoría de Pala es que los niños y niñas se comportan de manera distinta porque atienden a unos roles de su sexo que la sociedad les ha asignado desde la más tierna infancia. Y con la separación en el aula se consigue que las niñas sean más atrevidas e independientes (roles adjudicados a sus compañeros) mientras que ellos aprenden a cuidar de los demás o a llevar ropa de color rosa. “Así, unos y otras obtienen una educación que les compense de lo que no tienen y el otro sexo sí”, explica la ideóloga del método educativo. Cada día se asigna un tiempo para que niños y niñas convivan juntos y se relacionen sin que los pedagogos intervengan en los conflictos de género para que sean los alumnos los que lo solucionen por ellos mismos.

Con medidas adoptadas desde todos los sectores de la sociedad, Islandia va en la buena dirección, según su primera ministra, “pero todavía hay que trabajar mucho para llegar a una igualdad de género perfecta”. Luchar contra la violencia de género y la discriminación será una prioridad del gobierno de Jakobsdóttir, empezando por los partidos políticos y las instituciones de Gobierno.

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